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El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio tiene conmocionado a todo Ecuador, que hasta hace unos años gozaba de ser el territorio más pacífico de la región y que, a apenas días de las elecciones presidenciales, como nunca está sumido en el terror del crimen organizado. El pasado 9 de agosto, la Policía capturó en un allanamiento a los primeros sospechosos del hecho en Quito, a quienes se les incautaron un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, municiones y un carro reportado como robado. Luego de que en tiempo récord las autoridades revelaron la captura de seis “extranjeros”, El Espectador confirmó con fuentes oficiales de ese país que los detenidos son colombianos.
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Se trata de Andrés Manuel Mosquera, José Néider López, Adey Fernando García, Camilo Andrés Romero, Jules Osmin Castaño y Jhon Gregore Rodríguez. Por ahora la Policía no ha detallado el nexo que habría entre los seis colombianos y la ejecución del crimen contra Villavicencio. No obstante, se sabe que el sicario que disparó tres veces contra el candidato resultó muerto durante la misma acción criminal. Es la primera vez que en Ecuador un candidato presidencial es asesinado. Y se trató de quien, justamente, había inclinado su discurso en contra de lo que consideraba un presente de “narcoestado”, en un país tomado, según él, por los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y hasta la mafia albanesa.
Mientras Ecuador vive su propia crisis de seguridad, a la que se suma el asesinato del alcalde de la municipalidad de Manta (puerto estratégico), el pasado 23 de julio, Colombia quedó de nuevo en el radar internacional por culpa de sus nacionales capturados por sacudir la institucionalidad de todo un país. La última vez fue en mayo de 2022, cuando sicarios asesinaron al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en la isla Barú, de Cartagena. La víctima fue alcanzada por un par de criminales, quienes en una moto acuática lo siguieron a donde descansaba con su esposa, con quien esperaba un hijo y disfrutaba de su luna de miel. El avance de la justicia, sustentado en condenas, permitió conocer que un grupo de colombianos fueron contratados para ello.
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El último par de condenas datan de mayo pasado, cuando los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos fueron sentenciados a 25 años de prisión por financiar el asesinato. La Fiscalía ha logrado seis condenas, incluyendo la del sicario, Wendret Carrillo, y el cerebro en Colombia, Francisco Luis Correa. El expediente ha permitido concluir que el plan se maquinó en Medellín, que a Pecci se le siguió en Cartagena y que, en síntesis, se contrató a asesinos a sueldo. Pero sobre quién ordenó el crimen aún no hay información certera. Por ahora las autoridades apuntan al narco uruguayo Sebastián Marset, quien habría hecho una fortuna cargando droga de Bolivia (donde jugó fútbol profesional) a Paraguay, y de allí a Europa.
El fiscal paraguayo Marcelo Pecci estaba a cargo de la operación anticrimen más potente de la historia reciente de Paraguay: “A Ultranza PY”, alertada desde 2021 en países como Alemania y Bélgica, y apoyada por agencias extranjeras como Europol y la DEA. Según InsightCrime, solo en la primera semana, la estrategia nacional antinarcotráfico ejecutó más de un centenar de órdenes de allanamiento e incautación, así como 43 órdenes de captura. La Fiscalía paraguaya, incluso, habría conectado con esa red a “figuras de sectores rivales del partido de gobierno”, según el portal especializado en crimen organizado. Se habla de más de US$250 millones en incautaciones después del lanzamiento de “A Ultranza PY”.
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Según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), la sostenida guerra nacional, las difíciles condiciones económicas para los soldados retirados y el entrenamiento militar importado de Estados Unidos han posicionado a Colombia como uno de los principales proveedores de mercenarios al mundo. La prueba más reciente de ello la padeció Haití, cuando en julio de 2021 el entonces presidente Jovenel Moïse fue acribillado a balazos en su propia residencia. Tal como sucedió con el caso del candidato Villavicencio, en cuestión de horas fueron detenidos los primeros sospechosos. Respecto al magnicidio en Haití, todos los detenidos, 19, son colombianos y fueron hallados en flagrancia.
Dos de los exmilitares colombianos, Mario Palacios y Germán Rivera, son procesados en Estados Unidos, dado que el caso menciona una empresa con sede en Miami: CTU Security Services, la cual habría contratado a los nacionales. Los otros 17 señalados han vivido las consecuencias de un proceso congelado. Desde la captura, la justicia haitiana no ha hecho nada para intentar juzgarlos, mientras fueron condenados públicamente y su defensa advierte, contra todo pronóstico, que serían inocentes. A este diario, la abogada Sondra Macollins le dijo que están solicitando un juicio justo y que ni siquiera les dejan radicar recursos básicos, como un habeas corpus para que les garanticen la libertad tras dos años sin avances. Ese caso está estancado en el sistema judicial haitiano. En el de Pecci, falta saber quién fue el autor intelectual. El de Villavicencio recién empieza. Y en todos, Colombia responde.
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