Víctimas de una mezcla mortal

Reclaman que los han olvidado, que sus casos sólo están en boca de la opinión pública mientras su accidente acapara las cámaras de televisión, las principales emisoras y las portadas de los periódicos. El Espectador reunió a cuatro familias que han sido víctimas de conductores borrachos para que volvieran a contar sus historias empolvadas, las cuales solamente vuelven a ser traídas a colación cuando ocurren hechos fatídicos, como los recientemente causados en Bogotá por Fabio Salamanca, un joven de 23 años que borracho chocó contra un taxi y mató a dos mujeres, dejando herido al conductor; o por Jonathan Cabrero, quien bajo los efectos del alcohol atropelló a Ronald Garay y provocó su muerte.

Las víctimas que logró contactar este diario, más que hacer énfasis en sus historias, reiteraron que es necesario endurecer las penas y multas de tránsito para evitar que más irresponsables se pongan al frente del volante en estado de embriaguez. Tanto familiares de víctimas fatales, como personas que quedaron en estado de invalidez, fueron enfáticos en señalar que el Congreso, los jueces y el Gobierno deben crear nuevas políticas públicas que, además de concentrarse en los victimarios, busquen fortalecer programas que acompañen a quienes quedaron inválidos, huérfanos o viudos por culpa de la mezcla letal entre gasolina y licor.

“No queremos más borrachos en las vías”, es el clamor de estas familias, que se sienten voceros de tantos otros cuyos casos no han sido conocidos nacionalmente ni han tenido gran repercusión. Para ellos, el asunto es de urgencia: hay que evitar que estas tragedias se sigan presentando día a día. Hay que sacar a Colombia de ese deshonroso puesto número 20 entre todos los países del planeta, según la Organización Mundial para la Salud, que ocupa en la tasa de mortalidad por conductores ebrios. Y eso que, en materia de consumo de trago, Colombia está lejos de ocupar el primer lugar.

Arnoldo Carrillo
“El Gobierno tiene que poner el freno”

Eran alrededor de las 8:00 p.m. del sábado 11 de agosto de 2011. La familia Carrillo Salas estaba afuera de su casa en el barrio Portal, de la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá, cuando Jesús Antonio Pinzón arrolló a Jennifer Salas, Arnoldo Carillo  y cuatro menores de edad.
Dos de los menores sufrieron heridas leves; otros dos, fracturas múltiples. Lo peor del accidente se lo llevó la pareja. En este momento, Jennifer está internada en una clínica a punto de perder una pierna, luego de que se demoraran cuatro meses en darle una cita médica para tratar una infección ya bastante avanzada.

Las fracturas de Arnoldo no han sanado, existiendo la posibilidad de quedar con movimientos muy limitados. El hombre, que trabaja como soldador, dice que están en una crisis económica y viven de la caridad porque el conductor ebrio que los atropelló no tiene como remediar lo sucedido. Agregó que no lo quiere ver “ni en pintura” y que es necesario que “el Gobierno ponga un freno y ayude a las víctimas, porque nos tienen olvidados”.

Nubia Pinzón
“Si no lo viven no lo sienten”

Un taxista borracho frustró el sueño que tenía Nubia Pinzón de construir una familia: el 27 de marzo de 2011, tras ser arrollada, la mujer perdió cualquier posibilidad de volver a caminar y de tener hijos debido a las complicaciones que podría tener. El apartamento recién comprado y los planes en pareja se fueron a pique por la irresponsabilidad de un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol, quien ya fue condenado a 20 meses de prisión.
Nubia quería lo que desean inmediatamente todas las víctimas: cárcel para su verdugo. Sin embargo, hoy admite que su dolor jamás sanará, mientras el hombre que fue privado de la libertad volverá a bailar y a caminar. “Si la gente no lo vive, no lo siente. Es difícil ver que cada día hay una nueva víctima y las personas no toman conciencia”, expresa Nubia, quien dice sentirse afortunada por las personas que están a su alrededor y la han acompañado en su proceso.
Es enfática al señalar que el Estado debería meterse de fondo con las víctimas y darles su lugar: “Muchas veces quedamos desprotegidas y merecemos las mismas oportunidades”. Agrega que uno de los aspectos a revisar en Colombia es cómo se entregan a diestra y siniestra licencias de conducción sin que se haga un seguimiento exhaustivo.

