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Mientras que la atención está puesta en la región del Catatumbo (Norte de Santander) por los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el Pacífico y suroriente del país la acción de los grupos armados, en sus respectivas luchas territoriales, es una bomba de tiempo.
Enfrentamientos entre facciones disidentes de las Farc en Guaviare y acciones de control territorial entre el Clan del Golfo y el ELN en el Chocó ponen en riesgo a población civil y a los mismos militares. El hecho más reciente ocurrió en el municipio de Tadó (Chocó), donde fue asesinado el soldado Willinton Mosquera y otros dos resultaron heridos, en medio de operaciones contra el ELN. Autoridades regionales alertan sobre una posible escalada de violencia.
Solo una semana antes de la muerte del soldado Mosquera, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba fue víctima de un ataque por parte de hombres armados mientras se movilizaba en la vía que comunica a Quibdó con el departamento de Antioquia. La Unidad Nacional de Protección (UNP) reconoció que existían fallas en el esquema de seguridad de la mandataria, lo que la puso en grave peligro.
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Esto, sumado al riesgo que representan las constantes denuncias que Córdoba ha hecho sobre la acción de los grupos armados en su departamento. “No cederé ante ningún amedrentamiento. Seguiré tomando las acciones por la seguridad de los chocoanos y denunciando las flagrantes violaciones a los derechos humanos contra nuestra población”, dijo la gobernadora en su momento.
El 7 de noviembre de 2024, mientras se anunciaba una hoja de ruta para destrabar las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN, esa guerrilla declaraba el inicio de un paro armado en el departamento del Chocó. Según la Defensoría del Pueblo, ese paro dejó confinadas a al menos 50.000 personas de 85 comunidades en Sipí, Cajón, y San Juan.
Al tiempo, se intensificaron las confrontaciones de ese grupo armado con el Clan del Golfo. En 2024 hubo también dos masacres en el departamento, en las que fueron asesinadas siete personas y siete líderes sociales fueron asesinados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
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El secretario de Gobierno del Chocó, Francisco Vidal, le dijo a El Espectador que es difícil determinar cuál grupo armado fue el que perpetró el ataque en contra de la caravana en la que se transportaba la gobernadora. La misma problemática se repite en las distintas subregiones del departamento: la disputa territorial entre Clan del Golfo, ELN y organizaciones criminales que actúan al servicio de ambos grupos, hace casi imposible determinar quiénes son y dónde actúan.
“El 100% del departamento tiene presencia de grupos al margen de la ley. Nosotros venimos sintiendo que el tratamiento de la situación en el Chocó requiere una mirada diferente, porque no es exactamente la mirada de conflicto que se observa a nivel nacional”, señaló. En medio de este contexto, la Defensoría del Pueblo ha emitido 38 alertas tempranas entre 2017 y 2024, sobre aumento de la presencia del Clan del Golfo en la región.
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Los motores del conflicto
Los réditos de los cultivos de coca, y la minería ilegal son algunas de las principales fuentes de financiación de los grupos armados en el Chocó, de ahí su interés por mantener el dominio territorial. El más reciente monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala que en 2023 el Chocó se consolidó como una de las zonas de expansión de cultivos de coca en el país, con 6.882 hectáreas sembradas.
Durante los últimos años el Chocó ha experimentado un aumento en la cantidad de cultivos de coca, como lo señaló a este diario Andrés Cajiao, coordinador de la Unidad de Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). La razón: “las costas son corredores muy importantes para el narcotráfico, la entrada y salida de armas”, señaló.
Dos sitios en los que se ha identificado influencia importante de estos grupos son las cuencas baja y media del río San Juan, donde ambos grupos se disputan el control sobre los cultivos de coca, tienen infraestructura ilícita para su procesamiento y han construido corredores estratégicos para su tráfico. “El ELN y el Clan del Golfo tienen una confrontación acentuada en los corredores de tráfico de sustancias ilegales, por el control territorial”, agregó el secretario Vidal.
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Ese no es un asunto nuevo; lo problemático del caso es que el conflicto que ha generado el control de esos corredores para las economías ilícitas se mantiene de forma sostenida y cada vez es más difícil acceder a información que permita caracterizar la dinámica de la acción criminal en regiones como el sur del Chocó y plantear nuevas estrategias para atender la situación.
En cuanto al negocio de la minería ilegal, en el Chocó se extrajeron 37.9 toneladas de oro entre 2017 y 2022, según otro informe de la UNDOC. Y en diciembre de 2022 la Procuraduría General de la Nación publicó un informe en el que se detalla que el Chocó fue uno de los departamentos con mayor incidencia de la minería ilegal en el país.
Cerca del 70% del oro que se produce allí lo extraen los grupos ilegales. En el último año, se usaron al menos 195 toneladas de mercurio para su extracción, lo que representa un grave impacto sobre el medio ambiente. “El Chocó representa rendimientos económicos muy altos; el problema es por el manejo de recursos, el departamento produce mucha rentabilidad para los grupos armados”, dijo el secretario Vidal.
Para contener el avance de los grupos adversarios, el Clan del Golfo y el ELN han incrementado la siembra de minas antipersona. La gobernadora del Córdoba denunció que en 2023 se presentaron 160 incidentes con esos artefactos en 22 municipios del Chocó.
“Le hemos solicitado a la Brigada 15 del Ejército Nacional amplificar las tareas de desminado para prevenir más muertes; aun así, esto no es suficiente, necesitamos que todas las instituciones vuelquen sus esfuerzos a mitigar un daño que se le está haciendo a todos los chocoanos y chocoanas”, denunció en su momento la mandataria.
Cajiao explicó que esa era una estrategia usada exclusivamente por el ELN “para mantener zonas de retaguardia importante, como el sur del Chocó, el litoral del San Juan, Istmina y Sipí”. Y agregó: “ese no era un método usado por los gaitanistas, pero vemos un incremento del uso de minas por parte del Clan del Golfo”.
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Ante ese panorama de guerra sostenida, las autoridades del departamento del Chocó han sido insistentes en llamar la atención del Gobierno Nacional para que atienda de forma diferencial el conflicto armado en la región. Ya le han pedido a la Cancillería que se considere la posibilidad de tener un consulado en el lado panameño de la frontera con el Chocó, para controlar el tráfico de migrantes manejado por el ELN y grupos criminales.
También la construcción de un distrito especial de Policía en Quibdó, la continuidad en los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y avanzar en la formalización de la minería artesanal. Con esto le restarían fuerza a las fuentes de financiación de los grupos armados.
“Respuestas del Gobierno Nacional siempre hay”, dijo el secretario Vidal; pero exigen que se materialicen en acciones reales para desactivar la guerra que se mantiene y evitar que se agudice como viene antes de lo esperado, como sucede en otras zonas del país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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