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Casi nueve meses después del magnicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación solicitó la captura de la cúpula de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc comandada por alias “Iván Márquez”. Una determinación que pone en el plano de la autoría intelectual a los presuntos responsables de un crimen que conmocionó a Colombia.
En otras palabras, el ente investigador ya enfiló sus cargas para endilgar responsabilidad penales, no a quien disparó ni organizó el atentado el pasado 7 de junio de 2025, sino a quien dio la orden. Las órdenes de captura son por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los involucrados en el caso son Luciano Marín, alias “Iván Márquez”; Géner García, alias “John 40”; José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”; Jhon Jairo Bedoya, alias “Rumba”; Alberto Cruz, alias “Enrique Marulanda”; Diógenes Medina, alias “Chalo”; y Kendric Téllez, alias “Yako”. Además, las autoridades ofrecieron recompensas que van desde COP 2.000 millones hasta COP 5.000 millones por información que permita dar con su paradero.
Desde septiembre de 2025, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el entonces director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, dijeron que tenían pistas sobre la participación de la Segunda Marquetalia. Pero solo hasta ahora la Fiscalía confirmó que tiene pruebas para comprobarlo.
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“El asesinato del doctor Uribe Turbay fue motivado por razones político-instrumentales vinculadas al ejercicio de sus funciones como senador y precandidato presidencial de Colombia. Así las cosas, el homicidio reúne todos los criterios para definirse como un magnicidio”, dijo la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, durante una rueda de prensa.
Desde el ente investigador agregaron que la orden de asesinar al senador del Centro Democrático estaría “orientada a generar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país”. Esa conclusión no es nueva, como tampoco lo es la violencia contra la familia Turbay por parte de la antigua guerrilla de las Farc, que la ha marcado desde los años 80.
La Comisión de la Verdad señaló en su informe del 2022 que “un caso que ilustra con claridad el ataque a la política tradicional es el ocurrido al liberalismo hegemónico de la familia Turbay en Huila y Caquetá. Las FARC-EP emplearon un amplio abanico de formas de violencia contra miembros de esa familia y de sus partidarios entre 1988 y 2001”.
Hace referencia a la familia Turbay Cote, descendientes de Abbas Turbay, un libanés que llegó a Colombia hacia 1940, que hizo riqueza con la ganadería y cuya familia se convirtió en una de las más influyentes de la política del Caquetá. Son, a la vez, parientes lejanos de Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay y descendiente de Antonio Amín Turbay, otro libanés que emigró a Colombia hacia 1880.
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El 16 de junio de 1995 la violencia tocó a los Turbay de Caquetá. Rodrigo Turbay Cote fue secuestrado por la antigua guerrilla de las Farc en Paujil, al occidente del departamento. Había sido concejal, diputado, presidente de la Cámara de Representantes y director del Partido Liberal. Incluso había hecho parte de la Comisión de Paz que intentó negociar con ese grupo durante el gobierno de Belisario Betancur.
Durante casi dos años estuvo secuestrado. Su familia solo tuvo noticia de él en diciembre de 1995, cuando le escribió una carta a su madre, Inés Cote de Turbay, en la que le decía que buscaba un acuerdo para su liberación. Pero fue asesinado y su cuerpo apareció el 3 de mayo de 1997, abandonado en una escuela de Cartagena del Chairá.
La barbarie no cesó. El 29 de diciembre del 2000, guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero de las antiguas Farc detuvieron una caravana que iba de Florencia a Puerto Rico (Caquetá). Allí se movilizaba Diego Turbay Cote, hermano del fallecido Rodrigo Turbay, que para entonces era congresista y presidente de la Comisión de Paz de la Cámara.
Lo acompañaban su madre, Inés Cote de Turbay, un amigo, un conductor y tres escoltas. Los guerrilleros dispararon a las llantas de los vehículos y el congresista intentó dialogar. Pero los guerrilleros respondieron con balas: le dispararon en 57 oportunidades a él y a quienes lo acompañaban. Por ese crimen, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a juicio al excongresista Luis Fernando Almario, en 2023.
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Dos años después, el 20 de febrero de 2002, la antigua guerrilla de las Farc de nuevo apuntó hacia la familia Turbay. Jorge Eduardo Gechem Turbay, primo de Rodrigo y Diego Turbay Cote, viajaba en un avión HK-3951 de la aerolínea Aires que cubría la ruta de Neiva (Huila) a Bogotá.
Hombres de la Columna Móvil Teófilo Forero que estaban infiltrados secuestraron el avión en pleno vuelo y lo obligaron a aterrizar en la Ruta 45, en jurisdicción del municipio de Hobo (Huila). Con la aeronave en tierra, los guerrilleros tomaron por rehén a Gechem Turbay, quien para entonces presidía la Comisión de Paz del Senado, y se lo llevaron con rumbo desconocido. Estuvo secuestrado durante seis años, hasta su liberación el 27 de febrero del 2008.
Además de esta cronología de casos, la violencia del narcotráfico también dejó su rastro de sangre en la familia Turbay. El 25 de enero de 1991, la periodista Diana Turbay Quintero, madre de Miguel Uribe Turbay e hija del expresidente Julio César Turbay, murió durante un operativo de rescate fallido liderado por la Policía en Copacabana (Antioquia).
Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, ordenó su secuestro el 30 de agosto de 1990, en plena guerra del narcotráfico. Las autoridades intentaron rescatarla en una trágica operación con unos 120 uniformados, cinco helicópteros y dos camiones. Durante su huida, la mujer recibió tres disparos y falleció. Miguel Uribe Turbay, el menor de sus dos hijos, tenía apenas cinco años.
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A más de dos décadas de esos convulsos años, de nuevo personas vinculadas a ese grupo ilegal aparecen en el mapa de violencias contra la familia Turbay. Ahora reagrupadas en la Segunda Marquetalia, la disidencia comandada por “Iván Márquez” y que, según las pistas más recientes de la Fiscalía, estaría detrás de la orden de asesinar al senador Miguel Uribe Turbay. Nueve personas han sido judicializadas por su relación con el atentado.
La condena más reciente fue contra Simeón Pérez, alias “El Viejo”, quien pagará 22 años y cuatro meses de cárcel tras aceptar haber sido el enlace entre la banda criminal que ejecutó el atentado y quienes habrían dado la orden: al parecer, las disidencias de las Farc. Una pista que ahora la Fiscalía tendrá que probar.
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Por Gustavo Montes Arias
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