Una tutela intentaba expulsar de sus tierras a diez familias desplazadas

De inmediato miembros de la Dirección de Asuntos Étnicos –DAE- Unidad de Restitución de Tierras (URT) junto a la Defensoría del Pueblo, adelantaron diversas acciones informativas, así que mediante oficios le hicieron saber a las autoridades competentes, que dicha acción no se podía llevar a cabo porque en la actualidad la DAE, URT y el CINEP vienen adelantando el estudio de la caracterización de afectaciones territoriales como lo señala el Decreto –Ley 4635 de 2011-.

Pero la situación más urgente, se debe a que las 10 familias, fueron desplazadas por el conflicto armado en la región durante las últimas décadas y que retornaron a dichas tierras en diciembre del año pasado de forma voluntaria.

Por otra parte, para llevar a cabo un desalojo de la población en condición de desplazamiento, debe existir previamente un ‘Plan Integral de Reubicación involuntaria’ de carácter obligatorio, que garantice en pleno los deberes y derechos de la población vulnerable.

Es por ello que el Juez de Restitución de Quibdó, emitió la orden para que el pasado 30 de septiembre las autoridades encargadas del desalojo en Riosucio suspendieran dicha acción inmediatamente, lo que evitó que nuevamente dichas familias fueran víctimas de una injusticia.

La Unidad de Restitución de Tierras señaló que el estudio de afectaciones territoriales que se adelanta entre la DAE, URT y CINEP, permitirá establecer que personas tienen derechos sobre el territorio colectivo del Consejo Comunitario de ‘La Larga, Tumaradó’ que se extiende a 107.064 hectáreas de tierra.

La Unidad de Restitución de Tierras, como una de las entidades claves para asegurar un exitoso posconflicto, así como una salida pacífica al conflicto social y armado, ha señalado su total disposición para contribuir al esclarecimiento de estos hechos, y garantizar que las tierras sean ocupadas por sus verdaderos dueños.