Una radiografía del maltrato

El escenario es tan ridículo como sigue: dos de cada 10 personas consideran que cuando una mujer es violada, por lo general es porque ella lo incitó; el 29% de los hombres y el 28% de las mujeres afirman que a las mujeres les gusta que las maltraten; una de cada 10 personas piensa que es justo agredir a una mujer cuando ésta ha sido infiel y que las esposan deben aguantar la violencia de sus maridos para mantener unida a la familia. Ese es el panorama de lo que creen los colombianos respecto a la violencia contra la mujer. Así lo demostró la última encuesta realizada por el Programa Integral Contra Violencias de Género de las Naciones Unidas.

Estas cifras, aseguró la Defensoría del Pueblo en sus últimos informes —presentados con motivo del Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres—, demuestran que en Colombia el problema de la violencia contra las mujeres no es culpa única y exclusivamente del conflicto armado que vive nuestro país, sino también de un esquema cultural en el que la mujer es un ciudadano de segundo categoría. Pensamiento que se ha visto exacerbado con la ola de violencia que vive Colombia.

En sus últimos informes, la Defensoría alertó sobre la crítica situación que viven las mujeres de tres regiones del país: Buenaventura (Valle del Cauca), Bolívar y Nariño. De acuerdo con esa entidad, en esas zonas los grupos armados ilegales están utilizando a las mujeres como correos humanos y ‘esclavas’ dedicadas a satisfacer los deseos sexuales y las necesidades de los criminales.

Asimismo, están amenazando y asesinando a aquellas mujeres que se han atrevido a liderar la defensa de los derechos de los desplazados y las víctimas del conflicto. En ocasiones, las amenazas han hecho que estas mujeres líderes pierdan a sus maridos y caigan en una profunda depresión. “Es su forma de hacer que nos detengamos, porque nos tienen miedo”, reitera una líder del barrio Nelson Mandela de Cartagena.

Muchas de estas líderes y, por lo menos, 1.200 activistas de todo el continente, marcharon ayer en Bogotá para conmemorar el Día Internacional de la no Violencia Contra la Mujer.

Sin embargo, los grupos armados ilegales no son los únicos detrás de la tragedia que viven las mujeres de estas tres regiones. La Defensoría también alertó que, por ejemplo, en Cartagena (Bolívar) ha habido muchos problemas con los miembros de las Fuerzas Militares que allí hacen presencia. “Muchos de ellos tienen la costumbre de enamorar a las jóvenes, se acuestan con ellas y luego, cuando éstas quedan embarazadas, se desentienden del problema y son traslados por las Fuerzas lejos de allí”.

Otro problema es el del machismo imperante en estas regiones, que ha perpetuado la idea de que la mujer no tiene derechos y debe permanecer a la sombra de su marido. En Nariño, alerta la Defensoría, los hombres les impiden a las mujeres planificar, incluso, en ocasiones se les asegura que usar métodos anticonceptivos es pecado y son golpeadas si recurren a ellos.

Las mujeres de esta zona, además, son en muchas ocasiones tratadas por sus parejas de forma humillante. “A veces mi marido me obliga a tener sexo por el ano —menciona una mujer citada por la Defensoría— y eso me hace sentir sucia, que no valgo”.

Nariño sufre, además, con el hecho de que por ser departamento de frontera con Ecuador, se ha convertido en un corredor importante para el tráfico de personas, la mayoría de ellas mujeres.

En Buenaventura el problema se ha acrecentado en los últimos años con el fortalecimiento de las bandas criminales que hacen presencia en el puerto. “Ellos ven a una niña bonita y envían a alguien para que la enamore y luego, cuando ya está demasiado metida en el tema, ya no puede salir, ya quedó en manos de ellos”, alerta una madre de esa región del país.

Allá, además, cuando las mujeres tratan de impedir que sus hijos sean reclutados por los grupos criminales, son amenazadas y es entonces que se ven en la necesidad de desplazarse hacia otras ciudades y sin nada para sobrevivir. “Es que uno no puede permitir que ellos terminen en la guerra”, comenta una activista de Buenaventura, citada en el informe de la Defensoría.

Estos tres informes demuestran que el presidente Santos tendrá que hacer algo más que “lo que esté a su alcance” para combatir la violencia contra la mujer en nuestro país y que, como lo sostiene el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, sólo cuando se resuelva la situación de las mujeres se logrará el “fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz en Colombia”.