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Santos dijo que algunas "aseveraciones de quienes se someten a la ley de Justicia y Paz pretenden enlodar a personas de nuestra comunidad, chantajear a sectores de ella y generar una percepción que no corresponde a nuestra realidad".
El vicepresidente dijo que el Gobierno es consciente que en circunstancias hubo ausencia del Estado o negligencia estatal en el cumplimiento de sus obligaciones, muchos ciudadanos optaron por apoyar a quienes les ofrecían seguridad y muchos fueron víctimas de coacción.
"A esta realidad no se escapa a quienes vieron en estos grupos ilegales la oportunidad de mantener su poder o expandir sus fortunas, pero creemos que no todas las circunstancias son iguales y que algunas acusaciones han sido hechas con maleficencia, con ánimo de retaliación a quienes los hemos combatido", dijo Santos.
Asimismo, manifestó que mediante un examen exhaustivo de las versiones de los testimonios de los versionados en Justicia y Paz sus órganos judiciales determinen la veracidad de sus testimonios y no incurran en acusaciones injustas.
"No pretendamos que las acusaciones hechas contra los adversarios políticos sean ciertas y las hechas a los amigos sean falsas, aceptemos los fallos de la justicia sin importar a quienes beneficien o condenen", señaló.
El vicepresidente dijo que la Fiscalía es un órgano independiente y es autónomo de iniciar las investigaciones que requiera para esclarecer estos acontecimientos.
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