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Detrás de la adquisición de un seguro de vida por vía telefónica estaría un homicidio sin resolverse y que pondría en tela de juicio la contratación de pólizas por este medio. Así lo descubrió la Corte Constitucional al estudiar la tutela que interpuso una mujer para que una aseguradora le diera los $80 millones de la póliza de vida que tenía su supuesta pareja permanente, Luis Alberto Herrera, asesinado por asfixia mecánica el 23 de noviembre de 2005.
En una primera instancia, el Juzgado 22 de Bogotá le dio la razón a la demandante y obligó a la empresa aseguradora a pagar la póliza; sin embargo, la decisión fue apelada y, en una segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá encontró una serie de irregularidades que lo motivaron a revocar el fallo. Primero, el seguro había sido adquirido desde el teléfono fijo de un vecino de la demandante por una persona que supuestamente era Herrera, al que, el mencionado vecino, reconoció como un vendedor de ropa con el que tenía una deuda que sería redimida mediante el pago del referido seguro en cuotas de $13.500 mensuales, a través de las facturas del gas.
Al respecto, la demandante aseguró que no sabía de la póliza sino hasta que su vecino le contó de ella. Sin embargo, no supo asegurar por qué el mismo fue adquirido por el teléfono de su vecino y por qué su pareja no le había mencionado al respecto. Ella, que aseguró que durante cinco años fue la pareja permanente de Herrera, mencionó que la víctima, por su trabajo como vendedor de ropa, viajaba demasiado.
La duda surgió cuando la justicia contactó a un hermano de Herrera que afirmó que no conocía a la demandante, que, de hecho, la víctima no tenía pareja permanente, no era vendedor de ropa sino mecánico y pasaba por una crisis económica, razón por la cual vivía con ayuda de su hermana. Fue él, además, quien le dijo al Tribunal que la voz que había pedido el mencionado seguro no era la de su hermano.
Estas y otras consideraciones llevaron al tribunal a revocar la decisión, que luego fue apelada por la demandante, razón por la cual llegó a la Corte Constitucional. Esta corporación no sólo confirmó lo dicho por el Tribunal, sino, además, puso en alerta a las autoridades con respecto a la posible suplantación de Herrera y, además, reprochó que aunque la víctima hubiese sido asfixiada no se hubiera abierto ninguna investigación.
Fue por ello que compulsó copias a la Fiscalía y a la Superintendencia Financiera. A una le pidió que investigue el caso con el fin de esclarecer lo sucedido y a la otra la alertó para que indague posibles irregularidades. La demandante llegó hasta la última instancia para adquirir unos dineros de dudosa procedencia. Asimismo, un seguro se entregó apenas con una llamada telefónica de alguien que al parecer no era la víctima. Estos son los ingredientes de un proceso que alertó a la Corte y a las autoridades sobre los riesgos que puede haber cuando una póliza es entregada sin una mínima investigación.