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En los últimos años, los ataques de perros contra personas han dejado de ser episodios aislados para convertirse en detonantes de debates políticos, jurídicos y morales en América Latina.
En el Congreso de Perú se propuso recientemente un proyecto de ley que busca enviar a prisión a los dueños de perros considerados “potencialmente peligrosos” cuando sus animales ataquen a terceros.
La iniciativa surge del horror legítimo ante hechos irreparables, pero también refleja una tendencia recurrente: desplazar la discusión hacia la sanción individual sin revisar las condiciones estructurales que permiten que estos ataques se repitan.
Trasladar este debate a Colombia no es un ejercicio hipotético, sino una urgencia. En el país, los casos se acumulan, las normas existen y, sin embargo, la prevención sigue siendo una promesa incumplida.
El límite del castigo
El proyecto peruano parte de una premisa aparentemente razonable: las sanciones actuales, multas, uso obligatorio de bozal o restricciones de circulación, no han sido suficientes para disuadir ataques graves. El mensaje es simple y políticamente eficaz: quien no controle a su perro, perderá su libertad.
El problema aparece cuando se asume que el miedo al castigo penal es, por sí solo, una herramienta de prevención. Desde la experiencia en rescate y rehabilitación de perros de manejo especial, esta lógica resulta limitada.
Mónica Parra, fundadora de la organización Pitbulls de Corazón, advierte que los casos en los que realmente hay consecuencias penales para dueños irresponsables “se pueden contar con los dedos de una mano”, lo que debilita cualquier efecto ejemplarizante.
A su juicio, el castigo aparece cuando todo falló antes: la educación, el seguimiento institucional y la responsabilidad cotidiana del tutor.
En el país existen leyes que regulan la tenencia de perros de manejo especial, que exigen bozal, póliza de responsabilidad civil, registro ante las autoridades y vacunas al día. Aun así, en julio de 2025, un joven de 19 años perdió ambos brazos tras ser atacado por una jauría en Bosa, en un sector donde la comunidad ya había advertido sobre la peligrosidad de los animales sin recibir respuesta institucional.
Meses después, una niña de 11 años resultó gravemente herida por un simple descuido, cuando un perro escapó de una vivienda.
En ambos casos, las normas existían. Lo que falló fue su aplicación temprana, el seguimiento estatal y la intervención preventiva.
La raíz del problema
Detrás de los ataques suele haber una combinación de factores: negligencia humana, falta de control, ausencia de socialización, entornos violentos, abandono institucional y desconocimiento profundo sobre bienestar animal. Pensar que la agresión está inscrita en la raza es una simplificación que ignora tanto la evidencia científica como la experiencia de organizaciones de rescate.
Parra insiste en que no existen perros “malos por naturaleza”, sino animales atravesados por historias de maltrato, abandono o manejo incompetente. Sin una persona realmente responsable, advierte, cualquier perro puede convertirse en un riesgo.
La experiencia de tutores responsables lo confirma. Lizeth Suárez, dueña de tres perros pitbull, describe cómo cumplir con todas las obligaciones legales no la exime del rechazo social ni de las barreras institucionales.
Incluso actuando dentro de la ley, persisten la exclusión en espacios “pet friendly”, las dificultades para acceder a vivienda y la desconfianza permanente de la comunidad.
La responsabilidad, en estos casos, se ejerce a contracorriente de un sistema que castiga preventivamente por estigmatización, pero no acompaña ni educa.
El vacío no es legal, es institucional
Desde el ámbito legislativo, la senadora animalista Esmeralda Hernández coincide en que el problema no radica en la ausencia de normas, sino en su aplicación deficiente y en la falta de una política pública orientada a la prevención. A su juicio, insistir en endurecer sanciones penales corre el riesgo de derivar en un populismo punitivo poco viable y escasamente eficaz.
Hernández recuerda que incluso en los casos más graves de maltrato animal comprobado, el Congreso no ha logrado que las penas superen el umbral que permitiría la prisión efectiva. En ese contexto, resulta poco realista pensar que una omisión en el deber de cuidado se traduzca de manera sistemática en una sanción intramural.
Para la senadora, el debate debe ampliarse hacia factores estructurales que rara vez entran en la agenda pública, como la venta y comercialización de animales producto de cruces genéticos promovidos por intereses humanos.
Una política preventiva seria implicaría controles efectivos antes de autorizar la tenencia, evaluaciones periódicas del entorno, educación obligatoria para tutores, acceso a profesionales en comportamiento animal y protocolos claros de intervención temprana.
También supondría reconocer que no todas las personas están en condiciones de asumir ese rol y que limitar la tenencia, en ciertos casos, puede ser una medida de protección, no de castigo.
Mientras la prevención siga siendo un discurso vacío y no una política pública robusta, cada nueva tragedia seguirá alimentando el mismo ciclo: horror, indignación, castigo simbólico y olvido.
Endurecer las penas puede ofrecer una sensación inmediata de justicia, pero no reemplaza el trabajo lento y complejo de construir responsabilidad social. El problema de fondo seguirá intacto y a la espera del próximo titular.
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