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Por el calibre del fallo que emitió la jueza penal 44 de Bogotá, la Comisión Nacional de Género y No Discriminación de la Rama Judicial y los jueces penales de Bogotá pidieron garantías y protección para ella. Sandra Liliana Heredia Aranda es la mujer que el gremio pide proteger y la que resolvió, en primera instancia, que Álvaro Uribe Vélez es culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Lo hizo a través de un fallo, que aseguró tiene más de 1.000 páginas, y en las que dejó escritas varias consideraciones contundentes sobre la participación del expresidente como determinador de una red ilegal de manipulación de testigos por las que, dice, debe pagar una pena privativa de la libertad.
Durante la audiencia, la jueza Heredia empezó a leer el fallo abordando los cuestionamientos de la defensa de Uribe a algunas de las pruebas que hicieron parte del expediente. Concretamente a dos: las interceptaciones hechas por error a la línea telefónica del expresidente y el reloj espía con el que Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave de la Fiscalía, grabó reuniones dentro de la cárcel La Picota, que daban cuenta de las presiones para que hablara a fin de limpiar el nombre del exmandatario.
Pese a los cuestionamientos de Uribe y sus abogados sobre esas pruebas fundamentales para el expediente, la togada las validó, argumentando que no se recopilaron de mala fe y que no tenerlas en cuenta “abriría un margen para debilitar la justicia”.
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Luego se refirió a los testigos y se centró en dos de ellos: Juan Guillermo Monsalve y su esposa, Deyanira Gómez. “Todas las pruebas reunidas permiten concluir que el testigo no está faltando a la verdad, y que se ha querido confundir a la administración de justicia respecto al objeto de la investigación, que es determinar la responsabilidad del procesado”, dijo la togada sobre Monsalve.
Sobre Gómez resaltó que, a pesar de que en los últimos siete años ha estado a merced de los vaivenes de la justicia y de la exposición de su vida personal, “siguió firme” en lo declarado. De ambas versiones agregó que “se puede corroborar que sí hubo maniobras tendientes a su retractación”, por parte de Uribe Vélez y sus emisarios.
Para lograr ese cometido ilegal, explicó la jueza, hubo una persona crucial: el abogado Diego Cadena, conocido también como el “aboganster”. Las pruebas y los testimonios rendidos durante el juicio demostraron que este hombre intentó, a como diera lugar, hacer contacto con Uribe Vélez para ayudarle a defenderse de los señalamientos que lo relacionaban con paramilitares y hacerse a un mejor lugar en los círculos de juristas.
Una jugada que, según el concepto de la propia jueza, le salió mal y lo tiene ahora ad portas de ser condenado por sobornar a testigos. “Entre Cadena Ramírez y Uribe Vélez hubo una relación de subordinación, aunque ella no sea aceptada por la defensa”, dijo Heredia.
“Con sus carencias intelectuales, se le presentó a Diego Javier Cadena Ramírez la expectativa de tener la oportunidad de escalar a una posición de poder y prestigio profesional, frente al hombre más poderoso del país, lo que de entrada generó un vínculo de asimetría, marcada por una clara desigualdad jerárquica, en la que el subordinado debía acatar sin objeción en las directrices de su superior, haciéndolo presa fácil de cumplir, sin importar las consecuencias que los designios del aquí procesado podrían generar, acudiendo a cualquier estrategia dentro o fuera del margen legal, que le garantizara poder seguir presentándose con el gran calificativo de ser el abogado de Uribe”, agregó la jueza Heredia sobre las gestiones de Cadena, conocidas por el expresidente.
Para Uribe fue perfecta la disposición de Cadena. Le dejaba ofrecer plata y beneficios jurídicos a presos en Colombia y Estados Unidos, al tiempo que coordinaba tras bambalinas un plan que monitoreaba a diario y del cual siempre le dijo a la justicia que no tenía conocimiento, que solo procuró que se dijera la verdad.
La jueza no creyó ese argumento y fue contundente: “Salta a la luz como, con el eslogan de verificar y decir siempre la verdad se ha instrumentalizado la franqueza para legitimar lo falso, lo oscuro, lo que no es objeto de prueba; pero que se intranquilizaba el aquí acusado, haciendo de ese discurso la carta de batalla en contra de todos sus adversarios partidistas, ideológicos, académicos, institucionales o cualquiera que representara antagonismo para su proyecto político”.
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Para Heredia, era imposible que Uribe no supiera nada, no solo porque las interceptaciones a sus comunicaciones dejaron claro que recibía a diario un resumen de las andanzas de Cadena, sino por un rasgo propio de su personalidad. “Resulta incompatible con la lógica del caso que una persona que se ha caracterizado por ejercer control férreo sobre cada órbita de su vida personal y judicial, que como ya se reiteró, recibía un reporte periódico sobre los asuntos que concernían, no solo a Cadena, sino a todos con quienes se relacionaba, pretenda ahora ampararse en la figura de la ignorancia deliberada, cuando sus características de personalidad excluyen la posibilidad de un desconocimiento real”. La jueza fue todavía más vehemente y expresó que Uribe “toleró o promovió las actuaciones ilegales de Cadena”, pero que, ante el público, trató de disimular bajo la sombra de la “omisión consciente”.
