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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, buscará construir su gobierno sobre dos pilares: la seguridad total y la “mano dura”. Mientras se prepara para llegar a la Casa de Nariño, el próximo mandatario ha señalado en varias oportunidades sus intenciones de militarizar el país, construir megacárceles, acabar las mesas de negociación de paz, y “destripar” a la izquierda.
Si bien en su discurso del pasado 21 de junio, tras conocerse el resultado del preconteo de la segunda vuelta, De la Espriella pareció ajustar su discurso al señalar que buscará “gobernar para todos los colombianos”, expertos coinciden en que sus planes ponen en duda la defensa de los derechos humanos y no reflejan un entendimiento del conflicto actual.
El candidato de “Defensores de la patria” recibirá un país fragmentado con dinámicas de violencia que no responden a las estrategias tradicionales de seguridad. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) los grupos armados ilegales cerraron el 2025 con más de 27.000 integrantes, un crecimiento de 23,5 % frente al año anterior. Eso se traduce en que más de 5.000 personas se sumaron a estructuras como el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc en apenas 12 meses.
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A eso se le suma la intensidad de la violencia y la adaptación de las estrategias de guerra a la tecnología, que se desmarcaron del conflicto armado tradicional. Sin embargo, para analistas en temas de seguridad y orden público, las propuestas de De la Espriella no logran abordar el fenómeno en su totalidad.
En efecto, un reciente informe del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) concluyó que Colombia sigue intentando resolver una guerra pasada. Los grupos armados se transformaron, fragmentaron y adaptaron, pero el Estado continúa respondiendo con herramientas diseñadas para un conflicto que ya no existe.
Para el ICTJ, los grupos armados ya no buscan disputar el poder nacional ni tomarse el Estado. Su prioridad es ejercer control territorial, regular economías legales e ilegales y gobernar espacios locales mediante distintas formas de coerción. Durante años, los gobiernos han reportado capturas, neutralizaciones y combates como prueba de resultados. Sin embargo, el informe advierte que esos indicadores dicen cada vez menos sobre quién ejerce realmente el control en los territorios.
Los datos analizados por el ICTJ muestran que mientras las operaciones de la Fuerza Pública se han mantenido, varios grupos armados han seguido expandiendo su presencia y aumentando el número de integrantes. En eso coincide Paula Tobo, investigadora de la FIP, “Estamos en un escenario de inseguridad mucho más marcado por el crimen organizado y no por grupos armados como los que vivíamos en el pasado”, explicó.
En sus propuestas, el candidato propuso una “remasterización” de la Seguridad Democrática que fue impulsada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) con el objetivo de recuperar el control territorial en 90 días. Para Paula Tobo, investigadora de la FIP, los planes del nuevo mandatario parten de una lectura del conflicto que no se ajusta a la realidad actual.
“Solo con el ingrediente de la militarización no vamos a resolver todo el problema. Incluso, si pensamos que la seguridad democrática tuvo sus efectos positivos en disminuir las capacidades de los grupos armados, esa herramienta ya no es aplicable y el riesgo está en que se intensifique la violencia”, señaló.
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En su concepto, el impacto de un plan desactualizado o incorrecto en materia de seguridad tendría efectos determinantes sobre las poblaciones, partiendo de la ineficacia de las estrategias. “Hay que tener en cuenta los efectos de un uso indiscriminado de la fuerza. Muchas lecturas de las propuestas de De la Espriella se encaminan hacia allá y un uso sin frenos de la fuerza ocasiona impactos humanitarios”, agregó Tobo.
En eso coincide Max Yuri Gil, profesor de la maestría en Conflictos, Paces y Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia, quien menciona que una política de “Seguridad Democrática 2.0” sin duda impactará a las comunidades y pondrá en riesgo los derechos humanos.
“De la Espriella tiene un concepto de seguridad tradicional que es la seguridad del Estado por encima de la seguridad humana. En ese sentido, los impactos humanitarios podrían ser similares a los ocurridos en el gobierno de Uribe: cifras de desplazamiento forzado o de detenciones arbitrarias”, dijo Gil.
La alerta también la ha lanzado organizaciones sociales como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que recientemente cuestionó la intención de recuperar el control territorial mediante operaciones militares y reactivar los bombardeos aéreos. A juicio de la FIDH, estas medidas podrían contravenir las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En ese contexto, Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, señaló que si bien la estrategia de “mano dura” no se podría aplicar tal y cómo lo plantea el nuevo mandatario, debido a la necesidad de inversión para aumentar las capacidades militares, lo que sí puede suceder es una refocalización de las acciones armadas, lo que pondrá nuevamente en el centro y en riesgo a las comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado.
