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Luego de varias meses teniendo una dirección bajo encargo, tras la salida de la exfiscal Martha Lucía Zamora, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) tiene una nueva dirección en propiedad. El puesto fue ocupado por César Palomino, un jurista que llega de la Sección Segunda del Consejo de Estado, donde estaba a días de terminar su periodo constitucional de ocho años. En entrevista con El Espectador, habla de la solicitud del presidente Gustavo Petro de intervenir en el Metro de Bogotá, de la reforma a la Procuraduría y a su idea de defensa del Estado de cara al sistema interamericano y a los tribunales de arbitraje de inversión.
¿Cómo fue su llegada?
Yo no hablé con el presidente Gustavo Petro antes del ofrecimiento. A mí me visitó el ministro de Justicia de la época, el doctor Néstor Osuna, a quien conozco por temas académicos en la Universidad Externado. Me contó de la posibilidad y yo efectivamente le dije que estaba interesado. Entendí que se estaba buscando un perfil, más que un nombre, por las funciones y las competencias del Consejo de Estado. Entiendo que el propósito del presidente era tener una persona cercana a los procesos de derechos humanos.
¿Y cómo se acomoda su perfil a la dirección de la Agencia?
El Consejo de Estado fue la primera alta corte, en el país, que aplicó el control de convencionalidad en los casos puntuales de resolución de conflictos. Por ejemplo, lo hizo en los temas de las sanciones de destitución e inhabilidad que impone la Procuraduría, contra elegidos por voto popular, como alcaldes y gobernadores. Desde entonces, implementamos una línea jurisprudencial en la que determinamos que esa entidad no tiene competencia para juzgarlos. Sobre todo, cuando esos juicios conlleven a una sanción de limitación de los derechos políticos, porque en medio están también los derechos de los electores. Esa es la aplicación directa de lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo definió justamente en el caso de Gustavo Petro contra la Nación, en 2020.
De hecho, la cartera de Justicia tiene pensado reformar la Procuraduría…
Si la Procuraduría, como entidad, va a seguir juzgando, desde lo ético y disciplinario, la conducta de los servidores elegidos por el pueblo, necesariamente tiene que cambiar su estructura. Si desde el punto de vista de las reformas del gobierno se considera que a la Procuraduría le van a quitar esa competencia, y se le va a asignar a otra entidad, me parece que puede funcionar perfectamente. Pero, entonces la Procuraduría seguiría cumpliendo con su misión de autoridad administrativa-disciplinaria, en materia de las conductas reprochables de los servidores públicos a nivel general. Pero, excluyendo a los de elección popular.
Por otro lado, hace meses el presidente le solicitó a la Agencia intervenir en el Metro de Bogotá. ¿A qué tipo de intervención se refiere concretamente?
La Agencia tiene una línea de intervención y es en materia de prevención del daño antijurídico. El señor presidente tiene una posición, que no es nueva y que es muy coherente, y es en su idea de un metro distinto del que se tiene proyectado para Bogotá. Estamos muy atentos, pero no para obstaculizar u opinar en relación con decisiones políticas-administrativas de las entidades territoriales. El trabajo se realizará en materia de prevenir algún daño que a futuro pueda ocasionar demandas en contra de las entidades. Y más cuando la Nación tiene gran parte de la inversión en el Metro de Bogotá. Estaremos atentos para que las decisiones que se adopten sean técnicas e informadas para evitar demandas.
¿Tiene otras órdenes concretas del Ejecutivo?
No he tenido una conversación con el señor presidente, pero hay unas circulares y unas directrices a nivel interno. Entre ellas, la número cuatro, en materia de lucha contra la corrupción. Nos ordenaron estar en la primera línea en materia de intervención de procesos como la corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Ahí está actuando la Agencia. También, en el ámbito del sistema interamericano, hay una política de este gobierno de defensa de los derechos humanos en el marco de las soluciones amistosas y los reconocimientos tempranos de responsabilidad del Estado.
