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El inicio de este año ha estado marcado por un intenso debate sobre la protección y el bienestar animal en la capital. La controversia comenzó el 2 de enero de 2025, cuando se conoció el caso de Cosmo, un perro que huyó de su hogar por los ruidos de la pólvora de Año Nuevo. Fue atropellado en las cercanías del Parque Nacional y, posteriormente, trasladado al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), donde le practicaron la eutanasia a solo cuatro horas de su ingreso.
El caso generó una gran repercusión mediática, en especial por la indignación de su cuidador, Javier Barreto, quien denunció que el procedimiento se realizó sin su autorización. Esta situación desató una ola de cuestionamientos hacia el IDPYBA y sus protocolos. Entre las principales dudas planteadas estaban: ¿por qué se tomó la decisión de sacrificar al animal?, ¿qué pasó con su microchip?, ¿cuál es el protocolo establecido por el Instituto para la aplicación de eutanasias?, ¿por qué no se intentó contactar al dueño antes de proceder?, entre otras incógnitas.
Ante la falta de respuestas claras y la contradicción en algunas declaraciones del IDPYBA, el caso cobró aún más relevancia, generando reacciones de ciudadanos, rescatistas, medios de comunicación y funcionarios distritales, quienes comenzaron a examinar con mayor rigor el actuar de la entidad. Como consecuencia de la polémica, la entonces directora del IDPYBA, Mariana Martín, presentó su renuncia a inicios de febrero, luego de estar en el cargo durante nueve meses; mientras que varios concejales, como Clara Lucía Sandoval y Julián Rodríguez Sastoque, se pronunciaron criticando su gestión.
Más allá del caso de Cosmo, este episodio puso en evidencia diversas problemáticas dentro del Instituto de Protección y Bienestar Animal que, hasta el momento, permanecían en gran medida ocultas. Esto también ha servido para abrir un debate público sobre la transparencia y la toma de decisiones dentro de la entidad.
Microchips: ¿un sistema útil pero ineficiente?
Cuando Bogotá implementó el sistema Ciudadano de 4 Patas en el último trimestre del 2017, el objetivo era sumamente relevante: identificar, registrar y hacer una trazabilidad de los animales de compañía que habitan en la ciudad. El plan consistía en implantar un microchip bajo la piel de perros y gatos, con un número único de 15 dígitos que funcionaría como su “cédula de identificación”. Este microchip, asociado a los datos del cuidador, permitiría ubicar a los familiares en caso de extravío o emergencia.
Además de los microchips, se habilitó una plataforma digital donde los ciudadanos podrían registrar y actualizar fácilmente la información de sus animales. Y para garantizar la efectividad del sistema, se dotaría a veterinarias, CAIS y autoridades distritales con lectores de radiofrecuencia capaces de escanear los chips rápidamente.
Sin embargo, a 2025 la realidad es muy diferente y el caso de Cosmo dejó en evidencia las fallas de este sistema. A pesar de que el perro tenía un microchip, sus datos estaban desactualizados, lo que impidió que el IDPYBA contactara a su cuidador antes de decidir su eutanasia. Esta falla demostró una de las principales debilidades del programa: aunque se espera que los cuidadores actualicen la información de sus animales, no existe un control real sobre este proceso, especialmente cuando el microchip es implantado por entidades privadas que no siempre reportan los datos al sistema oficial.
Laura Idrobo, directora encargada del IDPYBA, manifestó en una rueda de prensa realizada el 19 de febrero que: “la efectividad de los microchips no depende únicamente de su implantación, sino de la actualización de los datos en la plataforma”. A la fecha, el portal por donde los ciudadanos consultan y registran los datos de sus animales está en funcionamiento, y tanto la Alcaldía de Bogotá como el IDPYBA, han hecho un llamado a los ciudadanos a actualizar la información. Idrobo también aseguró que se está trabajando para articular la gestión con otras entidades como TransMilenio y alcaldías locales para actuar con celeridad en casos de abandono y perdida.
A estos problemas de control se suman las denuncias de ineficiencia técnica y los altos costos que ha señalado la senadora animalista Andrea Padilla: “El sistema de identificación mediante microchip pone en evidencia algo que ya venimos denunciando desde hace más de un año. Este programa es un sistema ineficaz, terriblemente ineficaz, que además está resultando muy costoso”.
Padilla denuncia que el Instituto adquirió 254 lectores de microchips, (144 en 2016, 100 en 2017, 10 en 2021), con un valor de más de $99 millones. De estos, solo 38 están en funcionamiento actualmente y el resto permanece almacenado, limitando la capacidad de escanear y recuperar información en situaciones críticas, como la de Cosmo.
Además, el costo de los microchips ha tenido un aumento considerable. Según la senadora animalista, los dispositivos que antes costaban entre $3.900 y $4.980 pasaron a valer $23.959 desde 2023, este incremento se debe a que fueron incluidos en los contratos junto a las esterilizaciones. Esto representa un aumento del 381% respecto al costo unitario inicial.
