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Ante la Fiscalía General, la defensa de las víctimas del Fondo Premium de InterBolsa presentaron nuevos elementos materiales probatorios para que sean tenidos en cuenta en el proceso que se adelanta por el descalabro bursátil de la comisionista de bolsa.
Entre las pruebas entregadas se encuentran informes forenses, así como una memoria de USB en la cual se encuentran «todos los correos electrónicos organizados por el nombre de la cuenta de usuarios» de personas que hacían parte de InterBolsa y quienes habrían participado en el manejo irregular de dineros.
En la memoria USB, resalta el documento, se encuentran elementos relacionados con el manejo de las decisiones de inversión de los Fondos y sus filiales, decisiones sobre las inversiones efectuadas por los clientes de los Fondos y filiales de los mismos, información sobre pago de comisiones a corredores, información contable y financiera, así como información sobre contratos celebrados.
En el análisis de los correos se indica que existen pruebas para inferir que se estaban captando recursos de inversionistas en efectivo, a través de filiales del Fondo, así como movimientos irregulares los cuales eran desconocidos por los miembros del llamado Fondo.
Con esto se busca demostrar que los altos directivos de InterBolsa «intervenían en la toma de decisiones y el manejo del portafolio» además del hecho que conocían y estaban informados sobre aspectos puntuales y específicos «como el ingreso de clientes al Fondo, realización de campañas para captación de recursos, estado de los créditos de las filiales de fondo, algunos de estos con personas vinculadas como lo son Alessandro Corridori y Victor Maldonado y sus empresas».
Igualmente se señala que en el marco de esas operaciones y negocios se trasladaron créditos de algunos de los procesados y sus empresas lo que afectó de manera negativa su interés patrimonial.
En este punto se identifica la manipulación de las acciones de la empresa Fabricato y la compra y venta de dichas acciones mediante una figura que permitió su alteración fraudelenta.
Las víctimas están a la espera de la respuesta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para que se resuelva la solicitud para que sean avalados como víctimas en el proceso penal que se adelanta contra 16 personas.
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