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A pocas semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, Colombia se encuentra en un punto de inflexión para la causa animalista. Con el cambio de mandatos en el Congreso de la República, el país no solo evalúa el impacto de las leyes sancionadas en 2025, sino que proyecta una agenda donde la protección de los seres sintientes busca dejar de ser una promesa de campaña para convertirse en una política de Estado con recursos blindados.
Las leyes Ángel, Kiara y Lorenzo
El año 2025 cerró como uno de los más productivos en materia legislativa para el bienestar animal, gracias a la presión de organizaciones sociales y el liderazgo de voces en el Congreso. Estos avances se materializaron en tres pilares fundamentales:
La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025): nombrada en honor a un canino que fue víctima de un acto de crueldad extrema al ser despellejado vivo, esta norma actualizó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
Su principal logro fue el endurecimiento de las penas para el maltrato animal dolo, elevando las sanciones de prisión hasta los 56 meses y fortaleciendo las herramientas pedagógicas para jueces y fiscales.
La Ley Kiara (Ley 2480 de 2025): tras la trágica desaparición de una perrita en una guardería, esta ley regula por primera vez los servicios de cuidado, hoteles caninos y colegios para animales de compañía. Ahora, estos establecimientos deben cumplir con protocolos estrictos de vigilancia y transporte, garantizando que el bienestar del animal sea la prioridad sobre el lucro comercial.
La Ley Lorenzo (Ley 2454 de 2025): enfocada en los perros utilizados en labores de vigilancia privada, esta ley promueve la transición tecnológica para reducir progresivamente el uso de animales en estas actividades. Además, obliga a las empresas a garantizar un plan de retiro digno para los caninos que han cumplido su tiempo de servicio, evitando que terminen en condiciones de abandono.
Sin embargo, a pesar de estas victorias, el panorama en las calles sigue siendo alarmante. Según cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en Bogotá los casos de maltrato aumentaron un 64% durante 2025, superando los 5.000 reportes de animales atendidos por negligencia o violencia.
Casos como el de Sara (rebautizada como Samanta), una perra que fue rescatada en condiciones deplorables y cuya custodia inicial fue objeto de una intensa batalla legal, han puesto de manifiesto la urgencia de una justicia que actúe con celeridad.
El presupuesto y la política de Estado
Para líderes del sector como Natalia Goyeneche, candidata a la Cámara por Bogotá, el problema central no es la falta de voluntad legislativa, sino la carencia de fondos para ejecutar lo aprobado. “El país necesita pasar de las promesas de campaña a asignaciones presupuestales claras y de cumplimiento real”, afirma Goyeneche.
Goyeneche enfatiza que los programas de esterilización y atención veterinaria deben estar respaldados por partidas fijas y metas medibles.
Entre sus propuestas para el nuevo periodo legislativo destaca la creación de un Fondo Nacional para la Protección Animal y la construcción del primer Hospital Veterinario Público para Bogotá, una necesidad imperante para las familias de bajos recursos que no pueden costear urgencias para sus animales de compañía.
Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández, quien ha sido una de las líderes en la defensa ambientalista en el Congreso, sostiene que la protección animal ha dejado de ser el “patito feo” de la política colombiana para convertirse en un tema de ética y salud pública.
Según la senadora, su agenda para el 2026 se centrará en tres pilares: justicia efectiva, prohibición de espectáculos crueles (como corridas de toros y riñas de gallos) y un presupuesto con enfoque animalista.
“Una ley sin plata es solo una buena intención”, advierte la senadora Hernández. Ella hace un llamado a que el Plan Nacional de Desarrollo incluya recursos específicos para los municipios más pobres del país, donde la infraestructura de refugios es inexistente.
Además, recalca la importancia de la corresponsabilidad: “El animalismo no es un tema de ‘sentimentalismo’, es un tema de ética política y salud pública. Una sociedad que ignora el sufrimiento de los más vulnerables está condenada a fracasar en sus otros desafíos”.
Justicia con dientes
Otro punto crítico que enfrentará el nuevo Congreso es la falta de operatividad en la Fuerza Pública. En una ciudad de más de 8 millones de habitantes como Bogotá, las denuncias se ven frenadas por la escasez de agentes especializados. Natalia Goyeneche resalta una cifra preocupante: “En Bogotá solo tenemos 10 policías encargados de protección animal; para el fin de semana, esa cifra se reduce a 5 agentes. Es una cifra irrisoria”.
La propuesta radica en triplicar este personal y formarlo adecuadamente para que las denuncias ciudadanas no terminen archivadas.
El cambio cultural también es parte de la agenda. Proyectos como la prohibición de la pólvora, priorizando el bienestar de la fauna silvestre y doméstica mediante el uso de tecnologías como drones, y la prohibición de la venta de animales en vitrinas, buscan desmercantilizar la vida.
Las elecciones del próximo 8 de marzo serán determinantes. La protección animal en Colombia ya tiene un marco legal sólido gracias a las leyes Ángel, Kiara y Lorenzo, pero el reto de 2026 será dotar a estas normas de “dientes” jurídicos y recursos económicos.
Como bien indican las dos lideresas del movimiento que hablaron para el El Espectador, el respeto por la vida animal es el termómetro de una sociedad civilizada y un paso fundamental para construir un país en paz con todas las formas de vida.
Aclaración: la prohibición de corridas de toros fue establecida por la Ley 2385 de 2024 con periodo de transición. En control de constitucionalidad, la Corte dejó en firme la ley y retiró excepciones para otras prácticas, con efectos diferidos.
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