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El 2022 cerró con altos índices de violencia, casi iguales a los de hace una década y, con esas crifras alarmantes, también existe una expectativa enorme de cómo el gobierno de Gustavo Petro va a aterrizar su proyecto bandera de la “paz total”. Lo dice Human Rights Watch en el capítulo colombiano de su informe global sobre la situación de derechos humanos en 2022, en el que expresa su preocupación por los abusos de los grupos armados en el país, que se evidencian en las altas cifras de masacres y confinamientos. La ONG estadounidense reconoce, a su vez, la fortaleza de la democracia de Colombia, que permitió una transición de poder con el cambio de presidente, y el rol de la Corte Constitucional, que considera está a la vanguardia de la protección de derechos.
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En el informe global, publicado este 12 de enero, Human Rights Watch inicia su capítulo sobre Colombia reconociendo que el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado puso fin a un extenso conflicto y trajo una inmediata reducción de los indicadores de violencia. Sin embargo, añade a renglón seguido, “la violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas durante los años posteriores; en 2022 alcanzaron niveles similares a los que existían antes del proceso de paz”. Los abusos de grupos armados se suman, además, a una falta de acceso a la justicia y altos niveles de pobreza.
Entre esos grupos armados, la ONG da cuenta de la existencia de más de 30 facciones de disidentes de las Farc, además de la guerrilla del Eln y el grupo sucesor del paramilitarismo, el Clan del Golfo, que tienen relaciones complejas entre ellos. En Nariño, por ejemplo, enfrentamientos entre disidentes “han dado lugar al desplazamiento de miles de personas, principalmente afrodescendientes e indígenas awás”, señala el documento. En Cauca, el Eln y las disidencias han reclutado a al menos 500 niños y niñas desde 2021, han asesinado a líderes indígenas del pueblo nasa y han generado desplazamientos masivos en municipios como Argelia.
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Asimismo, Human Rights Watch recuerda que todo el año hubo enfrentamientos entre el Eln y grupos disidentes de las Farc en Arauca y en el vecino estado venezolano de Apure. “Más de 12.000 personas fueron desplazadas o confinadas. En Apure, miembros del Eln realizaron operaciones conjuntas con miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que fueron cómplices de sus abusos”, añade el informe. De otro lado está el Clan del Golfo, que en mayo logró imponer un paro armado en 170 municipios de 11 departamentos como represalia por la extradición de su máximo jefe, Otoniel, a Estados Unidos.
En el pasado, Human Rights Watch fue muy crítica de la política de seguridad del presidente Iván Duque. Por eso, aunque destacan que Petro retomó los diálogos con el Eln y decretó un cese al fuego bilateral con las disidencias y el Clan del Golfo, afirma que queda mucho por aclarar. El subdirector en funciones para las Américas de la ONG, Juan Pappier, le dijo, por ejemplo, a El Espectador: “Es muy temprano para decir si la política del presidente Petro va a ser exitosa o no. La política de “paz total” es extremadamente ambiciosa, pero puede ser provechosa, pues busca enfrentar el principal problema de derechos humanos que tiene Colombia”.
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Para que sea exitosa, cree Pappier, la política de “paz total” necesita dos elementos. Por un lado, “una buena política de seguridad”, que reemplace la obsoleta estrategia del gobierno pasado y otros de ir solo tras las cabezas de las organizaciones y que acompañe la búsqueda de la paz. De otro lado, “un método ordenado para avanzar en todas estas negociaciones paralelas” con distintos grupos armados. No obstante, aún no hay muchos anuncios sobre lo primero. Y, frente a lo segundo, ya ha habido ejemplos de percances, como lo que ocurrió en diciembre pasado, cuando se decretó un cese al fuego bilateral que no había sido acordado previamente con el Eln.
Pero también hay buenas noticias. Human Rights Watch destacó la transición democrática en Colombia y que por primera vez se eligiera a una mujer afrodescendiente como vicepresidenta. “Lo que vemos en otros países de la región son enormes dificultades para lograr alternancia política de forma pacífica y, en Colombia, a pesar de los temores y de que por primera vez hay un gobierno que se reconoce como de izquierda, esta transición democrática ocurrió sin mayores sobresaltos”, comentó Pappier, recordando el ataque esta semana en Brasil o el asalto al Capitolio ocurrido en Estados Unidos en enero de 2021.
Asimismo, la ONG destacó dos sentencias de la Corte Constitucional que son un gran avance en derechos humanos: la despenalización total del aborto hasta la semana 24 de gestación y la orden de incluir la opción “no binario” en el componente de sexo de la cédula. “La Corte ha tomado el liderazgo en temas de derechos humanos ante la incapacidad de las demás instituciones de enfrentarlos”, aseveró el subdirector en funciones para las Américas de HRW, pues a esa lista añadió el estado de cosas inconstitucional sobre seguridad de excombatientes o las audiencias que presidió el alto tribunal sobre medidas de protección de líderes sociales.
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Sin embargo, hay otros factores que preocupan a Human Rights Watch sobre Colombia, como los cientos de miles de migrantes que cruzaron -y cruzan a diario- el Tapón del Darién sin protección ni asistencia, o la acelerada deforestación de la Amazonia, cuya protección es crucial para enfrentar el cambio climático. Aunque la organización reconoce que el país es un referente en políticas migratorias para la región y destaca que el gobierno Petro quiera enfrentar la deforestación con un enfoque distinto a su antecesor, aún queda mucho por hacer. Entretanto, factores que están en el corazón del conflicto armado, como la pobreza, siguen sin superarse.
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