Un país de chuzadas y espionaje

El espionaje no es un fenómeno nuevo ni propio de Colombia. En el mundo, buena parte de estas organizaciones han quedado en evidencia tras investigaciones periodísticas que han desenmascarado sus operaciones ilegales. Las revelaciones del exagente Edward Snowden pusieron en aprietos al gobierno de Barack Obama por cuenta de las maniobras ilícitas de agentes encubiertos de Estados Unidos en países estratégicos para Washington. Obama se vio obligado a declarar en junio de 2013: “No se puede tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad”.

Las excusas sobre este tipo de prácticas han venido perfeccionándose desde tiempos inmemoriales. De allí que el investigador Robert Kaplan señalara en su libro La anarquía que viene: “Ya desde los antiguos adivinos del oráculo de Delfos han existido agencias de espionaje. El espionaje es tan antiguo como la propia guerra. Moisés mandó espías a la tierra de Canaán”. En Estados Unidos, con el caso Watergate, que cobró la cabeza del presidente Richard Nixon, o la Operación Cóndor, que ese país patrocinó en América Latina en los 70 como una estrategia de contrainsurgencia en plena Guerra Fría, fueron documentadas las prácticas ilegales de sus agentes.

Pero, una vez descubiertos, los organismos de inteligencia han buscado estrategias para evadir responsabilidades. La investigadora Patrice McSherry encontró un documento de junio de 1948 del Consejo de Seguridad de Estados Unidos en donde se evidencia la guerra encubierta: “(Se autorizó) un vasto programa clandestino de propaganda, guerra económica, acciones directas preventivas, incluidas acciones de sabotaje, antisabotaje, demolición y medidas de evacuación (a ser realizado de manera tal que) cualquier responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos por ellas no sea evidente para personas no autorizadas y que, en caso de ser descubiertas, el gobierno de Estados Unidos pudiese negar en forma plausible toda responsabilidad”.

En Colombia, a pesar de que en las últimas décadas han sido constantes los escándalos de espionaje a defensores de derechos humanos, altos dignatarios de la izquierda democrática, congresistas, magistrados y otro largo etcétera de víctimas, apenas en junio de 2012 el Congreso promulgó la llamada Ley de Inteligencia, cuyo fin era ponerles límites a unas agencias que siempre se movieron en las zonas grises de la ley. Dicha norma se promovió después del escándalo protagonizado por agentes del DAS entre 2003 y 2009, en hechos en los que terminó confesando la plana mayor de la policía secreta.

También por denuncias de Semana, a principios de 2009 el país conoció que el DAS no sólo había perseguido y desacreditado a defensores de derechos humanos, ONG, periodistas y sindicalistas, sino que había infiltrado la Corte Suprema, grabado sesiones reservadas y fotocopiado expedientes de la parapolítica de aliados del gobierno Uribe que terminaron presos, e incluso trascendió el llamado Plan Escalera, cuyo objetivo era espiar a los magistrados de la Corte Suprema considerados “enemigos” del Ejecutivo.

La Fiscalía estableció que se creó en el DAS una célula clandestina de espionaje denominada G-3, que operó entre marzo de 2003 y noviembre de 2005, con 15 detectives. Se descubrió que tenía operaciones para enlodar a ONG, como la llamada Operación Transmilenio, dirigida contra el Colectivo de Abogados José Alvear; que se impulsó el desprestigio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; que se espió a la Nobel de Paz iraní Shirin Ebadi en 2004, durante su visita a Colombia, y que se llegó al despropósito de crear un manual para amenazar, elaborado para intimidar a la periodista Claudia Julieta Duque, quien documentó que en el caso del asesinato del humorista Jaime Garzón, ocurrido en 1999, el DAS desvió el expediente para que quedara en la impunidad.

En la investigación sobre el DAS se constató que los “blancos políticos” eran opositores del gobierno de Álvaro Uribe, que se siguió a magistrados de la Corte Constitucional en 2005 cuando el alto tribunal discutía el acto legislativo que aprobó la reelección, que se espió a la Corte Suprema cuando ésta indagaba en 2008 el escándalo de la yidispolítica y que la detective Alba Luz Flórez, más conocida como la Mata Hari, enamoró a un capitán de la Policía con el que había salido años atrás, Julián Leonardo Laverde, quien oficiaba como jefe de seguridad del Congreso, para que le ayudara a reclutar fuentes en el interior de la Corte.

Fue así como contactó al escolta del magistrado Iván Velásquez, David García, y a los oficiales Manuel Pinzón y Franklin Grijalba, este último jefe de seguridad de los magistrados de la Corte. Según confesó la Mata Hari, su red de contactos en la Corte fue creciendo: reclutó a dos operarias de servicios generales que servían los tintos en las salas plenas y a ellas les entregó una diminuta grabadora que ponían horas antes de las reuniones reservadas en las que intervenían los 23 magistrados. La Mata Hari les decía a los oficiales de la Policía que reclutaba que antes que deberles lealtad a sus protegidos, es decir, a los magistrados, “debían acatar órdenes de Presidencia”.

Pero este episodio del DAS no es el único en la larga lista de abusos de organismos de inteligencia. Hoy se indaga si agentes del DAS participaron en los magnicidios de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán (18 de agosto de 1989), Bernardo Jaramillo (22 de marzo de 1990) y Carlos Pizarro (26 de abril de 1990). Años después, durante el gobierno del presidente Samper, estalló el Proceso 8.000, por la financiación del cartel de Cali a su campaña. Mucho se especuló sobre la posibilidad de que agencias del Estado espiaran a los opositores del jefe de Estado. Durante la administración Pastrana también se denunció que desde el DAS se chuzaba a periodistas del noticiero Hora Cero, a dirigentes como Horacio Serpa, al vicefiscal Jaime Córdoba y a otros funcionarios. El caso se fue desvaneciendo con los años.

En la época de Uribe, en mayo de 2007, también por denuncias de Semana, se descubrió que la dirección de inteligencia de la Policía chuzó ilegalmente a opositores del Gobierno. Una vez se divulgó el caso, 12 generales salieron de la institución en un remezón sin antecedentes. El general Óscar Naranjo fue nombrado director y hasta ahí llegó el episodio. También se descubrió que, con órdenes falsas, el magistrado Iván Velásquez fue chuzado por la Policía y hace un año el escritor Gustavo Álvarez y el periodista Hernán Peláez, director de La Luciérnaga de Caracol Radio, denunciaron haber sido interceptados por funcionarios de la Agencia de Inteligencia, que reemplazó al DAS. Pero, quién dio las órdenes, se pregunta con insistencia después de cada escándalo. Nadie da razón.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9