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Fuentes jurídicas informaron que Velasco se declaró competente para llevar a cabo esa investigación, sobre la que ha decretado el secreto de las diligencias acordadas en la causa.
En su resolución, el juez pide a la Policía y a la Guardia Civil españolas que elaboren sendos informes sobre los entrenamientos de las Farc y ETA en el país latinoamericano y la identificación de algunos de los implicados.
Una vez que el juez reciba estos informes decidirá si ordena la detención de los cinco presuntos miembros de ETA denunciados, como pide la Fiscalía.
La querella está dirigida contra "Martín Capa", "cuya verdadera identidad habrá de acreditarse", Iñaki Domínguez Atxalandaburo, José Ignacio Echarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez y Arturo Cubillas Fontán (que reside en Venezuela), así como "contra aquellos que vayan apareciendo como responsables de estos hechos durante la investigación".
La Fiscalía les considera responsables de los delitos de pertenencia a un grupo terrorista, colaboración con banda armada y de conspiración para cometer homicidios terroristas, ya que, según la querella, cuatro guerrilleros colombianos pidieron colaboración a ETA para atentar en España contra el ex presidente Andrés Pastrana.
Reclama además la creación de un equipo conjunto de investigación entre España y Colombia para averiguar qué etarras estuvieron en 2003 en campamentos de las Farc e identificar a tres miembros de ETA a los que se conoce por los alias de "Ángel", "Teo" y "Enrique", y que estuvieron "efectuando cursos de adiestramiento".
También cree demostrada la existencia de "contactos y colaboración" entre ETA y las Farc en documentos intervenidos tanto a dirigentes etarras como Carlos Almorza, "Pedrito de Andoain" y José María Dorronsoro, como a responsables de la guerrilla colombiana de la importancia de ‘Raúl Reyes’, fallecido en marzo de 2008 y considerado el número dos de las Farc.
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