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No se había terminado el 2018 y Ernesto Orozco Durán ya se perfilaba como el gran favorito a quedarse con la Alcaldía de Valledupar para el período 2020-2023. Desde entonces ha revalidado su favoritismo, punteando en cada encuesta de la capital del Cesar. En la última, entregada hace menos de una semana y realizada por la encuestadora Corporación para la Investigación y el Fomento Empresarial (Cefin), el candidato aventajaba por casi treinta puntos porcentuales a su más inmediato perseguidor, José Santos Mello Castro: 45 % frente a 19 % en intención de voto. En caso de seguir así el panorama electoral, Orozco Durán será el nuevo ocupante del edificio que preside la plaza Alfonso López Pumarejo.
Tras lanzarse con más de 170.000 firmas, Orozco ha convocado a fuerzas políticas de todos los espectros. Su candidatura es apoyada tanto por el Partido Conservador como el Liberal. Asimismo, ha recibido el visto bueno de importantes caciques electorales de la región como Alfredo Cuello Baute, congresista conservador cuya investigación por supuestos nexos con el paramilitarismo fue archivada y, en menor medida, por Cielo Gnecco, cabeza del poderoso clan político Gnecco y hermana de Lucas Gnecco, exgobernador del Cesar condenado por parapolítica. Según habitantes de la zona, el apoyo también vendría desde la Alcaldía actual, pues en varios eventos de campaña habría estado la primera dama de Valledupar, Lisbeth Rosado Ahumada.
Los apoyos a la campaña de Ernesto Orozco no solo vienen de la política tradicional y los clanes políticos de la región. El lunes 12 de agosto se anunció la adhesión de Piedad Lucía Ramírez, exaspirante a la Alcaldía por la Valledupar Humana y el MAIS, que por varios meses luchó con otros tres candidatos para ganarse el apoyo del movimiento liderado por Gustavo Petro. Pero, más allá de lo variopinto de los apoyos, que parecieran reafirmar su favoritismo en las elecciones del próximo 27 de octubre, en los últimos días el candidato ha sido mencionado por posibles irregularidades que cometió cuando fue director de la Caja de Compensación Familiar del Cesar (Comfacesar), cargo que ostentó durante catorce años.
Comfacesar es una de las principales cajas de compensación del departamento. Dentro de sus servicios a sus afiliados está la repartición de subsidios, agencia de empleos, créditos, vivienda e incluso servicios de educación, tanto formal como informal. Durante la administración de Orozco (2004-2018) se habrían presentado malos manejos en la ejecución de recursos principalmente de subsidios y se habrían firmado varios contratos con fundaciones relacionadas con grupos paramilitares. Frente al primer apartado, El Espectador conoció una auditoría de la Contraloría, de noviembre de 2016, en la que se señala varias irregularidades en el funcionamiento de la entidad entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015.
Según el informe, en Comfacesar se encontraron 17 posibles irregularidades en la administración de los recursos: dos con alcance fiscal, cinco con alcance disciplinario, tres indagaciones preliminares, siete traslados a la Superintendencia de Subsidio Familiar y una comunicación a la Fiscalía. Por la misma línea, la Contraloría también halló debilidades en los procesos de contratación de la entidad: “En la etapa precontractual, en la planeación, en la selección de contratistas no existe pluralidad de oferentes, se evidenciaron deficiencias en el cumplimiento de los requisitos de publicación, supervisión y constitución de garantías de los contratos y convenios, inobservando los principios de economía, eficacia y publicación”.
Entre los hallazgos hechos por el ente de control están 2.580 registros de entregas de subsidios a personas que no tenían derecho a ellos y la persistencia en entrega de subsidios a cuatro personas que estaban muertas. Esta información la remitió la Contraloría a la Fiscalía. La institución encabezada por Orozco aseguró que se trataba de prácticas ilícitas de un empleado de la caja de compensación ya denunciado por la propia entidad. A pesar de los elementos hallados por la Contraloría, cuando aún estaba Edgardo Maya al frente del ente de control, no se han abierto indagaciones de responsabilidad fiscal en contra del candidato. Tampoco hay procesos en la Procuraduría ni investigación formal en la Fiscalía.
Por otro lado, hay una denuncia presentada ante la Fiscalía en contra de Orozco por la contratación de Comfacesar con fundaciones que estarían en manos de paramilitares. El contrato denunciado es un convenio firmado en julio de 2010 por el propio candidato con la Fundación para el Desarrollo Social de la Comunidad (Fundescom), por $375 millones, para el acompañamiento a cincuenta hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en seis municipios de Cesar. Aunque parecía una contratación completamente normal, Fundescom sería una de las fundaciones creadas por el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como Jorge 40, para hacerse a los recursos del departamento.
