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Un nuevo escándalo de supuesta corrupción tocó las puertas de una de las principales agencias del Estado. Una tabla de Excel es la prueba reina de la supuesta participación de 28 congresistas en la repartición de contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías). El archivo fue creado por Andrea Ramírez, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En septiembre de 2023 fue enviado a María Alejandra Benavides quien llegó a reemplazarla en el cargo. La tabla contiene información detallada sobre los convenios que habrían beneficiado a los legisladores, a cambio de respaldar distintos proyectos del Gobierno en el Congreso.
Este documento se descubrió a raíz de las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y que terminó con la salida de Bonilla de la cartera. Como resultado, el pasado 28 de febrero, la Fiscalía compulsó copias al alto tribunal para que investigue la presunta participación de estos congresistas en las contrataciones de Invías. Cinco de ellos ya son investigados en paralelo por el alto tribunal en el caso de la Unidad. Se trata de los congresistas Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, quienes se habrían llevado contratos por $78.100 millones.
En sus declaraciones ante la justicia, Andrea Ramírez confirmó la existencia de esta matriz de contratos, pero argumentó que era un procedimiento habitual en la relación entre el Gobierno y el Congreso. Sin embargo, esa versión no se la compró la Fiscalía y por eso envió la información a la Corte para que determine si realmente estos 28 congresistas se beneficiaron irregularmente de la adjudicación de obras de infraestructura. El Espectador detalló las obras y los valores con los que se habría quedado cada uno de estos políticos.
En contexto: Fiscalía pide investigar a 28 congresistas por presunto caso de corrupción en Invías
Wadith Manzur Imbett (Partido Conservador)
Uno de los nombres que aparecen en la lista es el de Wadith Manzur, representante a la Cámara por el Partido Conservador, quien figura en el archivo de Ramírez vinculado a un contrato de $15.605 millones para la “construcción de pavimento rígido en la vía que conduce de la cabecera municipal hacia los caseríos” en Cotorra (Córdoba). Manzur, legislador desde 2018, integra la Comisión Tercera que gestiona temas de Hacienda y Crédito Público.
Olmedo López lo señaló como uno de los presuntos beneficiarios de la red de corrupción en la Ungrd. Según las declaraciones del exdirector de la entidad, Manzur habría emitido conceptos sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, facilitando el redireccionamiento de contratos y la pérdida de recursos públicos. Uno de los casos mencionados es el contrato de los 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira. Debido a esos señalamientos, en 2024 el magistrado Héctor Alarcón, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, le abrió una indagación previa.
Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador)
Liliana Esther Bitar Castilla, también de la Comisión Tercera, proviene de una familia con fuerte influencia política en Córdoba. Su hermano, Said Bitar, fue diputado conservador del departamento y actualmente es alcalde de Cereté. En el caso de Invías, la senadora habría sido una de las beneficiarias de una adición de $21.570 millones a un contrato para un proyecto de vías rurales en el municipio de San Pelayo (Córdoba).
Bitar, al igual que Manzur, habría aprovechado su posición en la Cámara de Representantes para facilitar operaciones de crédito público en el caso de la Ungrd. La hipótesis de los investigadores se basa en más de 50 pruebas documentales obtenidas mediante órdenes de policía judicial y en más de diez testimonios. Según estas evidencias, los involucrados habrían emitido conceptos que respaldaran al Gobierno a cambio de compensaciones que se reflejaron en contratos de la Ungrd en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal)
Juan Pablo Gallo, otro miembro de la Comisión Tercera, desde 2022 enfrenta una investigación en la Corte Suprema por presunto enriquecimiento ilícito. Su nombre ha sido mencionado al caso de Invías por su presunta participación en un convenio interadministrativo destinado al mejoramiento de concretos en la vía que conecta a Magangué con Achí (Bolívar), obra con un valor de $14.860 millones.
En el escándalo de la Ungrd, Gallo fue señalado de beneficiarse del desvío de fondos destinados a la atención de emergencias mediante contratos irregulares, incluyendo la entrega fraudulenta de carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira. El pasado 10 de diciembre, el congresista se presentó ante la Corte Suprema para rendir indagatoria sobre estos hechos. Sin embargo, durante la diligencia, que se prolongó por cerca de una hora, se acogió a su derecho de guardar silencio.
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Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal)
Julián Peinado es representante a la Cámara por Antioquia desde 2018. Su carrera política comenzó en el Concejo de Envigado, donde fue elegido antes de llegar al Legislativo. Su nombre no es ajeno a los expedientes judiciales. En 2019, su cercanía con la administración del entonces alcalde de Envigado, Raúl Cardona, lo salpicó en un escándalo de corrupción que llevó a la captura del entonces mandatario y de cuatro funcionarios más de la Alcaldía. Peinado aparece vinculado a dos contratos del Invías cuyo suma supera los $21.000 millones.
El primero, por $14.000 millones, fue destinado a la pavimentación de vías rurales en Envigado (Antioquia) y ya habría sido ejecutado. El segundo, por $7.200 millones, corresponde a la construcción de cuatro kilómetros de placa huella para mejorar vías terciarias en las veredas La Arboleda y Chaguaní, en el municipio de Tarso (Antioquia). En cuanto al escándalo de la Ungrd, se investiga si Peinado recibió en abril de 2023 un depósito de $400 millones por parte de una persona vinculada a empresas que habrían sido beneficiadas con contratos de la Unidad.
Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde)
Juan Diego Muñoz Cabrera, exrepresentante a la Cámara por la Alianza Verde, dejó su curul en febrero de este año alegando razones de salud. Mientras estuvo en el Congreso, formó parte de la Comisión Tercera Constitucional y de la Especial de Ordenamiento Territorial. Ante la Corte Suprema, Muñoz negó haber sido parte del grupo de congresistas que, según Olmedo López, habrían resultado beneficiados con tres contratos de la Ungrd por un monto superior a los $92.000 millones.
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En el caso de Invías, se le vincula a dos contratos en Boyacá: el primero, por $3.065 millones, destinado al “mejoramiento de la red terciaria del municipio de Saboyá mediante la construcción de tres tramos de placa huella”, y otro, por $2.000 millones, enfocado en el “mejoramiento de las vías terciarias en las veredas San Isidro y San Pedro, en el municipio de Santana-Boyacá”. Según el Excel de Ramírez, el primero ya habría sido ejecutado, mientras que el segundo aún estaba pendiente de ejecución.
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