Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Durante cinco días, el corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar, fue el escenario de una de las masacres más atroces registradas en el conflicto de Colombia. Durante el 16 y el 20 de febrero del 2000, más de 450 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpieron en el corregimiento, y perpetraron una serie de asesinatos selectivos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, que resultó en el desplazamiento de cerca de 4.000 personas y la muerte o desaparición de más de 60 habitantes. Todo esto realizado presuntamente con la complicidad de altos mandos de la Armada Nacional.
Lea: Masacre de El Salado: los pasos de la justicia tras el terror paramilitar
A 25 años de la tragedia, los sobrevivientes y las familias de las víctimas se movilizan hoy en la troncal de occidente, vía intermunicipal que comunica a El Carmen de Bolívar con Cartagena, exigiendo respuestas a un Estado que les ha dado una justicia fragmentada, pues aunque han salido a la luz nuevos detalles del caso, todavía existen aspectos desconocidos sobre la alianza entre los paramilitares y la fuerza pública que desató esta masacre.
Desde las 6 de la mañana, alrededor de 300 habitantes de El Salado marchan con el objetivo de visibilizar los incumplimientos del Estado en la reparación de esta comunidad, víctima del conflicto armado. En este cuarto de siglo la comunidad ha luchado por el restablecimiento de sus derechos y el acceso a una reparación integral. A pesar de decisiones judiciales favorables, como la sentencia T-045 de 2010, muchas de las medidas ordenadas aún no se han materializado, lo que motivó la convocatoria a esta movilización.
El Espectador habló con María Torres, lideresa de El Salado que se encuentra marchando con las víctimas. Torres señaló que “hasta el momento han llegado autoridades de nivel territorial. Llegó la Secretaría de Víctimas y Convivencia y Paz, pero no hemos hecho diálogos con ellos. Luego llegó el señor alcalde del municipio del Carmen de Bolívar, donde nos dice que va a llegar un delegado del alto comisionado para las regiones. Estamos esperando que llegue, y se siente con nosotros”.
La lideresa declaró que la comunidad no parará hasta que “lleguen las autoridades a nivel nacional, pese a que sabemos la dificultad que hay en el gobierno nacional. Lo que necesitamos es que nos atiendan y que se pueda solucionar la problemática de El Salado”. Los habitante exigen una serie de ocho peticiones al gobierno y a las entidades responsables. Entre estas la mejora de la infraestructura de salud y saneamiento, en cumplimiento de la sentencia T-045 de 2010, que ordena la adecuación de un nuevo puesto de salud y la construcción de un alcantarillado digno para evitar riesgos sanitarios.
Otra exigencia es la construcción de vías terciarias para facilitar el acceso entre el casco urbano de El Salado y sus veredas, así como la pavimentación de la calle principal del corregimiento, incluidas en los proyectos PDET. También, la agilización de procesos de titulación y acceso a tierras para el campesinado salaero, que tengan una mayor articulación entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Un punto fundamental es el cumplimiento de las obligaciones estatales en indemnización administrativa, judicial y colectiva, así como avances en el derecho a la verdad en el marco del macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga crímenes perpetrados por la fuerza pública, funcionarios del Estado en colaboración con grupos paramilitares o actores civiles en el marco del conflicto armado. De la mano, la lideresa Torres mencionó que están trabajando en “todo lo que es indemnización por vía administrativa, judicial y acciones de grupo”.
Frente a las exigencias sobre infraestructura, Torres señaló que en este momento El Salado no cuenta con la “adecuación de un puesto de policía, no tenemos casa de la memoria para mujeres, ni en estos momentos. Los niños de cero a 5 años no tienen un lugar médico donde ser atendidos”. Para estos tres últimos, la comunidad exige la presencia del Defensoría porque “juega un papel muy importante en el tema de la acción de grupo”, precisó la lideresa.
Le recomendamos: Los testimonios de la masacre de El Salado, 25 años después de la barbarie
Haciendo uso de su derecho a la protesta, la comunidad también insta a entidades como la Unidad de Víctimas, la Fiscalía, la Procuraduría, la JEP, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud a atender sus demandas y cumplir con sus obligaciones, y además solicitan que los gobiernos locales y departamentales prioricen estas acciones. “Esto es realmente lo que nosotros como salaeros y salaeras pretendemos que se cumpla”, concluyó María Torres, quien aseguró que de no presentarse el gobierno nacional hoy, “seguiremos aquí en pide de lucha”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más