Ericka Zafra
“Aquí matar sale barato”

Uno de los accidentes derivados de la embriaguez que más conmocionó a los colombianos fue el que provocó el abogado Fernando Abello. El próximo 20 de agosto la señora Zoila Rosa Pardo cumplirá tres años de muerta. Sus hijos, cuñados, un policía y el joven Daniel Klug dan gracias por estar vivos. Ericka Zafra, hija de Zoila Rosa, estuvo presente la noche en que su madre falleció y recuerda entre lágrimas y con su bebé recién nacido el fatídico hecho, mientras asegura que en Colombia “matar sale barato”.

La pena que le impusieron a Abello fue de cuatro años de prisión, de los cuáles pagó uno y medio mientras estuvo en prisión domiciliaria y un mes en la cárcel La Modelo. Dice Ericka que Mesitas del Colegio (Cundinamarca) fue el último lugar de donde recibieron información sobre el paradero del victimario. “Una indemnización no nos repone a mi mamá. No lo odiamos ni tenemos rencor porque sé que existe la justicia divina y ese es el karma que él está pagando. Pero de algo sí estamos seguros: si su condena hubiese sido ejemplar, hoy no estaríamos viviendo nuevas tragedias. La gente hubiera tomado conciencia”, señala la hija de Zoila Rosa.

“A nosotros nos olvidaron. Necesitamos que en Colombia no sean sólo estadísticas sino que en realidad se promuevan programas para proteger a las víctimas y a las personas de los conductores borrachos. No podemos permitir que personas que eran el eje de las familias, como nuestra mamá, sigan muriendo”, agregó Ericka. Hoy tienen una demanda contra el Estado y junto con Daniel Klug se adelantan charlas y campañas de prevención sobre mezclar alcohol y gasolina.

Ana Romero
“Necesitamos justicia ejemplarizante”

El 7 de julio de 2012, el país se estremeció con la noticia del accidente que ocasionó la muerte de tres motociclistas y dejó herido a otro en la vía La Calera–Bogotá. El responsable fue Juan Carlos Varela Bellini, un hombre que horas antes había estado tomando trago con sus amigos. Muchas fueron las críticas al proceso que se llevó en su contra, que finalmente terminó con una condena a Valera Bellini de cinco años y nueve meses. 

Ana Romero y Helena Fajardo, madre y hermana de Édgar Isaías Fajardo —una de las víctimas mortales—, insisten: “No queremos más personas irresponsables que manejan borrachas y después dejan viudas, huérfanos y padres sin sus hijos. Falta mano dura para que se acabe está situación porque estos son actos premeditados y tiene que haber justicia ejemplarizante y penas severas”.

“Mi corazón llora todos los días de mi vida”, señala Ana Romero, quien dice que el problema no es de plata sino que las personas pierden para siempre a sus seres queridos. Las tres víctimas de este fatal episodio aceptaron una reparación económica por parte de Valera Bellini, sin embargo, la hermana de Fajardo manifiesta que no se trata de entregar $350 millones a una niña que quedó huérfana. Asegura que a su sobrina aún le queda mucho tiempo para poder valerse por sí sola y que no es posible que vaya a tener que mendigar para sobrevivir.

Ana Romero y su hija indican que la justicia colombiana sigue siendo muy laxa frente a los conductores embriagados. Piden urgentemente que el Estado empiece a velar por la protección de las víctimas, que quedan en el olvido luego de que sus casos pierden coyuntura. “Aquí no importa el estrato social, en cualquier esquina alguna persona puede ser arrollada por un borracho sino se empieza a tener un mayor control”, indicó Helena Fajardo.