“La confianza con la población se puede romper muy fácil con operaciones que no tengan en cuenta las posibles repercusiones y las represalias que puedan tomar los grupos armados después de las operaciones”, explicó.
Para Paula Tobo, investigadora de la FIP, esa confianza, que a su vez se traduce en legitimidad, es fundamental en materia de seguridad y defensa de las comunidades.
“La seguridad no se construye únicamente a partir del uso frecuente, indiscriminado e intenso de las fuerzas militares, sino a través de la legitimidad. Una estrategia de seguridad que atente contra la población civil no es legítima. La seguridad es también una construcción de Estado en territorio que se hace a través de la garantía de derechos y no agrediéndolos. Cualquier estrategia de seguridad debe propender por causar los mínimos impactos humanitarios posibles”, agregó.
Otra de las alertas de la FIDH tiene que ver con el plan de retirar a Colombia de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Para esa organización, una movida de este tipo dejaría “a millones de víctimas sin protección cuando la justicia interna falla” y limitaría los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
Agregó que “el diálogo entre países requiere funcionarios dedicados a ese fin. Suprimirlos aislará a Colombia y la privará de capacidad negociadora internacional”. Para los analistas, ese factor también genera preocupación debido a las limitaciones que trae.
Para Max Yuri Gil, de la Universidad de Antioquia, los anuncios de salir de Naciones Unidas y del sistema interamericano significan impedir la vigilancia de organismos internacionales sobre los derechos de la población civil en medio del conflicto. Asimismo, Tobo señaló la reducción de la cooperación internacional como un efecto negativo sobre la defensa de los derechos humanos.
El último año el Comité Internacional de la Cruz Roja reportó un 50% de disminución en recursos de atención humanitaria. “Esa reducción implica que tenemos cada vez menos ojos en el territorio y debemos plantearnos cuál va a ser el ejercicio de monitoreo de agresiones que son difíciles de registrar”.
Dickinson, de Crisis Group, agrega que en otros países, las estrategias de mano dura se traducen en que el precio para implementar y sostener esas campañas, es una reducción en las libertades.
“Más allá de los desplazamientos u homicidios, que son más “fáciles” de registrar, la libertad de expresión que tiene la sociedad civil organizada para decir qué le está sucediendo es algo que se afecta. Las agresiones a periodistas y los homicidios hacen parte de ese rechazo de los actores armados frente a la denuncia. Un paso importante de la conversación en seguridad será cómo proteger ese ejercicio de denuncia, porque esos son los ojos que tenemos sobre lo que sucede en el territorio”, señaló Tobo.
La FIDH advierte, por último, la eliminación o fusión de entidades creadas para la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de víctimas. Entre las instituciones mencionadas se encuentran la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que propone recortar el presupuesto en un 90 % y cerrar hacia 2030. Esta decisión podría afectar los mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En ese panorama de líneas rojas que se tiende frente a las estrategias de seguridad y el respeto de los derechos humanos de cara al próximo gobierno, los expertos en esa materia señalan la necesidad de implementar narrativas de conciliación en un país dividido.
“Es fundamental la capacidad de gobernanza. Hay que ganar la confianza de la otra mitad de la población y eso no se hace con campañas de venganza”, concluyó Dickinson. Asimismo, para Paula Tobo, investigadora de la FIP, la estrategia de seguridad no es acabar con el enemigo, sino proteger a la población. “No es un proceso de eliminación de personas, sino de eliminación de los riesgos a los que está sujeta la población civil”, dijo.
Por otra parte, los analistas sostienen que varias de las propuestas del electo presidente necesitarían una reforma constitucional para materializarse. Un asunto que hizo parte de la campaña con su promesa de no tocar la Constitución Política. Un ejemplo claro de una de estas promesas es eliminar la JEP. Para ello, De la Espriella tendría que “tocar” la carta política, pues ese sistema de justicia transicional hace hoy parte de ese documento.
Los expertos coinciden, además, en que mientras se logra un equilibrio entre los discursos de “mano dura” y “gobernar para todos los colombianos”, las organizaciones sociales, las comunidades con sus procesos de resistencia y la sociedad en general tendrán que cumplir con un papel de veedores de los derechos humanos.
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