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La tranquilidad del fiscal general Francisco Barbosa de permanecer en su cargo como jefe del búnker fue momentánea. El espaldarazo que le dio la Sección Quinta, del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Lucy Jeanneth Bermúdez, en febrero pasado, podría verse empañado por una nueva tutela en la que se pide que se revoque el fallo proferido que le salvó la permanencia al jefe del ente investigador. Los demandantes de esa nulidad consideraban que se violaba el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos porque el periodo definido para el ejercicio del fiscal era de cuatro años, contados a partir de su posesión.
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Es decir, el origen de este caso contra Barbosa en el Consejo de Estado vincula indirectamente al exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien renunció al cargo en mayo de 2019, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le garantizó la no extradición al exjefe guerrillero Jesús Santrich. Según la tesis de los demandantes, Barbosa fue elegido para terminar la Fiscalía anterior. Por eso es que insisten en que el periodo de Barbosa terminó en julio de 2020 cuando finalizaba la administración de Martínez Neira.
Los demandantes Esneider Mateus y Gina Ávila le pidieron al Consejo de Estado a finales de 2020 que estudiara nuevamente si el periodo del fiscal era institucional o personal. Para ellos, el periodo es institucional, por lo cual la permanencia de Barbosa debía terminar el 31 de julio de 2020. Con una particularidad: el Consejo de Estado, en 2013, ya había determinado que el periodo del entonces fiscal Eduardo Montealegre era personal y por eso lo dejó en ese cargo durante cuatro años. Hasta ahí esta decisión jurídica parecía zanjada, pero llegó esta tutela.
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A pesar de que la Sección Quinta del Consejo de Estado le dio la razón a Barbosa en febrero pasado, la abogada María Camila Bonilla interpuso una tutela contra este fallo y hoy el asunto vuelve a cobrar relevancia. De acuerdo con su tutela, conocida por El Espectador, tal como habían planteado Mateus y Ávila, el periodo del fiscal debe ser institucional de acuerdo con el diseño del sistema de pesos y contrapesos y la autonomía de las ramas del poder público. Bonilla también señaló que el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado había sido erróneo por la interpretación de los términos de duración de los periodos del fiscal.
En el documento, Bonilla aseguró que los derechos de los ciudadanos al debido proceso, el habeas corpus y a la no autoincriminación en distintos expedientes podrían tener algún riesgo debido a la cercanía del fiscal Francisco Barbosa con el presidente Iván Duque y su partido el Centro Democrático. “Estos derechos están amenazados en forma inminente, real, presente, en la medida en que el fiscal puede ordenar capturas, realizar registros, allanamientos, incautaciones, interceptaciones telefónicas, recaudar elementos materiales de prueba y protegerlos en cadena de custodia”, consignó Bonilla en su tutela.
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La demandante, además, advirtió que este es el “último recurso” que queda para proteger los derechos fundamentales que, a su juicio, están en riesgo por una sentencia del Consejo de Estado que, “sin explicar ni analizar” el contexto, amplía el periodo del fiscal general en el cargo desconociendo y disminuyendo los controles entre las ramas del poder. La tutela está siendo estudiada por la Sección Tercera de Consejo de Estado que deberá definir si, el periodo del fiscal es institucional o personal.
Al margen de la decisión que tome la Sección Tercera, cuya ponencia es del magistrado Nicolás Yepes Corrales, el caso muy seguramente llegará a la Corte Constitucional, donde se dará punto final a esta controversia jurídica. En los documentos en poder de este diario, el abogado del fiscal Barbosa señaló que la tutela no podía ser utilizada de “manera ligera” ni menos aún para debatir y desconocer asuntos que ya tuvieron un estudio y decisión de una autoridad judicial. Por eso solicitó que se declare improcedente ese recurso y se niegue el amparo a los derechos solicitados por la abogada Bonilla.
Por ahora, el proceso está en el Consejo de Estado. En todo caso esta tutela llega en momentos muy difíciles para el fiscal Francisco Barbosa, pues, además de generar incertidumbre sobre su permanencia, se suma a las duras críticas por sus gestiones al frente de la Fiscalía durante el paro nacional. Mientras organizaciones sociales denuncian asesinatos, violencia sexual, desaparecidos y otros excesos a manos de miembros de la fuerza pública, Barbosa ha asumido una postura vehemente en contra de los bloqueos de vías, al punto de comenzar procesos de extinción de dominio a los propietarios de los vehículos implicados.
La historia sobre el periodo del fiscal Barbosa aún no está definido.
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