En total, según lo informado por Padilla, se han invertido $222.127.420 en la plataforma y los lectores adquiridos por el IDPYBA, más $3.269.879.853 de los microchips implantados desde 2017 a 2023, este gasto es bastante significativo para un programa que, según ella, “no ha tenido utilidad pública”.
Esta información fue notificada a la Contraloría, la cual halló posibles sobrecostos y advirtió sobre un posible delito de colusión, informó la senadora.
¿Las eutanasias están en aumento?
El caso de Cosmo también encendió el debate sobre los protocolos de eutanasia y su aparente aumento en la capital. “Fue un procedimiento acelerado, no pasaron ni 4 horas después de encontrar a Cosmo cuando ya se le había aplicado la eutanasia. Se deben revisar los protocolos”, señaló Andrea Padilla.
Las eutanasias humanitarias realizadas por el IDPYBA siguen el protocolo PM01-PT08, denominado Protocolo de Eutanasia Humanitaria para Animales Custodiados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Este documento establece los criterios normativos, éticos y técnicos para tomar decisiones en casos de animales en estado crítico.
El Instituto sostiene que la decisión de practicar la eutanasia a un animal se toma únicamente cuando el paciente presenta un sufrimiento irreversible o lesiones incompatibles con la vida y que el proceso no recae en un solo profesional, sino que es analizado por un Comité Técnico de Eutanasia para garantizar que se cumplan los principios de bienestar animal.
“Es importante resaltar que, aunque muchos animales llegan en estado grave, un número significativo logra recuperarse con éxito y recibe una segunda oportunidad en la Unidad de Cuidado Animal, donde pueden rehabilitarse y posteriormente ser adoptados”, afirmó el IDPYBA a El Espectador.
No obstante, los datos presentados durante el debate en el Concejo de Bogotá el pasado 5 de febrero contradicen esta afirmación. La concejal Clara Lucía Sandoval expuso que, de los 1.149 animales que ingresaron por urgencias médicas al IDPYBA en 2024, 608 fueron sometidos a eutanasia. Esto representa el 54% de los casos, cifra que resulta alarmante. “La eutanasia no es un crimen, pero si se empieza a hacer por no tener capacidad, es gravísimo (…) eso tiene que obedecer a una decisión médica, pero lo que se vio en el caso de Cosmo es que el perro podía ser recuperado. Este es un caso, pero nos preocupa que haya más”, denuncia Sandoval.
La eutanasia se plantea como la última opción, pero antes debe haber otros procedimientos que garanticen la prevención, el rescate, la recuperación y finalmente la adopción de los animales que entran a la entidad. Por eso, este alarmante porcentaje de animales en urgencias a los que se les practicó la eutanasia en 2024 hace que se cuestionen el resto servicios previos del Instituto.
¿Qué otros programas prendieron las alarmas?
La Subdirección de Atención a la Fauna es la encargada de brindar atención directa a los animales con programas que incluyen brigadas médicas, urgencias veterinarias, la operación de la Unidad de Cuidado Animal, el escruadrón anticrueldad, entre otros con influencia directa en la protección de los animales. Uno de los más importantes es el control poblacional a través de las esterilizaciones. Según el IDPYBA, durante 2024 se realizaron 29.946 esterilizaciones a perros y gatos. Sin embargo, esta cifra se encuentra lejos de la meta establecida en el plan de desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán, que proyecta alcanzar alrededor de 300.000 esterilizaciones en sus cuatro años de período. El concejal Julián Rodríguez Sastoque expone, además, que no se ejecutó todo el presupuesto proyectado, “quedaron $927 millones de las esterilizaciones sin ejecutar, se habían proyectado $4.900 millones para invertir, eso lo que quiere decir es que no sé sabe qué está pasando con esa plata (…) con ese dinero pudieron esterilizar al menos 170 animales más”.
Una de las principales razones ha sido el presunto sobrecosto de las cirugías. Andrea Padilla se pronunció al respecto: “El costo de cada cirugía ha venido incrementándose de manera exponencial desde el 2020, pero hay un salto muy fuerte que va de 2022 al 2024 (…) El costo pasó de $131.086 en el 2022 y en el 2024 iba a costar cada esterilización $263.347, es decir un incremento del 101%”. Este aumento se atribuye a la inclusión del costo del microchip en los procedimientos y a un presunto delito de colusión reportado por la Contraloría.
| Año | Precio unitario por contrato | % Incremento |
|---|---|---|
| 2020 | $64.900 | |
| 2021 | $98.175 | 51,27% |
| 2022 | $131.086 | 33,52 % |
| 2023 | $191.382 | 46,00 % |
| 2024 | $263.347 | 37,60% |
La licitación de 2024 que correspondía a un valor unitario por esterilización de $263.347 se suspendió debido a estas denuncias y la Personería Distrital le ordenó al IDPYBA repetir la licitación: el resultado fue un nuevo proceso contractual, en el que cada cirugía de esterilización quedó a $214.200, que es el que está actualmente.
