Una familia, 14 muertos

Esta mujer, nacida en Obando (Valle del Cauca), es más que una víctima, es la muestra tangible de cómo la violencia puede llegar a ensañarse con una misma sangre. La primera vez que tuvo que organizar un velorio fue en 1997. El 24 de agosto en La Dorada (Caldas), hombres identificados como paramilitares le mataron a su único hermano, José Alberto Ortega. “Fue por plata, por eso lo mataron como un perro”, afirma. La historia se repetiría como si a los varones de su familia los hubieran maldecido: En 2001, dos de sus dos hijos, Luis Ángel, sargento de la Policía, y Luis Fernando Ocampo Ortega, odontólogo, desaparecieron.

“Mis hijos eran hombres de bien, trabajadores. No tenían problemas con nadie, estaban dedicados a un balneario que montaron que se llamaba ‘Los Barrancos’. Un día, varios hombres entraron al negocio y se llevaron a Luis Ángel. Después de eso mi otro hijo, Luis Fernando, me dijo que lo habían llamado y le estaban pidiendo $25 millones para soltar a su hermano, pero que quienes lo llamaban no se identificaban. Alcancé a reunir unos pesitos y de ahí le di para que Luis Fernando llevara el dinero del rescate, pero esa gente se quedó con mi hijo y con la plata”.

Doña Carmen Tulia o Tulita, como le dicen de cariño, hizo lo que tenía a su alcance. Denunció los casos y esperó mientras cuidaba de los hijos de Luis Ángel, sus nietos: una niña de 2 y un niño de 3 años que quedaron bajo su responsabilidad tras la desaparición de su padre. Como si su vida no se hubiera perturbado lo suficiente, dos meses después de que sus hijos desaparecieran, doña Carmen Tulia empezó a recibir amenazas. Fueron tantas, que las autoridades de La Dorada le dijeron que la única solución era que dejara su pueblo, que ellos no la podían proteger. Sin más opción, empacó lo que pudo, una pequeña maleta los acompañó a ella, a sus dos nietos y a otro de sus hijos en dirección hacia Bogotá, donde la Fiscalía corrió con los gastos de la estadía de la familia.

En una tierra ajena, viviendo de lo que las autoridades le daban y sin saber de Luis Ángel ni de Luis Fernando, Carmen Tulia empezó a temblar cada vez que su teléfono sonaba. En 10 años, recibió 12 llamadas que le informaron que, uno a uno, los hombres de su familia estaban siendo asesinados por el grupo criminal. Los años pasaron y doña Carmen Tulia se fue quedando sola. Su hijo tuvo que salir del país debido a las amenazas que también recibió y sus nietos volvieron con su madre.

En 2009, mientras trabajaba como recicladora, uno de los muchos oficios que ha tenido que realizar para sobrevivir, recibió la llamada que llevaba esperando por más de ocho años: las autoridades tenían información sobre sus hijos. Doña Carmen estaba feliz, llegó a la Fiscalía pensando que volvería a ver a sus muchachos. Para su desgracia, ese día la recibieron dos funcionarias que le ofrecieron gotas para calmarla y sin darle mayor información la llevaron hasta una habitación donde escuchó la confesión del asesino de sus hijos.

Doña Carmen Tulia describe la escena con rabia y dolor. Maldice mientras lo hace. Alejandro Manzano, alias Chaqui, un paramilitar subalterno de Ramón Isaza, afirmó, según ella, en Justicia y Paz, sobre el crimen de sus hijos: “Esos manes eran muy mamagallistas y así tenían que morir: los quemamos vivos y luego los desmembramos. Esa fue la orden que recibimos. Ellos nos debían la plata de la vacuna, se negaron a pagarla”. En versión libre, alias Chaqui confesó que el homicidio lo ordenó Wálter Ochoa Guisao, alias El Gurre, exjefe del Frente Omar Isaza y exjefe político de las Autodefensas del Magdalena Medio, que se desmovilizó en febrero de 2006.

Doña Carmen camina en su diminuto apartamento en el sur de Bogotá, donde actualmente vive con su nieto, ese que la falta de dinero hizo regresar con su madre y que para 2009 ya había vuelto a su lado: tan pronto el niño creció, manifestó el deseo de volver con su abuela. Ella, sin poder negarse, decidió abrirle lugar en ese pequeño espacio en el que sus pocas pertenencias parecen caber como por arte de magia: un televisor cuya señal entra distorsionada, una nevera, un camarote y un mueble de madera. Todos provistos por la Fiscalía.

Los servicios y el arriendo en principio fueron cubiertos por las autoridades, pero después de tres años le informaron que ella debía continuar con la responsabilidad. Hoy trata de sobrevivir con los $200 mil mensuales que gana como empleada del servicio de una empresa de mensajería. En 2011 se inscribió en las listas de Ley de Víctimas tan pronto ésta fue sancionada. Hoy está a la espera de la reparación por la muerte de sus hijos, esa que podría ayudarle a sentir un poco de tranquilidad, a aliviar un poco su carga, la que siente cuando recuerda que a 14 de sus seres queridos se los llevó la violencia.

Fiscalía ha expedido 631 órdenes de captura

Entre abril y septiembre de 2012, 525 integrantes de las llamadas bandas criminales han sido judicializados por delitos que van desde homicidios, porte ilegal o tráfico de armas, extorsión y desplazamiento forzado. De esas 525 personas imputadas, a 483 se les impuso medida de aseguramiento.

Las estadísticas fueron aportadas por la Fiscalía. Según el organismo, de todos esos integrantes judicializados se obtuvieron 171 preacuerdos y se formularon 168 escritos de acusación. En total, 396 miembros de estas bandas resultaron condenados. 

De la misma manera, la Unidad Nacional contra Bandas Emergentes ha expedido 631 órdenes de captura contra señalados delincuentes de ‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Machos’, el grupo Renacer y el Ejército Revolucionario Antisubversivo de Colombia (Erpac), que fundó Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo. En el listado también figuran hombres de la organización de Daniel El Loco Barrera.

Además, entre abril y septiembre de este año  la Unidad contra las bacrim ha logrado judicializar a 525 presuntos integrantes de estas organizaciones ilegales.