En la misma línea de mantenerse él mismo al margen de cuestionamientos y suspicacias, así como a sus abogados de confianza —Jaime Granados y Jaime Lombana—, para Heredia, Uribe fue el determinador que usó a Cadena para que fuera a las cárceles y ofreciera dádivas a cambio de hablar bien del expresidente y en contra del senador Iván Cepeda.
“No cabe duda de que el procesado conocía lo ilícito de su proceder. No de otra manera puede explicarse que no lo hiciera directamente o a través de sus juristas, con los que siempre había contado, quienes, valga resaltarlo, llevan el conocimiento de los asuntos más delicados de su vida. Pese a ello, optó por inducir a un abogado emergente, carente de las actitudes que se esperan de un litigante de prestigio y ansioso de reconocimiento profesional”, argumentó la jueza.
En cinco de los seis hechos en los cuales la Fiscalía condensó la investigación, se demostró la dinámica criminal del expresidente: los ofrecimientos del abogado Cadena al testigo Monsalve, las presiones que ejerció Carlos López, alias “Caliche”, al mismo testigo; los sobornos incumplidos a Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, y otros exparamilitares; las cartas falsas de los presos de la cárcel de Cómbita y de Juan Carlos el “Tuso” Sierra, dirigidas a altas instancias judiciales.
“Queda claro también que afectó gravemente el bien jurídico de la administración de justicia, el bien protegido tanto por el delito de soborno en la actuación penal como por fraude procesal y, como ya se ha resaltado, el mismo no se ejerció contra cualquier juez, sino que fue directamente contra la Corte Suprema de Justicia”. Pero siempre haciéndose pasar por víctima.
“Se ha evidenciado que aquel que se presentó como víctima de un elaborado complot, presuntamente orquestado por Iván Cepeda Castro, Juan Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra, Carlos Enrique Vélez, Iván Velázquez, Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo, José Luis Barceló, César Augusto Reyes y Piedad Córdoba, a través de la manipulación de testigos, ofrecimientos indebidos y construcción de relatos falsos, en un giro probatorio terminó develando el verdadero arquitecto de esa misma estrategia que se denunció, una maniobra que, a la inversa, atribuyó a sus contradictores cuando él mismo la ejecutaba desde las sombras en una suerte de espejo distorsionado, donde el victimario se disfrazaba de víctima”, dijo la jueza.
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El único hecho en el cual Uribe fue absuelto por duda razonable —es decir, porque no hubo pruebas para definir su culpabilidad o inocencia— fue el de las declaraciones de la exfiscal Hilda Niño, condenada en 2020 por recibir sobornos para favorecer a narcotraficantes a los que investigaba. La teoría del caso decía que la exfuncionaria habría pedido beneficios penales, como un traslado de su centro de detención, a cambio de hablar a favor de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.
La jueza indicó que todo apunta a que en ese episodio no fue Uribe el determinador de los sobornos, sino Niño la que le buscó el lado al expresidente. Por eso, la exfuncionaria también se llevó uno de los dardos que lanzó Heredia en su fallo.
Calificó como inaceptable que “quien otrora representó la administración de justicia, ocupando unos de los cargos más dignos y con mayor vocación al servicio público, al verse vinculada a un proceso penal, haya abandonado su obligación de fidelidad a la institución que le amparó, para acto seguido adherirse a un plan criminal que contradice de forma palmaria todo lo que alguna vez defendió”.
Y agregó que la inclusión de ella en “la larga lista de testigos privados de la libertad que desfilaron en favor del acusado, replicando el tan desgastado discurso que ‘yo me enteré del llamado de Uribe Vélez por redes sociales’, es el sello de ilicitud que se estampa en este episodio, que como ya se acotó, precisa la mayor censura posible por atentar contra la vigencia del ordenamiento legal, la seguridad jurídica, y la confianza de las instituciones”.
Al final, con Uribe Vélez declarado culpable, una apelación por parte de la defensa asomándose por el camino y el monto de la condena que se conocerá el próximo primero de agosto a partir de las dos de la tarde, la jueza Heredia le dio una última lección al expresidente sobre lo que hizo con todo el poder que representa.
“En su condición de máxima autoridad, que tuvo el honor de regir los destinos de nuestro país, incurrió en estos comportamientos y, de esa manera, ha mandado también un mensaje a la sociedad muy negativo para las futuras generaciones que ven en estas conductas el comportamiento de una persona, de los connotables (sic) cargos a los cuales ha accedido. Pues también repítase, no es un buen ejemplo”, concluyó la jueza.
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Por Gustavo Montes Arias
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