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En el Guaviare la guerra de las disidencias de las Farc no da tregua. En la mañana del 19 de enero, mientras en la región del Catatumbo los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se agudizaban, la realidad no era diferente en este departamento.
El pasado domingo, las autoridades reportaron combates entre los bloques Amazonas y Jorge Suárez Briceño de las disidencias en zona rural del municipio de Calamar. En el hecho murieron 20 combatientes —cinco mujeres y 15 hombres—, cuyos cuerpos ya fueron trasladados por el Ejército a Villavicencio (Meta), para su identificación. En la comunidad quedó el sinsabor de una guerra que no cesa, mientras que autoridades y organizaciones de derechos humanos alertan sobre una inminente escalada de violencia.
Los hechos del pasado domingo se suman a una larga lista de cifras y alertas por la crisis que enfrenta la región ante la presencia permanente de las dos facciones disidentes del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. En 2024 hubo dos masacres en las que murieron siete personas: cuatro en San José del Guaviare y tres en Miraflores. En este último municipio también fue asesinado un líder social en abril pasado, según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
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En septiembre del año anterior, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas llamó la atención sobre la situación de 3.830 personas bajo amenaza de confinamiento por los enfrentamientos entre las disidencias.
La Defensoría del Pueblo también ha alertado sobre la alta posibilidad de una escalada de conflicto en el departamento. El pasado 10 de diciembre, durante la entrega del balance de protección de derechos humanos, la entidad advirtió que, pese a que en ese departamento solo hay presencia de las disidencias de las Farc, “las vulneraciones a los derechos humanos son significativas, con imposición de normas de control social, restricciones a la movilidad y ‘cercos humanitarios’, lo que expone a la población a riesgos constantes y limita la acción de la fuerza pública”.
Tras los enfrentamientos de la última semana, la Defensoría se pronunció de nuevo sobre la situación del Guaviare, recordando a los grupos armados “su obligación de respetar de manera irrestricta a la población civil y el Derecho Internacional Humanitario”.
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Guerra de disidencias
Si bien en el Guaviare no hay presencia registrada del ELN ni del Clan del Golfo, la disputa entre disidencias de las Farc ya está por cumplir una década de enfrentamientos. En junio de 2016, antes de la firma del Acuerdo de Paz, el frente primero, comandado por alias Gentil Duarte, abandonó los diálogos y la dejación de armas.
Entre 2018 y 2022, esa estructura armada tuvo un creciente fortalecimiento. Para 2023, ya tenía una importante capacidad de acción, como lo explica Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Según la experta, su poderío lo consiguió principalmente a través de las rentas de la extorsión y la minería ilegal. Esa facción es dirigida hoy por alias Iván Mordisco y es conocida como el Estado Mayor Central (EMC).
En octubre de 2023, cuando inició la negociación de paz del gobierno Petro con esa disidencia de las Farc, el EMC se fragmentó una vez más. Los intereses de las subestructuras que integraban las disidencias no correspondieron con la intención de negociación del Ejecutivo, por lo que una parte, dirigida por alias Iván Mordisco, decidió levantarse de la mesa y seguir en las armas.
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“El Estado puso las cartas sobre la mesa muy temprano. Los intereses de mandos medios territoriales los volvieron a fragmentar. El ala de Mordisco se va de las negociaciones y el ala de Calarcá se queda”, señaló Bonilla. Eso implicó una nueva disputa entre ambas facciones armadas por el control de los territorios sobre los que tienen intereses, principalmente, por su importancia para las rutas del narcotráfico y las rentas de las extorsiones.
En el caso específico del departamento del Guaviare, la conveniencia de las dos alas disidentes en mantener el control territorial sobre sitios, como el municipio de Calamar, son las rentas de negocios como la siembra de coca, que financia gran parte de su acción criminal. Según registros del Ministerio de Justicia, en 2023 ese departamento tuvo un total de 4.970 hectáreas sembradas con cultivos de coca.
Esa es una actividad que no solamente alimenta la violencia, sino también la degradación ambiental. Por mencionar una cifra, y según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), entre 2022 y 2023, solo en el municipio de Calamar, se talaron 4.932 hectáreas de selva para adecuar el terreno para cultivos ilícitos y construcción de carreteras.
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A eso se suman otras fuentes de interés por el dominio territorial, como el cobro de vacunas a comerciantes, ganaderos y población civil y el control de las rutas del comercio de coca, armas y minerales explotados informalmente. “La administración de ese lugar se convirtió en su modo de vida”, explicó Bonilla. Además, no descartó que estructuras como el Clan del Golfo se interesen en llegar a la región.
Actualmente, ese grupo es el de mayor expansión en el país, con al menos 7.000 hombres en armas y grupos de apoyo, según Fuerzas Militares. El interés por mantener, defender y ampliar sus zonas de influencia es lo que lleva a combates como el de la última semana en el que, según informó la Fuerza de Tarea Omega a este diario, por fortuna no se registraron muertes de civiles ni de menores de edad.
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Medidas urgentes
Ante el panorama de mesas de negociación estancadas e intervención militar obligada en regiones como el Cauca y el Catatumbo, existe una alta probabilidad de que el conflicto se agudice en menos de lo pensado: “Es muy probable que suceda una escalada del conflicto”, señaló Bonilla.
Desde su perspectiva, hay más posibilidad de que aumente la crisis de seguridad y orden público, como lo que está pasando en Norte de Santander, a que se atiendan los llamados de las autoridades e instituciones para que atiendan las necesidades de una región que ha pedido de todas las maneras una inversión social e infraestructura para el desarrollo.
Si bien las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control demandan que se inviertan recursos, por ejemplo, en la construcción de escuelas para desincentivar el reclutamiento de menores, las administraciones regionales no cuentan con los recursos para hacerlo.
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De allí la importancia de avanzar en las modificaciones al Sistema General de Participaciones, “para que alcaldías y gobernaciones tengan el dinero necesario para cubrir las deudas que el Gobierno tiene en el territorio, en temas como la sustitución de cultivos de uso ilícito”, explicó Bonilla. “No es que la coca pague muy bien, sino que el resto de actividades lícitas pagan muy mal. Hay una deuda muy grande y no hay gobierno que no haya fracasado”, agregó.
Otros analistas del tema, como Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), coinciden en que no solo se necesitan ayudas humanitarias para las regiones en guerra, sino también intervención institucional. De lo contrario, advierte, en el Guaviare la situación podrá estallar antes de lo esperado.
Por ahora la gobernación enviará un comunicado al Alto Comisionado para la Paz con el objetivo de que la situación regional se aborde en las mesas de diálogo. Además, le pedirán al Gobierno Nacional que instale un Puesto de Mando Unificado cuanto antes en el departamento para proteger la seguridad de la población. Las alertas están prendidas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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