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Desde la campaña presidencial, el Presidente Gustavo Petro hizo públicas sus intenciones por retomar las negociaciones con el ELN, y por hacer un acercamiento con organizaciones criminales con la idea de poner fin a todas las expresiones de violencia en el país. Fue así como emergió la Paz Total como política de estado con la idea de recoger experiencias anteriores y plantear la necesidad de iniciar procesos de negociación políticas con las organizaciones armadas a las que se le reconozca carácter político y sometimientos a la justicia de los grupos criminales.
Al respecto, para el senador Iván Cepeda, uno de sus arquitectos la Paz Total:
“No solamente implica dialogar simultáneamente con grupos armados ilegales que son de distinta naturaleza, sino también romper con la lógica de lo que han sido los procesos de paz hasta ahora en Colombia” (…) “regularmente se entiende que es el diálogo entre un gobierno y un grupo armado en una mesa de conversación”, pero en el caso particular de esta nueva administración, ya sea dialogando con el ELN o con cualquier otro actor armado para llegar a la paz, “van a estar acompañados de un protagonismo en el territorio de las comunidades” (Elespectador.com, 2022).
Si bien esta es una apuesta interesante y ambiciosa al proponer la necesidad de realizar acercamientos con organizaciones criminales para lograr conseguir la paz, y vincular actores del territorio, esta ha tenido algunos puntos de quiebre, sobresaliendo su desconexión con la política de seguridad, la falta de comunicación estratégica, y la falta de reconocimiento a la regionalización y criminalización del conflicto que se ha acentuado en el último año. Veamos:
Bajando las expectativas
Es posible que el presidente Petro haya comenzado a tomar distancia con el concepto de Paz Total porque al cumplir nueve meses al frente del gobierno su ambiciosa política de paz solo ha avanzado con la aprobación del marco jurídico (Ley 2272 de 2022), la reactivación de la mesa de negociación con el ELN, y la creación de la instancia de Alto Nivel para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Desafortunadamente a la fecha, no hay protocolos claros sobre cómo se realizarán o se han realizado los acercamientos con organizaciones criminales, y la instancia de Alto Nivel no comunica sus avances. Esto ha tenido por consecuencia que experiencias de negociación con grupos urbanos criminales que fueron exitosas como el caso de Buenaventura en este momento estén naufragando.
A esto, debe sumarse el hecho de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a pesar de ser junto al ELN una de las organizaciones con mayor presencia territorial y capacidad criminal actualmente no hacen parte de la Paz Total. Esto sucedió desde que el gobierno suspendió el 19 de marzo el cese al fuego que había sido anunciado por parte del presidente Petro el 31 de diciembre de 2022. Por otro lado, las AGC al igual que las Autodefensa Conquistadores de la Sierra (ACSN) en distintas ocasiones han manifestado públicamente que no están interesadas en someterse a la justicia, sino que quieren ser reconocidas como actores políticos y negociar el fin de su conflicto accediendo a un proceso de justicia transicional. En este sentido, la propuesta gubernamental de sometimiento a la justicia no tiene marco jurídico, y a pesar de ser haber sido radicada en marzo de 2023, en este momento se encuentra en un limbo ya que el proyecto de ley no se presentó nuevamente al Congreso el pasado 20 de julio ya que el gobierno no tenía ninguna certeza de contar con los apoyos políticos necesarios para su trámite legislativo, lo que deja sin piso jurídico las mesas de dialogo de Buenaventura y la conformada en la cárcel de Itagüí con los líderes de distintas organizaciones criminales de Medellín.
En este contexto, el acelerado proceso de expansión territorial de las AGC podría ser un mecanismo de presión para ser nuevamente incluidos en la Paz Total como actores políticos o para acumular recursos y fuerzas de cara al cambio de gobierno en 2026 y buscar la eventual negociación del fin de su conflicto armado con el triunfador de esa elección. Pero además esto nos demuestra la desarticulación entre las propuestas jurídicas hechas desde el nivel central, y la poca sincronía que hay con las dinámicas territoriales del conflicto, donde la violencia sigue recrudeciéndose. Esto es visible cuando revisamos la continuidad del asesinato de lideres sociales, el aumento de procesos de confinamiento, desplazamiento y el aumento de las tasas de homicidios en regiones tradicionalmente golpeadas por el conflicto armado como son el Pacífico y el Caribe.
Paz Total es una propuesta ambiciosa, a la que es necesario reconocer sus nuevas apuestas, como la necesidad de acercamiento con estructuras criminales, visibilizar el rol del narcotráfico en nuestro conflicto o la necesidad de pensar la articulación entre las políticas de paz, y las de seguridad. Pero es necesario no sobredimensionarla, un conflicto de 60 años no podrá resolverse en 4. Por eso es necesario bajar sus expectativas.
¿Improvisación, secreto máximo o fallas en las comunicaciones?
Una crítica reiterada a la Paz Total ha sido que en torno a ella se percibe la ausencia de planeación estratégica lo que produce una percepción generalizada de improvisación. Esto, no solo por la ausencia de un documento técnico que oriente la implementación de la política sino también por la falta de indicadores claros que permitan medir sus avances y corregir eventuales fallas.