Cabe destacar que en diciembre de 2024, el IDPYBA firmó un convenio estratégico con la Universidad Nacional de Colombia permitiendo incrementar la capacidad de esterilizaciones en la ciudad y se espera que este tipo de alianzas continúen para cumplir la meta de gatos y perros esterilizados.
Otro programa que prendió las alarmas es el de las adopciones, consideradas “el corazón del trabajo del IDPYBA”, al ofrecer a los animales rescatados una nueva oportunidad de vida en hogares responsables y amorosos. Sin embargo, los datos presentados por la concejal Sandoval durante el reciente debate en el Concejo de Bogotá muestran una preocupante disminución en los procesos de adopción.
En 2024, el IDPYBA concretó 508 adopciones, una cifra inferior a las 638 realizadas en 2023 presentando una caída del 20%. Sandoval enfatiza la importancia de este programa: “Las adopciones son el corazón del Instituto. Si no hay adopciones, el sistema colapsa. Esta disminución evidencia los problemas internos que enfrenta el IDPYBA”. Las adopciones no solo se tratan de ofrecer un hogar a los animales, sino que también garantizan la rotación en el sistema, lo que permite dar lugar a más gatos y perros. Si no se concretan adopciones, el proceso se ve estancado. Por ello, es crucial dar prioridad a este programa a través de campañas de concientización y sensibilización con la ciudadanía.
Otra inconsistencia denunciada por la concejal Sandoval es respecto al tema de las contrataciones: al 2 de febrero de 2025, se reportó un desbalance entre el número de contratos para el área corporativa con 63 contratos y el número para las áreas de fauna y cultura con 23 y 5 contratos respectivamente. “Hay una desproporción inmensa entre lo corporativo y la atención a los animales o la cultura. Si no se trabaja en la cultura ciudadana el Instituto va a seguir siendo una entidad que atiende uno que otro animal, pero no una que evita el sufrimiento”, alega la concejal. A esta denuncia se suma la senadora Padilla quien sostiene que, hasta el momento, el IDPYBA ha favorecido la parte administrativa, pero tiene pocos veterinarios y pocos pocas personas operativas, “yo me soñaría con una subdirección de cultura ciudadana que estuviera en la calle” comenta.
A esta inconformidad, el concejal Julián Rodríguez Sastoque añade que las quejas en materia laboral también han aumentado: “Frente al pago de los contratistas nosotros pasamos de registrar 2 y 3 quejas entre el año 2022 y el 2023, a tener más de 31 quejas reportadas por el incumplimiento en el pago».
Referente a las contrataciones, Laura Idrobo respondió, en la rueda de prensa del 19 de febrero que, a la fecha, hay 213 personas en la Subdirección de Atención a la Fauna y 84 en la parte de Cultura. Además, explicó que el personal administrativo también es parte fundamental de la atención a los animales: “suena escandaloso que tenemos 18 abogados, pero esos abogados hacen acompañamiento en campo en los eventos de maltrato (…) si se hace un promedio del sueldo de las personas de la Subdirección a la Fauna es menor pero porque tenemos bachilleres”, argumentó. Con estas nuevas contrataciones, se espera que la atención a los animales mejore y que se pueda incrementar el trabajo en las calles, donde se encuentran los animales más vulnerables y en necesidad de apoyo urgente.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
El 1 de enero de 2024, cuando Carlos Fernando Galán asumió como alcalde de Bogotá, prometió construir “una ciudad más amable”, con un énfasis especial en la protección y bienestar de los animales. Dentro de su plan de gobierno planteaba crear un sistema distrital de información para el registro de animales domésticos, establecer una red pública de atención veterinaria para perros y gatos de familias con escasos recursos, fortalecer el IDPYBA, entre otras acciones. Sin embargo, el caso de Cosmo y las denuncias sobre presuntas irregularidades en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal han puesto en duda el cumplimiento de este plan.
El cuestionado nombramiento de la ex-directora Mariana Martín, las cifras reportadas sobre eutanasias en aumento, las pocas contrataciones del personal operativo, las supuestas fallas en el sistema de microchips, los posibles sobrecostos en procedimientos veterinarios y la disminución en las tasas de adopción han generado críticas sobre la gestión del Instituto. Estas situaciones afectaron notablemente la imagen institucional y tuvieron consecuencias en el bienestar de los animales de la capital.
Hasta el momento, la discusión continúa y el Instituto permanece bajo la dirección temporal de Laura Idrobo, quien asegura que desde ya se están haciendo reformas con la finalidad de “migrar de un enfoque reactivo a uno preventivo”. También indica que le están apostando a visibilizar los distintos programas, estrategias y campañas para vincular la mayor cantidad de ciudadanos a su red de aliados y para fortalecer sus lazos con las fundaciones y asociaciones de protección animal, “trabajaremos fuertemente por convertirnos en una entidad abierta a la ciudadanía”, responde a El Espectador.
Después de todo lo sucedido, Bogotá enfrenta el reto de demostrar que el bienestar animal es una prioridad en su agenda y que las acciones tomadas garantizarán la protección efectiva de los animales, quienes al fin y al cabo, son los que resultan perjudicados en este entramado de cifras, denuncias y promesas incumplidas.
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