Un polígrafo no basta

Luego de 11 años en la Fiscalía, con todos los méritos y el reconocimiento de sus superiores, el 26 de abril de 2004 Jesús Albeiro Yepes, curtido fiscal de la unidad antimafia, fue declarado insubsistente por haberse negado a presentar la prueba del polígrafo que funcionarios del FBI de Estados Unidos les realizaron a todos los investigadores y fiscales que indagaban organizaciones del narcotráfico. Según Yepes, dicha prueba era el procedimiento más lacerante e ignominioso contra el ser humano, y “si uno no era capaz de defender su dignidad, tampoco iba a poder garantizar un debido proceso”.

Tres semanas antes de que Yepes fuera retirado de la Fiscalía, El Espectador publicó un extenso artículo (ver facsímil) en el que reseñaba la molestia de fiscales antinarcóticos que aseguraban haber sido irrespetados y humillados durante su paso por el detector de mentiras y que además cuestionaban el examen, pues violaba la presunción de inocencia y era efectuado por una autoridad extranjera que no tenía por qué calificarlos. De hecho, formalizaron su inconformidad ante el entonces fiscal, Luis Camilo Osorio, y le hicieron saber que en esos interrogatorios fueron sometidos a toda clase de vejámenes, tratos degradantes y presiones inaceptables.

Para citar algunos ejemplos de los excesos en las pruebas, señalaron que a un fiscal le preguntaron si tenía relaciones íntimas con sus compañeras de trabajo, si había fumado marihuana con ellas y si en alguna oportunidad “les había esparcido cocaína en el pubis para aspirarla antes del coito”. A otros los tacharon de mentirosos, de enlaces de las Autodefensas, de ladrones, “de tal manera que, de una forma u otra, sin fundamentos probatorios, todos en la Fiscalía somos delincuentes según los policías extranjeros”. La exigencia del polígrafo terminó por cortar cabezas. Algunos porque no pasaron la prueba; en el caso de Yepes, porque no la quiso presentar.

Su historia

Nacido en Briceño y criado entre Sabanalarga y Amalfi (Antioquia), en su adolescencia Jesús Albeiro Yepes oía decir en Amalfi que Fidel Castaño era apenas un hombre adinerado y un astuto ajedrecista. Con los años vino a decantarse que fue el gestor del paramilitarismo en Colombia. Pero en esos tiempos, es decir, a finales de los años setenta, Yepes apenas empezaba a cultivar su interés por la lectura y el derecho. En 1982 se trasladó a Medellín y con unos familiares comenzó a comerciar grano. Dos años después entró a trabajar con el municipio en la Secretaría de Tránsito, y combinó su labor con el estudio en la Universidad de Medellín.

Le tocaron los turbulentos años del narcoterrorismo de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. A diario veía la violencia desbordada de los sicarios de la mafia. Muchos de los caídos en la capital antioqueña eran jueces, magistrados o defensores de derechos humanos, como Héctor Abad Gómez. El crimen rampante se tomó a Medellín, la justicia estaba amedrentada y el Estado no sabía cómo enfrentar esa máquina de guerra. A Yepes no lo doblegó el miedo, se tituló de abogado en 1989 y pronto fue designado presidente del sindicato de empleados del municipio de Medellín.

No duró tanto y ya para 1993 oficiaba como fiscal y profesor universitario. Pocos meses después de ingresar a la Fiscalía fue designado para investigar un crimen que enlutó a Colombia: el del jugador Andrés Escobar. Ese 2 de julio de 1994, Yepes, ferviente hincha del Atlético Nacional y admirador del deportista, sintió lo que sólo se puede resumir en la frase gastada de “tristeza de país”. En 24 horas ya había descubierto al asesino, sus móviles y el arma homicida. Era el conductor de dos conocidos hermanos en Medellín. Aún recuerda cómo comenzó esa indagatoria: “¿A usted le dieron la orden de matar a Andrés Escobar?”. “Todavía no me la habían dado”, fue la respuesta escueta.

Siempre en la brega de la investigación, después le tocaron otros difíciles casos de homicidio en Medellín. Para 1997 era uno de los fiscales claves en el expediente que se abrió en contra del paramilitarismo y la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), fachada de las Autodefensas. Ya entonces había sido capacitado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tenía ascendencia en la jerarquía de los fiscales de Medellín. Pero lo amenazaron y en 1998 llegó a Bogotá. Fue designado fiscal sin rostro (ese experimento que buscaba proteger de la mafia a los operadores judiciales), pero se rehusaba a firmar sus decisiones con un código. Se avergonzó siempre de esa justicia con careta.

“Los delincuentes siempre saben quién los investiga”, solía decir. Más adelante fue destacado como fiscal ante la Dijín de la Policía y luego, en el año 2000, integró la Unidad Nacional Antinarcóticos de la Fiscalía. Sus pergaminos como fiscal no fueron suficientes para que esquivara entonces la prueba del polígrafo. Él no sabía de qué se trataba la dichosa prueba, pero salió de allí jurando que nunca iba a volver a repetirla. La cosa quedó así, vinieron investigaciones a granel, y con oficio de relojero encaró a muchos capos de la droga.

Cuando fue retirado de la Fiscalía estaba a cargo del expediente por el llamado escándalo de la coca de Barranquilla, en el que se investigaba la devolución de dos toneladas de cocaína a la mafia. Hasta que llegó la exigencia de los estadounidenses de que fiscales antinarcóticos presentaran la prueba del polígrafo. Yepes se rehusó a repetir el procedimiento. Se reunió con el fiscal Osorio, quien le preguntó por qué se negaba. “Es sencillamente indignante”, le dijo, y añadió: “Si quiere le renuncio”. La respuesta de Osorio lo tranquilizó: “No hay necesidad”.

Pero fue despedido y con él salieron otros fiscales. El anuncio lo hizo el propio Luis Camilo Osorio. Quedó la sensación de que salían por corruptos. Jesús Albeiro Yepes volvió al litigio, pero demandó a la Fiscalía porque fue removido por haberse negado a la práctica del polígrafo. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de ponerle punto final a la controversia: ordenó su reintegro y el pago de todos los salarios que dejó de percibir desde que fue declarado insubsistente en 2004.

El tribunal advirtió que no se entendía cómo un buen funcionario, que apenas cinco meses antes de ser echado había sido merecedor de la condecoración Enrique Low Murtra de la propia Fiscalía por sus servicios, súbitamente se convertía en un inconveniente para la institución. Y concluyó que la facultad discrecional de un fiscal no significa arbitrariedad. Un precedente que podría repercutir en innumerables demandas contra la Fiscalía y otras entidades del Estado que hoy cursan en distintos tribunales del país.