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En mayo de 2022, Lorenzo, un perrito que realizaba labores de seguridad en un prestigioso centro comercial, ubicado en el norte de Bogotá, sufrió maltrato por parte de una vigilante. El hecho, que quedó registrado en una cámara de seguridad y se volvió viral en redes sociales, causó la indignación y el rechazo de miles de ciudadanos.
El caso de Lorenzo fue tan mediático que inspiró un proyecto de ley para proteger a los canes usados en tareas de seguridad y vigilancia. Hoy, casi tres años después de aquel suceso, la normativa que busca poner fin al maltrato y a las condiciones inadecuadas que enfrentan miles de animales en estas actividades es un hecho. “La Ley Lorenzo, que protegerá a los miles de perritos usados en seguridad y vigilancia privada, es una realidad”, dijo la senadora Andrea Padilla, autora de la iniciativa, tras la aprobación de la normativa el pasado 18 de febrero.
Según un informe publicado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en octubre de 2023, en el país existen 108 empresas autorizadas para el uso de canes en servicios de vigilancia y seguridad privada. Se reportan 5.895 perros en esta actividad, de los cuales 2.482 están en la modalidad de control y detección de explosivos, 2.140 en la modalidad de defensa controlada y 1.268 en la modalidad de control y detección de narcóticos.
Esta nueva normativa, calificada por muchos como un hito en la protección de animales, busca mejorar las condiciones de bienestar de este número de caninos. En una comparativa internacional, no se encontró una legislación similar que regule específicamente estas condiciones en otros países. Aunque existen regulaciones generales sobre el bienestar animal en lugares como Alemania y el Reino Unido, las leyes que protegen específicamente a los perros de seguridad privada son escasas. Esto coloca a Colombia en una posición pionera en América Latina, marcando un precedente único en la protección de estos animales en el ámbito laboral. Sin embargo, también surgen interrogantes sobre la viabilidad de este modelo para las empresas de seguridad.
De la indignación a la acción legislativa
La Ley Lorenzo comenzó su curso a finales de 2022 como respuesta a las constantes denuncias ciudadanas por redes sociales que señalaban acciones de maltrato contra perros utilizados en labores de seguridad y vigilancia de empresas privadas.
En ese primer momento, la senadora Andrea Padilla presentó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada un proyecto de ley que buscaba prohibir totalmente el uso de perros en estas labores y reemplazarlos por tecnología. Sin embargo, la iniciativa encontró encontró férreos opositores, los cuales argumentaron que sería un error excluir a los perros de estas tareas.
La iniciativa legislativa generó en un primer momento un fuerte debate entre las empresas de seguridad privada, las cuales aseguran que estos animales son esenciales para mantener la seguridad de los ciudadanos, y los defensores de los derechos de los animales, quienes sostienen que el uso de canes en las actividades de vigilancia es una forma de maltrato.
Después de varias discusiones del proyecto, la Ley Lorenzo logró articular las opiniones del sector de seguridad y las exigencias de los defensores de los animales. Dentro de las conversaciones se cuestionaron aspectos como la importancia de los perros en las tareas de vigilancia y las formas de maltrato en dichas labores.
¿Qué cambiará para los perros de seguridad?
La Ley Lorenzo contiene varios puntos clave que redefinen las condiciones bajo las cuales los perros pueden ser utilizados en labores de seguridad privada. Algunas de estas estipulaziones están basadas en estándares internacionales para el bienestar animal que proporciona la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), incluyendo aspectos como el alojamiento, la alimentación y la atención médica, que son esenciales para el rendimiento óptimo de los perros en diversas actividades.
- Bienestar integral
Las empresas de seguridad deben introducir un plan de bienestar integral para los perros. Este debe contemplar tiempos semanales de esparcimiento y de descanso, adecuación de caniles, alimento de buena calidad y protección del clima.
- Plan de retiro
La ley también establece un plan de retiro para los perros que dejan de prestar servicio debido a la edad o problemas de salud, garantizando una transición digna y sin abandono. Esta medida es clave, ya que, hasta ahora, muchos perros retirados no tenían un destino claro.
- Reducción de la edad de uso
Otro aspecto crucial es la reducción de la edad mínima para el uso de los perros, de ocho a seis años. Esta medida tiene como objetivo evitar el desgaste físico y emocional de los animales. Según estudios como el A Working Dog’s Life: Effects of Long-Term Work on Canines (2015), los perros empleados en tareas exigentes, como la seguridad, sufren un desgaste significativo tanto físico como psicológico después de varios años de trabajo, lo que respalda la necesidad de reducir la edad de uso.
“La resolución que rige la actividad contempla que la edad de utilización es desde el año hasta los ocho años de vida, ese tiempo en un perro de talla grande es prácticamente toda la vida. Por eso cambiamos eso”, asegura Padilla.
- Responsabilidad compartida
La ley introduce el concepto de responsabilidad compartida entre las empresas de seguridad y los contratantes de estos servicios. Ambas partes deben garantizar condiciones adecuadas para los perros.
- Herramientas tecnológicas
La ley asigna al Ministerio de las TIC la responsabilidad de investigar tecnologías que puedan sustituir progresivamente a los perros en tareas de defensa controlada. Además, se crea un Registro Nacional de Perros de Vigilancia, una herramienta clave para la identificación, el seguimiento y la verificación del historial de los perros en seguridad privada.
¿Hasta qué punto afectará a las ampresas de seguridad?
Las repercusiones y expectativas con respecto a la implementación de esta ley son amplias. Entre los sectores más interesados se encuentran tanto las organizaciones defensoras de los derechos de los animales como las propias empresas de seguridad, que deberán ajustar sus prácticas para cumplir con las nuevas regulaciones.
