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Han pasado más de cuatro meses desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció en julio que abriría un macrocaso de violencia sexual. Desde entonces, la Sala de Reconocimiento de Verdad, que es la que adelanta las investigaciones por los crímenes más graves cometidos en la guerra, no ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los casos que ha generado más expectativas en las víctimas y en los movimientos de mujeres. Todavía no se ha abierto el caso formalmente, lo que implica que no ha sido asignado a un magistrado relator y podría no ocurrir este año.
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El silencio frente al macrocaso de violencia sexual es tal, que ya hasta la Procuraduría les jaló las orejas a los magistrados. “Si bien en su momento se destacó la decisión de dar apertura a las etapas de agrupación y concentración de un nuevo macrocaso, lo cierto es que después de tantos meses sin que se decida la priorización, las víctimas están padeciendo un nuevo ciclo de invisibilización”, escribieron los cuatro procuradores que actúan ante la JEP en una carta enviada a la Sala de Reconocimiento. La respuesta que les han dado a varias víctimas es que se sigue estudiando cuántas víctimas y hechos va a investigar la Sala en lo que llaman universo provisional.
De allí que en la misiva, la Procuraduría les recuerda a los magistrados que cuentan con decenas de fuentes para determinar la magnitud de este tipo de violencias en la guerra. Por ejemplo, en datos de la Unidad de Víctimas, del Centro Nacional de Memoria Histórica, o del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Incluso, hay información inédita en más de una docena de informes que organizaciones de víctimas allegado a la JEP pidiendo que se abra este macrocaso. “A pesar de contar con múltiples relatos e informes al respecto, muchos hechos de esta clase aún no han sido priorizados ni seleccionados por la JEP, a pesar de su gravedad”, reprochó el Ministerio Público.
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Es tanta la información que en una decisión firmada el 11 de julio de este año, la Sala de Reconocimiento le ordenó al Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP ordenar todos los datos sobre agresiones sexuales y con base en el género para construir ese universo de hechos y establecer los patrones criminales a investigar. Esa tarea tenía una fecha límite: 60 días hábiles. Sin embargo, hasta este 2 de diciembre han pasado 100 días laborales y aún no se conoce el resultado de ese trabajo. Al parecer, ya hay un universo provisional de hechos y unos patrones identificados, que los magistrados van a comenzar a analizar.
Sin embargo, los procuradores escribieron: “con la información obrante, consideramos que la JEP ha alcanzado lo necesario para priorizar este macrocaso”. Ya en otros casos, como el de reclutamiento, los magistrados han tenido que ajustar las cifras sobre la marcha porque reciben nueva información. De hecho, los representantes del Ministerio Público fueron más allá. Primero, aseguraron que si la Sala de Reconocimiento prioriza el macrocaso de violencia sexual sería apenas una “consecuencia necesaria de aplicar taxativamente sus propios criterios de priorización”.
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Es decir, no le están pidiendo a los magistrados más que jugar bajo las reglas que ellos mismos se han puesto en decisiones anteriores sobre otros fenómenos del conflicto. Y, en segundo lugar, la Procuraduría le recordó a la JEP que fue concebida como una institución con enfoque diferencial de género, lo que implica hacer énfasis en las necesidades de mujeres, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. De hecho, para el Ministerio Público, “el no haber priorizado aún el macrocaso en violencia sexual y de género denota la ausencia de aplicación de dicho principio en la decisión de priorización que debe adoptar la Sala respecto al futuro macrocaso 11″.
Precisamente por ese enfoque diferencial con el que fue concebida, la JEP cuenta con una comisión de género, que reúne a magistrados de todas las salas de la Jurisdicción y a funcionarios expertos en el tema. Aunque su labor es meramente técnica y administrativa, este grupo también se ha ofrecido a apoyar la investigación del macrocaso. Por ejemplo, se hablaba de que una de las líderes más visibles de la comisión y a su vez exvicepresidenta de la JEP, la magistrada Alexandra Sandoval, pudiera liderar el caso.
Otra posibilidad que se baraja es llamar a uno de los magistrados suplentes de la Sala de Reconocimiento para que lidere únicamente el caso de violencia sexual, pero esto implicaría crear un despacho adicional, por lo que se debe revisar si legal y presupuestalmente es algo posible. Lo cierto es que la investigación aún no comienza, ni tiene una cabeza visible. Las magistradas Julieta Lemaitre y Catalina Díaz, quienes escribieron el auto con el que inició la fase de concentración, son las que han liderado todo el proceso, pero no tienen el caso formalmente asignado y lo más probable es que tampoco sean las relatoras.
Nota de la editora: en una versión inicial de este artículo se aseguraba que la construcción del universo provisional de hechos y de patrones del caso no había sido terminada, información que habían proporcionado dos fuentes distintas. Posterior a la publicación, este diario fue presentado con información de que esa fase de la concentración ya culminó. Asimismo, se aclaró que, si bien no hay un magistrado relator aún, el caso lo están liderando las magistradas Lemaitre y Díaz.
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