Algunos hechos que han acentuado esta percepción:, por un lado, el 31 sw Diciembre de 2022 el presidente Petro a través de su cuenta de Twitter hizo un anuncio de ceses al fuego bilaterales con cinco organizaciones armadas, pero, tres días después el ELN desmintió al presidente al afirmar que no había acordado un cese al fuego con el gobierno y salvo con el Estado Mayor Central (EMC) con los otros grupos armados no hubo protocolos escritos, mecanismos de verificación ni delimitación territorial de sus fuerzas. Puede afirmarse entonces que lo que hubo en la práctica fue unas treguas bilaterales informales entre el gobierno y los grupos armados pero no entre ilegales e ilegales y comunidades lo que significó una ventaja táctica para varios de estos grupos que usaron el “cese al fuego” para combatir a sus competidores armados y expandirse territorialmente como sucedió en los Montes de María, la vertiente norte de Sierra Nevada y el Sur de Bolívar o en departamento del Choco.
Otro hecho que reafirma esta percepción es que, pasados varios meses de haberse iniciado cese al fuego, el gobierno aún no se tenía claros los criterios con los cuales se otorgaría carácter político a unas organizaciones armadas. Este es un aspecto de mucha importancia debido a que de ese carácter dependerá si ese actor armado negocia políticamente y accede a un proceso de justicia transicional o si debe someterse a la justicia ordinaria y recibir algunos beneficios jurídicos y económicos. Al final, el presidente decidió que aquellos grupos con origen político (ELN y grupos posFARC) lo mantenían a pesar de que las antiguas FARC-EP no ha recibido oficialmente el estatus político por parte del gobierno. Sin importantes actores como las AGC, o la segunda Marquetalia, la Paz Total se perfila como una Paz Parcial.
Otro aspecto que ha resultado problemático para la Paz Total ha sido la falta de una estrategia integral de comunicación que logre explicar claramente las características, los objetivos y metodologías que se persiguen y utilizan en el marco de la implementación de esta política gubernamental. Eto sería importante para sumar capital social y político a este esfuerzo de paz, teniendo en cuenta que, si las mesas avanzan y logran la concreción de acuerdos, los mismos pasaran por filtros en el Congreso y posiblemente su continuidad dependerá de los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.
En la misma línea, la multiplicidad de vocerías aumenta la percepción de improvisación ya que además del Alto Comisionado para la Paz, también hacen anuncios y declaraciones sobre la Paz Total el Canciller Añvaro Leyva y el senador Iván Cepeda. De hecho, este último es quien por medio de entrevistas explica y delimita los alcances de muchas de las decisiones que se toman en el marco de esta estrategia de paz, lo mismo sucede con la mesa de negociación con el ELN, ahí, el senador ha dejado en un segundo plano al jefe del equipo negociador del gobierno Otty Patiño. La ausencia de una sola voz o la falta de coordinación entre quienes han asumido la vocería de la Paz Total confunde a la ciudadanía y debilita los mensajes que quieren transmitirse en la medida que no parecen estar articulados, sino que obedecen a decisiones coyunturales.
Lo urbano, ¿un punto ciego?
Hasta la fecha la Paz Total ha evidenciado que no tenía una estrategia clara para su implementación en espacios urbanos, ya que a pesar de haber instalado mesas de dialogo socio-jurídico en Buenaventura y en Medellín en la cárcel de Itagui aún son más las preguntas que las respuestas que han producido estos dos escenarios de paz urbana. Por un lado, estos grupos no tienen reconocimiento de actores políticos, lo que les impide negociar políticamente el final de su conflicto y como se señaló anteriormente en este momento no hay un marco jurídico que las respalde por lo cual es incierto su futuro.
En este sentido, se evidencia que al igual que en el pasado reciente el diseño de las estrategias de paz se concentra en organizaciones con capacidades militares que controlan territorios rurales y la violencia urbana parece asociarse a violencia social o delincuencia común por lo que su tratamiento debiera ser policial, descartando algunos rasgos políticos (no ideológicos) de esos grupos, ya que varios de ellos han logrado construir gobernanzas armadas en barrios y comunas de distintas ciudades. En otras palabras, se desconocen las complejas interacciones que los grupos urbanos han tenido o tienen con los grupos armados con presencia rural, sus formas de operación bajo figuras de subcontratación o los ejercicios de gobernanza criminal que hacen en múltiples territorios. Ello pone en evidencia que las dinámicas urbanas se están quedando por fuera del radar de la paz total, sobre todo en el entendimiento de sus lógicas y en lo que debe ser su acercamiento a estas estructurass.