Sobre esta segunda parte, Miguel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada, Confevip, y reconocido empresario de la vigilancia en Colombia, expresó que después de diferentes diálogos, seminarios y debates pudieron demostrar que “la sociedad colombiana no podía perder el apoyo tan grande que prestan los caninos en los temas de seguridad”.
De acuerdo con Díaz, los perros ayudan a cuidar a los niños en los colegios, a los adultos en los hospitales y centros geriátricos, y en general son un apoyo idóneo para todos los sistemas de seguridad. Sin ellos, aumentaría el riego de la sociedad y riesgo empresarial. Por esta razón, se eliminó totalmente la opción de prohibirlos en estas actividades. En su lugar, el proyecto de ley comenzó a trabajar en una normativa que elevara y regulara los estándares de cuidado animal.
“Logramos demostrar que es un servicio útil a la sociedad. La nueva ley legaliza todas esas buenas prácticas que las empresas de vigilancia ya veníamos haciendo, todo el tema de los servicios de bienestar, de cuidado, de horarios, atenciones, etc. Nosotros estamos propositivos en todo ese sentido y creemos que, al contrario de lo que se piensa a nivel general, estamos a la altura de seguir prestando la seguridad de los colombianos con ayuda de estos animales”, asegura Díaz.
Por su parte, Dogman de Colombia, empresa pionera en el sector de la seguridad y la vigilancia privada bajo la modalidad “canina”, señala que si bien la ley es justa en muchos aspectos, en otros resulta excesiva e inviable, pues implica un incremento en los costos de la tarifa del servicio. De acuerdo con la empresa, un perro adiestrado para las modalidades de narcóticos y explosivos puede costar alrededor de 18 millones de pesos. Mientras que los canes entrenados en defensa pueden valer aproximadamente cinco millones.
“La ley tiene unas cosas que nos generan grandes cuestionamientos. Una de ellas es el incremento en las horas de esparcimiento para el can. Esto que no porque sea malo, es bueno, pero implica un costo adicional que se reflejará en la tarifa porque hay que contratar más personas que hagan el tema del esparcimiento el animal. Otra cosa, es el tema de los exámenes médicos anuales que ordena la ley. Estos tienen un costo elevado que habría que revisar”, cuenta Patricia Moreno, gerente general de la compañía.
Desde Dogman de Colombia aseguran que las condiciones del país en temas de inseguridad han llevado a que el servicio de canes tenga una mayor demanda. Sin embargo, les preocupa que los sobrecostos a la tarifa que generarían las adecuaciones de la Ley Lorenzo se vuelva inviable para las empresas.
“Es una ley que en muchos aspectos la avalamos y es buena, porque le va a exigir a esas empresas irresponsables que se alineen a las normas y les garanticen sus derechos a los animales, pero por otros aspectos es bastante desequilibrada. No sabemos si los usuarios están dispuestos a pagar una tarifa tan excesivamente alta por el servicio”, dice Moreno.
Sobre esto, Padilla asegura que es el ente de control, en este caso la Superintendencia De Vigilancia y Seguridad Privada, quien debe ajustar las tarifas para las empresas prestadoras de estos servicios.
Reemplazo de perros por tecnología: ¿una posibilidad real para el futuro?
De acuerdo con la senadora Padilla, lo ideal a un largo plazo sería que no se usarán a los perros para estas labores, pero que en la sociedad hay que avanzar de manera progresiva y la nueva Ley busca eso: garantizar el bienestar de los perros e impulsar la protección animal. Ella no descarta que en un futuro se desarrollen alternativas tecnológicas que permitan sustituir a los perros.
“Uno de los artículos de la ley es investigar en soluciones tecnológicas que reemplacen progresivamente el uso de perros en estas actividades. No es una cosa inmediata, va a ser algo más bien progresivo, pero es cierto que hoy, por lo que nos dicen las empresas, no existe todavía esa tecnología”, dice Padilla.
Sobre esto, el presidente de Confevip recalcó que en la actualidad no existe, en ninguna parte del mundo, algún dispositivo tecnológico capaz de lograr lo que los perros hacen por la seguridad de los ciudadanos. “Ni en Estados Unidos, no en Dubái, ni en Europa han inventado algo mejor que los canes. En todos los aeropuertos, en todos los sitios públicos donde pueden existir amenazas para la sociedad, están ellos para cuidarnos”, dice Díaz.
¿Qué sigue para la ley Lorenzo?
Una vez la Ley Lorenzo sea sancionada por el Gobierno, se abrirá la puerta a un futuro en el que el bienestar de los perros de vigilancia en Colombia se convierta en una prioridad, marcando un antes y un después en la regulación de su uso. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, apoyada por el Ministerio de Ambiente, tendrá la responsabilidad de reglamentar el uso de los perros en la seguridad privada en un plazo de seis meses. Luego, se establecerá un cronograma para realizar visitas a las empresas del país, asegurando que se cumplan las nuevas disposiciones.
A medida que la ley entre en vigencia y se adopten sus normativas, las empresas tendrán que ajustarse a los nuevos estándares de bienestar animal, incluyendo la implementación de planes de retiro dignos para los perros que ya no puedan seguir en servicio. Un año después de la entrada en vigor, la Superintendencia, junto al Ministerio de Ambiente, comenzará a aplicar los criterios específicos para el retiro de los perros.
Este avance es significativo, pero también plantea desafíos importantes como los costos, la resistencia de algunos sectores de la industria y la necesidad de garantizar que las normativas se cumplan en todas las regiones del país. Es importante que en su ejecución, la Ley Lorenzo logre un equilibrio entre la protección animal y las necesidades operativas de las empresas de seguridad.
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