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Entre febrero de 2000 y febrero de 2001, un jefe paramilitar desató en Ocaña (Norte de Santander) una cadena de secuestros, homicidios y agresiones sexuales que dejó al menos 16 víctimas. Algunas fueron sacadas de sus casas; otras, raptadas durante un evento de moda o en inmediaciones de la cárcel municipal. Más de dos décadas después, esos crímenes, que habían quedado por fuera de los procesos de Justicia y Paz, encontraron una primera respuesta en los tribunales.
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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años de prisión a Noé Jiménez Ortiz, alias “Negro Jiménez”, antiguo comandante del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La sentencia no solo estableció su responsabilidad por seis hechos criminales, sino que concluyó que la violencia sexual fue uno de los instrumentos utilizados por la estructura paramilitar para castigar a las víctimas, intimidar a las comunidades e imponer su control sobre el territorio.
Jiménez Ortiz fue comandante de zona del frente paramilitar en San Martín, Aguachica y Gamarra, en el departamento del Cesar, y en Ocaña (Norte de Santander). El pasado 30 de junio aceptó su responsabilidad en seis hechos criminales ocurridos entre febrero de 2000 y febrero de 2001. Ninguno había quedado incluido en el proceso que anteriormente se adelantó en su contra en Justicia y Paz.
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El Tribunal lo declaró responsable de homicidio en persona protegida, acceso carnal violento, actos sexuales violentos, desnudez forzada, secuestro simple y agravado, desplazamiento forzado y constreñimiento ilegal, entre otros delitos. Además de la pena alternativa de ocho años, deberá pagar una multa equivalente a 21.862 salarios mínimos mensuales vigentes para 2006. También quedó inhabilitado durante 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.
El secuestro de la adolescente y de su primo fue apenas uno de los casos reconocidos por el antiguo comandante. Jiménez Ortiz también aceptó su responsabilidad por lo sucedido durante un evento de moda realizado en una discoteca, del que los paramilitares se llevaron por la fuerza a tres menores de edad. Dos fueron víctimas de violencia sexual. La tercera permaneció desnuda contra su voluntad durante varias horas.
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Otro de los hechos comenzó cuando los hombres bajo su mando entraron a una vivienda y secuestraron a seis personas. Una de las mujeres retenidas fue asesinada y otra sufrió agresiones sexuales en repetidas oportunidades. Una víctima adicional fue secuestrada dos veces y sometida a violencia sexual después de que su padre fuera asesinado.
La sentencia concluyó que los ataques no podían explicarse como episodios aislados o actuaciones individuales de algunos paramilitares. Hicieron parte de un patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género desplegado por el frente Héctor Julio Peinado Becerra para imponer sus reglas y ejercer control territorial y social. Las 16 víctimas reconocidas en esta condena habían quedado por fuera de los anteriores procesos de Justicia y Paz.
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Una estructura que impuso sus reglas en el sur de Cesar
El frente al que perteneció alias “Negro Jiménez” estuvo comandado por Juan Francisco Prada Márquez alias “Juancho Prada” y operó principalmente en el sur de Cesar y en varias zonas de Norte de Santander. Sus orígenes estuvieron relacionados con las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (Ausac), surgidas de pequeñas redes de ganaderos de la región que comenzaron a armarse a comienzos de la década de 1990.
En una sentencia de Justicia y Paz conocida en 2016 contra tres integrantes de esa estructura reconstruyó su expansión y los métodos empleados para someter a las comunidades. El expediente documentó masacres, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, amenazas y torturas contra habitantes de los territorios en los que el grupo buscaba consolidar su dominio.
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Prada Márquez ejercía el mando de la organización, intervenía ante algunos de los excesos cometidos por sus subordinados y manejaba las relaciones con sectores políticos y con los gremios ganadero y palmicultor del sur de Cesar. La estructura permaneció activa hasta el 4 de marzo de 2006, cuando 251 de sus integrantes se desmovilizaron y entregaron 179 armas, 357 granadas y más de 35.000 unidades de munición.
La dejación de armas, sin embargo, no representó el final de la reconstrucción judicial de sus crímenes. La sentencia de Justicia y Paz analizó 65 hechos atribuidos al frente Héctor Julio Peinado Becerra. Al menos 16 correspondieron a torturas, empleadas principalmente para obtener información o forzar confesiones de personas señaladas de pertenecer a las guerrillas o de colaborar con ellas.
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Los magistrados identificaron 31 modalidades de tortura. Entre ellas estaban la asfixia, el ahogamiento por inmersión, las golpizas, las descargas eléctricas, las mutilaciones, las quemaduras, la violencia sexual y las afectaciones psicológicas. Las cifras reconstruidas por la justicia muestran cuál solía ser el destino de quienes pasaban por esos castigos: el 63 % de los civiles torturados fue posteriormente asesinado, el 14 % fue desaparecido y apenas el 23 % sobrevivió.
Para el Tribunal de Justicia y Paz, esas prácticas tampoco dependieron exclusivamente de la crueldad de determinados combatientes. La tortura servía a los objetivos de la organización. Además de castigar a quienes eran considerados colaboradores de la guerrilla, los paramilitares dejaban algunos cuerpos en lugares públicos. Era una forma de convertir el crimen en advertencia para quienes permanecían en el territorio.
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Las masacres atribuidas al frente paramilitar
Entre los crímenes documentados está la masacre de Paloquemao, ocurrida el 8 de febrero de 1999 en una vereda de Ábrego (Norte de Santander). Un grupo de aproximadamente 15 paramilitares sacó de sus viviendas a Omar Avendaño Pacheco, Nelfer Antonio Prada Mora y Libar Prada Mora. Los acusaron de recibir información de integrantes de la guerrilla, los asesinaron y abandonaron sus cuerpos a un costado de la carretera.
La justicia también atribuyó a esa estructura la masacre de Las Piñas, cometida el 5 de diciembre de 1997 en Aguachica (Cesar). Henry Eli Quintero Duarte, Manuel Salvador Mora Díaz y Alexander Barbosa Rincón fueron asesinados después de ser señalados como guerrilleros o como personas que podían entregar información sobre el grupo paramilitar.
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Otro de los episodios fue conocido como la masacre de la Gasolina. El 16 de abril de 1996, en San Martín (Cesar), cuatro personas que extraían combustible de un oleoducto fueron asesinadas. Durante el ataque, un paramilitar disparó contra el tanque de una tractomula y provocó un incendio que alcanzó otros vehículos.
El expediente también documentó la masacre de Las Margaritas, ocurrida en marzo de 2002 en una finca de Aguachica (Cesar). Allí fueron encontrados los cuerpos de José del Rosario Suárez Contreras, Juan de Dios Suárez Rolón, Diana Suárez Contreras y Eliceo Torres Pacheco.
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La condena contra alias “Negro Jiménez” agrega ahora otro capítulo a la reconstrucción judicial de esa estructura paramilitar. La sentencia no solo reconoce a 16 víctimas que habían quedado por fuera de los procesos anteriores. También establece que las agresiones sexuales, los secuestros y la desnudez forzada no fueron daños secundarios de la guerra, sino que hicieron parte del repertorio criminal utilizado para castigar a las víctimas, quebrar a las comunidades e imponer sobre ellas el poder de los paramilitares.
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