Fundescom fue salpicada en un escándalo de contratación en septiembre de 2010: la Fiscalía emitió orden de captura contra los hermanos Alfredo Barreneche, director del ICBF Cesar de la época, y la exasesora de paz del Cesar, María Victoria Barreneche, por presuntamente desviar dineros de Bienestar Familiar “con la finalidad de obtener provecho económico de ellos y para las Auc, puesto que se ha identificado que los aquí mencionados se encontraban al servicio de esta causa criminal”, aseguró la Fiscalía. Por este caso, están en juicio los dos hermanos, que por varios años estuvieron prófugos de la justicia, y Juan Carlos Luna Pérez, representante legal de la fundación.
Precisamente, con Luna Pérez fue que Orozco firmó el contrato en julio de 2010 entre Fundescom y Comfacesar. Actualmente solo se conoce este convenio con la fundación cuestionada. Es más, el nombre de la entidad ni siquiera aparece en otros listados que dan cuenta de los proveedores aprobados por Comfacesar. No obstante, algunas personas cercanas a la caja de compensación han señalado que existirían otros contratos con la entidad supuestamente creada por órdenes de “Jorge 40”, pero estos habrían sido desaparecidos. Por otro lado, desde que estalló el escándalo del ICBF, Comfacesar habría dejado de contratar con Fundescom, fundación que según registros de Cámara de Comercio está en liquidación.
Entre las fundaciones con las que contrató Orozco durante su administración, llama la atención que una de ellas tiene algunas coincidencias en la composición de la junta directiva con Fundescom. La Fundación Apoyo Social (Funas) ha contratado con Comfacesar desde 2008, cuando Fundescom todavía no había sido señalada de nexos con paramilitares. No obstante, comparte revisor fiscal con la fundación cuestionada y en su junta directiva está Claudia Marcela Castillo Luna, hermana de uno de los miembros de la junta directiva de Fundescom, Carlos César Castillo Luna, y al parecer sobrina de Juan Carlos Luna Pérez, hoy en prisión por el posible desvío de dineros del ICBF a los paramilitares.
Otros nexos
Fundescom no fue la única fundación con posibles nexos con paramilitares con la que Orozco habría contratado. Entre las entidades implicadas en el escándalo de dineros del Bienestar Familiar está Abastecemos, fundación que, según le dijo a la Fiscalía John Jairo Hernández, alias Daniel Centella, fue creada por David Hernández Rojas, alias 39, y alias la Tía. Adolfo Guevara, alias 1001, habría confirmado dicha versión, añadiendo que él se hizo cargo de esta cuando se desmovilizó. Abastecemos aparece en los listados de proveedores aprobados por Comfacesar y está inscrita desde 2007, cuando Orozco llevaba tres años en su cargo. Hoy aparece como proveedor inactivo.
Los señalamientos por presuntos nexos con paramilitares no solo se limitan a la contratación. Personas cercanas a Comfacesar le dijeron a este diario que miembros de Abastecemos pasaron a hacer parte de la caja de compensación. Igualmente, la subdirectora operativa de la entidad desde hace seis años es Rosa Elvira Ustáriz Martínez, quien sería hermana de Giovanny Ustáriz Martínez, más conocido por los alias de Juan José o el Indio. Según las autoridades, este sería jefe del Clan del Golfo junto con los hermanos Úsuga. Ustáriz Martínez también habría sido el jefe de finanzas del Bloque Mártires del Cesar y se habría desmovilizado con el Bloque Norte de las Auc, pero habría continuado delinquiendo por órdenes del propio Jorge 40 hasta que fue capturado en 2011.
La campaña de Ernesto Orozco, sin embargo, hace otra lectura: son intentos desesperados por enlodar al candidato frente a su favoritismo, le dijeron voceros a este diario. Aseguran que durante su administración en Comfacesar solo se contrató con “entidades legalmente constituidas y sin antecedentes de ningún tipo (…) se desconoce que exista relación entre las fundaciones que se hace referencia o de presuntos nexos con paramilitares”. Por otro lado, ante los hallazgos de la Contraloría, la campaña asegura que todos fueron “debatidos y desvirtuados”, por lo que no tiene ninguna sanción o responsabilidad fiscal en su contra.
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