No vamos a defender lo indefendible. Hay violaciones que chocan con la dignidad misma y no nos atreveremos, en el ámbito de la razonabilidad, a defenderlas. De hecho, estaré en el Banco (Magdalena) y haremos un acto de perdón a unas víctimas producto de una masacre tras la cual fue condenada la Nación por la Corte Interamericana. Yo, por formación, sí creo que esas soluciones amistosas con las víctimas deben estar en el orden del día frente a las estrategias de defensa que se puedan asumir ante los organismos internacionales, que conforman el sistema interamericano de justicia.
¿Qué se siente pasar de estar en un despacho, a estar cara a cara con las víctimas?
Es una experiencia en la que esperemos nos vaya bien. En el rol del Consejo de Estado se resuelven situaciones con la verdad procesal solamente y ahora me enfrentaré a una verdad material. Verles los ojos a las víctimas de este conflicto armado debe ser toda una experiencia y es muy retador.
Hablando del Consejo, cuando se evalúa la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos, como los falsos positivos, la Policía y el Ejército suele culpar a la víctima de su propia desgracia. ¿Cómo cambiar eso?
En eso hay que ser cuidadosos. Ellos tienen un honor militar y se amparan en ese tipo de argumentos de orden moral, pienso yo. Sostiene posiciones como la de no aceptar responsabilidades. Y la Agencia, que actúa en esos procesos, debe intervenir con una actividad ética. Debemos buscar la forma de conciliar con la defensa que hace la entidad y la de las víctimas. Conectar las dos posiciones, sin que esto internamente se preste para conflictos. Nosotros cumplimos un papel de coordinación de todas las entidades para que la defensa sea efectiva, técnica y que no haya fisuras en relación con las víctimas.
La multinacional minera Zijin nos demandó por no proteger su inversión de oro en Buriticá (Antioquia), abiertamente intervenida por el Clan del Golfo, ¿cuál es la estrategia ahora?
El inversionista chino-canadiense efectivamente presentó una demanda en el tribunal en contra de Colombia, con ocasión, dicen ellos, de la omisión de las autoridades al proteger el derecho que tienen ellos de explotación minera. Estamos en el proceso de conocer la demanda, de preparar la defensa, y hemos convocado una mesa de trabajo con el Ministerio de Defensa y la Gobernación de Antioquia para, de manera coordinada y técnica, hacer la defensa del Estado. La sociedad colombiana puede estar absolutamente convencida que la Agencia va a hacer todo lo humanamente posible con su equipo interno, que es muy competente. Y, por supuesto, habrá que contratar una firma internacional de abogados para que lidere la defensa de la Nación.
Se habla de cambios en la dirección internacional de Defensa, que toma casos como los de Buriticá, Santurbán o el Galeón San José ¿eso es cierto?
Yo creo que la actividad de defensa internacional que se hace por parte de la Agencia ya es institucional. Aquí ya hay un equipo, más que personas y hay una línea que se ha venido creando hace muchos años. Se tiene que conservar esa línea porque es acuciosa. Tienen un permanente diálogo interno con esas entidades que toman decisiones que afectan a los inversionistas, como la Agencia Nacional de Minería o de Hidrocarburos. El equipo siempre ha estado preparado para defender a la Nación cuando se presenta el litigio y también para prevenirlo para que no se presente. De hecho, nuestra apuesta está en la prevención, porque es más lucrativo para la Nación evitar las demandas.
En últimas, las demandas se vuelven inevitables cuando las autoridades internas toman decisiones en defensa de la vida, del medio ambiente y de los derechos colectivos de las comunidades. En ese propósito de defender la vida y el medio ambiente sano, como el agua potable y los servicios públicos, hay decisiones que desafortunadamente afectan a los inversionistas, que tienen un interés distinto: el económico. Lo que sigue es que la Agencia prepare su equipo interno y que contrate buenas firmas de abogados que litigan normalmente ante este tipo de tribunales. En algunos casos vamos a salir bien librados, pero en otros también hay posibilidades de que se condene a la Nación. Y las condenas son en millones de dólares
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