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“No siempre hay justicia cuando hay una condena”. Esas son las palabras con las que María Claudia Tarazona describe los avances de las autoridades en la investigación sobre el magnicidio de su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El político de 39 años falleció hace justo un año, el 11 de agosto de 2025, dos meses después de haber sido víctima de un atentado mientras daba un discurso en el parque El Golfito, del barrio Modelia, al occidente de Bogotá.
Aunque nueve personas han sido capturadas por su participación en el crimen, la pregunta sobre quién dio la orden sigue siendo una incógnita y la familia del congresista señala que la Fiscalía sigue dando tumbos para dar con los responsables.
Para María Claudia Tarazona, al dolor que les ha causado a ella y a su familia tramitar el asesinato de Miguel Uribe Turbay se suma la incertidumbre de que las respuestas de la justicia se queden cortas. Hasta ahora, el ente investigador ha señalado que todo indica que la disidencia de la Segunda Marquetalia estaría detrás del magnicidio.
“Este ha sido un año de sobrevivir. Ha sido como una inundación, una tormenta, un maremoto (…) La justicia actuó de manera efectiva en la primera etapa de las investigaciones, pero no ha vuelto a avanzar en ningún proceso de judicialización de los determinadores de la muerte”, le dijo la viuda del senador a El Espectador. De las nueve personas capturadas hasta la fecha, incluido el menor de 15 años que disparó el día del atentado, solo una ha dado pistas sobre quién ordenó el crimen.
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Se trata de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, condenado en marzo pasado a 22 años de prisión tras aceptar que fue el puente entre la Segunda Marquetalia comandada por alias “Iván Márquez” y una organización criminal llamada “Plata o Plomo” que, dijo, coordinó la logística del crimen y ejecutó el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay.
Algunas de las personas que hacían parte de esa estructura ilegal también están condenadas mediante preacuerdo: Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela; Carlos Eduardo Mora González, alias “Veneco”; William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”; y Harold Daniel Barragán Ovalle. Y dos personas irán a juicio: Cristian Camilo González Ardila y Jhorman David Mora Silva.
La última persona a la que la justicia le avaló una negociación para acceder a beneficios judiciales, tras aceptar su participación en el crimen, es Élder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” o “Chipi”, señalado de ser el cerebro logístico detrás del crimen de Miguel Uribe Turbay y a quien “El Viejo” acudió para organizar el atentado, a órdenes de la Segunda Marquetalia.
El 1 de julio de este año, una jueza de Bogotá le dio luz verde a su negociación con la Fiscalía y pagará 26 años y tres meses de cárcel tras aceptar su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas.
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Ese preacuerdo no fue bien recibido por parte de la familia de Miguel Uribe Turbay. En su conversación con este diario, María Claudia Tarazona señaló que los aportes de verdad de Arteaga Hernández para el esclarecimiento del crimen han sido insuficientes y no justifican que reciba beneficios por parte de las autoridades. Incluso, la decisión fue apelada y hoy está en manos del Tribunal Superior de Bogotá.
“Esperamos que se tumbe ese preacuerdo, que es una vergüenza. Él tuvo toda la oportunidad de recapacitar sobre lo que estaba haciendo, porque no fue un crimen de ejecución instantánea. Fue él quien reclutó al menor y no ha mostrado arrepentimiento y no hizo ningún aporte en la investigación como para que le hubieran aceptado el preacuerdo”, expresó la viuda.
María Claudia Tarazona agregó que la condena de 26 años de cárcel para alias “Chipi” se queda corta frente a la magnitud de su responsabilidad en el crimen de su esposo: “Si la condena no es proporcional al daño causado, no hay ningún avance”. En ese sentido, añadió que cree que la Fiscalía “se equivocó”, porque se ha reunido con los funcionarios del búnker para que le expliquen cuáles son las razones para negociar con él y no ha tenido respuestas claras.
“El afán de la Fiscalía era cerrar la investigación de la autoría material (quién ejecutó el atentado) y dar un parte de tranquilidad. Esto me parece absurdo porque se trató de un asesino cruel. Una persona que fue capaz de planear y de orquestar todo lo de Miguel debería tener una pena mucho mayor de la que le dieron”, puntualizó.
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Sobre la posible relación de la Segunda Marquetalia con el crimen, el panorama judicial es aún más confuso. La Fiscalía emitió órdenes de captura en contra de siete integrantes de esa disidencia de las Farc, incluidos sus máximos jefes, alias “Iván Márquez” y alias “Zarco Aldinever”, pero ninguna se ha hecho efectiva.
La teoría del ente investigador es que el crimen tendría relación con la violencia histórica de la antigua guerrilla de las Farc en contra de la familia Turbay Cote, en Caquetá, que son parientes lejanos de Miguel Uribe Turbay. En palabras de Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía y quien lidera el grupo que investiga este caso, el crimen habría sido cometido “para desestabilizar al país” en pleno año de campaña presidencial.
Para María Claudia Tarazona, esas razones aún no están del todo claras. Incluso, le dijon a El Espectador que le solicitará al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, la creación de una comisión de la verdad que permita esclarecer los hechos que rodean el magnicidio del senador del Centro Democrático.
Además, le hizo un llamado a la Fiscalía, para que no ahorre esfuerzos en la investigación. “Estamos estancados y sería realmente vergonzoso y triste que este magnicidio se quede sin esclarecer (…) Ojalá continúe con el compromiso y determinación que lo hizo en los primeros meses. Esto es un deber de la Fiscalía para nosotros como familia y para un país que lloró y sufrió la muerte de Miguel”, concluyó.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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