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Para la justicia, el tema de los falsos positivos se ha convertido en una prioridad inaplazable. Así parecen demostrarlo los hechos más recientes: hace una semana, dos tenientes coroneles fueron arrestados por los asesinatos de algunos jóvenes de Soacha (Cundinamarca). El miércoles, seis soldados profesionales de la IV Brigada fueron detenidos por la muerte de un menor de edad. Y un tercer coronel, José Gabriel Castrillón, fue detenido por las ejecuciones extrajudiciales de cuatro hombres en Unguía (Chocó). El jueves, tres soldados y el mayor Mauricio Rodríguez Ramírez fueron capturados por estos mismos hechos. Y en el Valle del Cauca, un mayor, un capitán y un teniente fueron privados de la libertad por presuntas ejecuciones extrajudiciales, igual que dos soldados en Medellín.
Desde sus hogares, sin darle mayor relevancia, cuatro familias del humilde barrio Los Campos, en el occidente de Popayán, observaron estas noticias. Sus dramas tienen que ver con lo que éstas dicen, pero su dolor no lo registra ninguna cámara. Se trata de los padres, hermanos, hijos y parejas de Efrén Darío Chantre Rivera, Diyer Andrés Barona Valencia, Yeisson David Hidrobo Hoyos y Balbino Arley Gómez, de 23, 24, 23 y 30 años de edad, respectivamente, los cuales dejaron sus casas entre septiembre y octubre de 2007, en teoría con destinos distintos, pero resultaron en el mismo lugar: como N.N. del cementerio central de Montería. Fue la llamada de una fiscal de esa ciudad, hecha el 9 de junio de 2008, la que sacó a estas cuatro familias de la incertidumbre en la que estaban sobre el paradero de los suyos.
Tres de los hombres, al parecer, recibieron ofertas laborales de una mujer llamada Victoria Montenegro y un hombre, José Tránsito Lucumí. Fueron Efrén Darío Chantre, Yeisson David Hidrobo y Diyer Andrés Barona. Tenían en común, además de ser vecinos y amigos desde la infancia, el haber prestado servicio militar en 2003 en un batallón en Mocoa (Putumayo). El primero salió de su casa el 4 de septiembre de 2007; el segundo, al día siguiente. El 6 del mismo mes, ambos fueron reportados como bajas por el Gaula del Ejército de Montería, a raíz de un corto combate ocurrido en la finca Los Brillantes, en zona rural de la capital de Córdoba. Dos de ellos, Chantre e Hidrobo, querían reunir dinero para pasar papeles y reincorporarse a las filas castrenses.
Barona partió de Popayán el 29 de septiembre de 2007. A su madre le dijo que iba a buscar en Medellín un hombre que lo ayudaría a regresar al Ejército, pero el 7 de octubre de ese mismo año, también fue reportado como muerto en combate por el mismo grupo del Ejército que, al parecer, estaba bajo el mando de un teniente llamado Wílmer Lucumí Criollo. El 6 de octubre fue el último día en que Barona se comunicó con su familia, la cual no lo reportó como desaparecido, creyendo que había conseguido reintegrarse en el Ejército y que había sido enviado a alguna zona apartada del país. Doce días después de su muerte, Balbino Gómez también dejó el barrio Los Campos de Popayán para probar suerte en Montería donde, supuestamente, iba a trabajar en la construcción de una casa y una piscina. El 20 de octubre, a las 11:00 p.m., fue reportado como dado de baja en combate.
Así las cosas, la discusión por los falsos positivos no cesará prontamente. El presidente Uribe pidió, una vez más, que no se responsabilice a nadie antes de que la justicia lo haya hecho, dijo que “pululan” las falsas denuncias y solicitó que se acelere un sistema judicial del Estado para los uniformados. Las cuatro familias de Popayán, ajenas a estos debates, sólo saben una cosa: quieren que los restos de sus jóvenes lleguen a su ciudad natal, para poder darles “santa sepultura”. Eso y nada más. La pregunta que tienen desde junio de 2008, cuando se enteraron de su muerte, es cómo conseguirán los casi $3 millones que vale regresarlos a casa.