Una mirada territorial
Si bien en la ley 2272 de 2022 varios artículos se dedican a destacar el importante rol de los territorios en el desarrollo de esta estrategia de paz, en la práctica aún no se han definido las Regiones Paz y hasta ahora solo el ELN tiene una mesa de negociación con avances y la expectativa de la pronta instalación de mesa con el Estado Mayor Central (EMC). Esto en la práctica excluye a la Región Caribe de la Paz Total, teniendo en cuenta que el ELN solo opera en los sures de los departamentos de Cesar y Bolívar y el EMC solo tiene presencia en el Sur de Bolívar con una pequeña estructura. Es decir, las AGC que son el actor armado hegemónico en el Caribe con presencia activa en todos los departamentos de esta región está por fuera de la estrategia gubernamental de paz y eso podría convertir al Caribe en un teatro de guerra en caso de que el gobierno apueste por la derrota militar de las AGC y esta organización decida entrar o sabotear la Paz Total por medio del escalamiento de la violencia armada y la profundización de sus gobernanzas armadas ya sea con la declaratoria de paros armados o de planes pistola.
En el caso de los departamentos que hacen parte de la región Pacífico vemos la continuidad de las dinámicas de violencia a partir de la expansión que ha tenido el ELN sobre todo en el departamento de Choco., el aumento de dinámicas de control territorial y de rentas ilegales por parte de disidencias de las Farc como la Jaime Martínez, la Carlos Patiño y Dagoberto Ramos, y el aumento de gobernanzas criminales en contextos urbanos. A ello hay que sumar el aumento de violencia asociadas a las dinámicas del narcotráfico y el microtráfico, sobre todo en ciudades como Buenaventura, Tumaco, Cali y Puerto Tejada. Aquí vale la pena resaltar que en el último año, hemos asistido a un aumento del monopolio de economías ilegales (como la minería ilegal de oro, y los cultivos de uso ilícito) por parte de actores armados y así mismo, un aumento en las tasas de homicidios en lo s departamentos que hacen parte delas regiones de Caribe y Pacífico, que nos demuestran la profundización de la violencia.
En este sentido, hasta este momento la Paz Total parece repetir errores de procesos de paz anteriores en los que se pensó, planeó y negoció la paz de los distintos territorios desde Bogotá, lo que ha demostrado ser efectivo para atomizar o fragmentar violencias nacionales ya que después de un proceso de negociación de proyección nacional, lo que sigue es el escalamiento de conflictos locales como ha sucedido en varias oportunidades en territorios como el La Sierra Nevada de Santa Marta, Sur de Córdoba, Montes de María, el Bajo Cauca y otras subregiones cono Chocó, Norte del Cauca, y Nariño.
Esto se debe, entre otras cosas, a que en las negociaciones de paz que lidera el Gobierno Nacional, muchas veces no se incluyen en los intereses de las élites regionales (legales e ilegales). Es decir, que esa marginación de las mesas de negociación nacional, hace que sectores de esas élites recurran autoritarismos competitivos locales (Albarracin et At 2021) con el fin de mantener inalterables sus intereses, ante la eventual amenaza del cambio de los órdenes sociales que representaría la implementación de los acuerdos logrados en negociaciones nacionales en las que no participaron. En la misma línea, el hecho de que muchas rentas ilegales que se desarrollan en territorios subnacionales, tengan como destino final los mercados internacionales especialmente el clorhidrato de cocaína y el oro, hace que los actores armados locales sean nodos reemplazables, de amplias redes de crimen transnacional que influyen directamente en las dinámicas de violencia en territorios regionales. Lo que en la práctica se traduce en que la desmovilización de una estructura armada sea precedida por la llegada de otra o la creación de una nueva. (Trejos, 2021).
Estos cuadros grafican la idea previamente expuesta:
Es por esto, que se espera que durante el segundo año de implementación de la Paz Total, se produzca un escenario de gobernanza de la paz en el que se tengan en cuenta nuevos enfoques conceptuales y metodológicos en los que en paralelo a la mesa de negociación nacional, se establezcan mesas regionales (con poder de decisión y no solo para cumplir el requisito de la participación) en las que participen activamente las elites subnacionales, los gobiernos locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil y las estructuras armadas locales. Aunque la negociación se realice con una organización armada que tenga presencia nacional, debe tenerse en cuenta que sus estructuras no mantienen un comportamiento homogéneo en todo el país, sino que las características particulares de cada territorio condicionan el comportamiento del actor armado y no al revés.
Referencias
Albarracin et Al. 2020. La lógica política del asesinato de líderes sociales. Autoritarismo competitivo local y violencia en el posacuerdo. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16811.pdf
Elespectador.com (21 de agosto de 2022). “Paz total”: una mesa redonda para acabar con el conflicto armado. Disponible en: https://www.elespectador.com/politica/paz-total-una-mesa-redonda-para-acabar-con-el-conflicto-armado/
Infobae.com (12 de mayo de 2023). Petro afirmó que el término ‘paz total’ se lo inventó la prensa: Álvaro Uribe lo usó en 2008. Disponible en: https://www.infobae.com/colombia/2023/05/12/gustavo-petro-afirmo-que-el-termino-paz-total-se-lo-invento-la-prensa-a-mi-no-me-gusta/
Trejos, Luis. elespectador.com (29 de septiembre de 2021). Análisis: Tres ideas para entender la violencia posFARC. Disponible en: https://www.elespectador.com/politica/analisis-tres-ideas-para-entender-la-violencia-posfarc/
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