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La Avenida Caracas ha sido históricamente una de las principales arterias comerciales de Bogotá. En sus tramos aún operan cerca de 30 locales que ofrecen animales de compañía, desde perros y gatos de raza hasta aves, peces y roedores. Sin embargo, lo que antes era visto como un sector tradicional, ha devenido en un escenario de controversia y debate, especialmente entre quienes se oponen a esta práctica y los que están preocupados por el bienestar de los animales que permanecen allí.
Según los propios vendedores, la comercialización de mascotas en esta zona de la capital comenzó a consolidarse en la década de 1990, cuando la creciente demanda impulsó a pequeños empresarios a abrir locales especializados en este negocio.
En los últimos diez años, ciudadanos y organizaciones defensoras de los derechos de los animales comenzaron a denunciar las precarias condiciones en las que eran mantenidos muchos de los ejemplares. Las quejas, que no han cesado, señalan desde la falta de infraestructura básica hasta el hacinamiento, la desatención médica veterinaria y la preocupante naturalización del maltrato. Ante este panorama, el Distrito, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ha intensificado las acciones de control y vigilancia en el sector, con operativos que se han vuelto cada vez más frecuentes y estrictos.
El objetivo, según Antonio Hernández, director del IDPYBA, es combatir el maltrato y asegurar que las compraventas de mascotas operen bajo las condiciones de salubridad y bienestar exigidas por la Ley 1774 de 2016. No obstante, lo que sucede en la zona revela una tensión más profunda y complicada: el ejercicio de una actividad legal —la venta de animales— que, para muchos, entra en conflicto con el principio de protección hacia ellos.
Un negocio cada vez más cuestionado
La legislación colombiana actual permite la compraventa de animales de compañía, siempre y cuando esta se realice en establecimientos autorizados que cumplan con rigurosas normas en materia de bienestar animal, incluyendo adecuadas condiciones de salubridad, atención veterinaria y controles periódicos por parte de las autoridades competentes. En Bogotá, en particular, está prohibida la venta de animales en vía pública, plazas de mercado y cualquier otro lugar que no cuente con el permiso correspondiente.
En el sector de la Avenida Caracas, la venta de animales de compañía constituye el sustento económico de aproximadamente 30 familias que han ejercido esta actividad durante generaciones. Los precios varían considerablemente conforme la especie y la raza. Un cachorro de beagle, cocker spaniel o schnauzer puede costar entre $500.000 y $800.000, mientras que razas más exclusivas, como el pomerania, pueden superar los $3.000.000 o $4.000.000. Incluso animales criollos, que a menudo se asocian con adopciones, son adquiridos por los comerciantes, en su mayoría provenientes de familias particulares que intentan ubicar camadas no planificadas.
A pesar de ser una actividad legal, la venta en estos locales ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Uno de los principales puntos de crítica gira en torno a las condiciones en las que se mantienen a los animales. Según explica el director del IDPYBA, muchos de ellos no solo están en condiciones de salud deplorables, sino que también carecen de los documentos legales requeridos, como los registros de vacunación y los contratos de procedencia.
“Encontramos que estos negocios tratan a los animales como simple mercancía. Muchos están enfermos, con parasitos y mal alimentados. Algunos locales no ofrecen espacios adecuados, no garantizan una correcta hidratación, ni están al día con los requerimientos de vacunación o seguimiento veterinario”, aseguró Hernández en conversación con El Espectador.
Esta falta de control sanitario no solo es un riesgo para las especies, sino también para la salud pública, pues muchos son mascotas no convencionales que pueden ser portadores de enfermedades zoonóticas —transmitidas de los animales a los seres humanos —.
Los operativos que lleva a cabo la entidad, en los que también participan la Policía Ambiental, la Secretaría de Salud y la Alcaldía Local de Teusaquillo, han arrojado como resultado aprehensiones y decomisos de animales en riesgo, así como el sellamiento temporal de algunos establecimientos.
Aunque el objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas, la respuesta por parte de algunos comerciantes ha sido de abierta resistencia. Según explica Hernández, en ciertas ocasiones, los operativos se han visto obstaculizados por el cierre repentino de locales apenas se detecta la presencia de funcionarios. Un informe interno del IDPYBA, al que tuvo acceso este medio, indica que durante la jornada del 8 de abril de 2025, en cinco de los 13 establecimientos programados para inspección, no se pudo ingresar debido a que los propietarios cerraron las puertas.
La tensión escaló durante el operativo más reciente, realizado el sábado 10 de mayo, en el que participó el alcalde de Bogotá, Carlos Galán. En medio del procedimiento, se registraron enfrentamientos verbales, intentos de obstrucción y agresiones físicas hacia los funcionarios. Pese a estos incidentes, el IDPYBA calificó la jornada como “exitosa” y reafirmó que las inspecciones continuarán en zonas priorizadas, atendiendo a las múltiples denuncias ciudadanas que alertan sobre posibles casos de maltrato y violaciones a la normatividad vigente.
Por su parte, algunos comerciantes de la zona defienden su actividad, aseguran cumplir con la normatividad vigente y denuncian una persecución que, según ellos, no diferencia entre quienes incumplen la ley y quienes sí se ajustan a ella.
Una de las dueñas consultadas por este medio, quien pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, afirma que aunque está de acuerdo con las inspecciones que realizan las autoridades, estas no siempre se realizan de manera justa ni coherente. Según relata, en muchas ocasiones los requerimientos van más allá del bienestar animal y se enfocan en detalles mínimos de infraestructura. “Nosotros hacemos el esfuerzo por cumplir con todo, pero no hay claridad. Un día viene un funcionario y dice que todo está en orden, y al siguiente, otro exige una caneca roja o se queja de un mugre en el techo”, afirma.
Asismimo, asegura que los negocios más antiguos del sector han tratado de adaptarse a las exigencias legales, pero que las irregularidades de algunos han terminado por afectar a todos. “Somos los más interesados en tener bien a los animales. Tengo todos mis papeles en regla: Cámara de Comercio, uso del suelo, contrato con veterinarios, registros de vacunación. Aun así, cada visita se siente como un intento por cerrarnos”.
Otra comerciante, también bajo anonimato, coincide en que los operativos, aunque necesarios, se sienten como una persecución. “Nos tratan como si fuéramos criminales. Llegan 15 funcionarios al tiempo, cada uno pidiendo documentos diferentes, como si esto fuera un allanamiento. No estamos haciendo nada ilegal. Pagamos arriendo, impuestos, tenemos permisos. Esta es una actividad permitida por la ley”.
La batalla legislativa
Para algunos defensores del bienestar animal, la venta de mascotas es un negocio cuestionable porque perpetúa una visión utilitaria de los animales como mercancías y no como seres sintientes. Esta perspectiva crítica sostiene que el comercio formal e informal fomenta la reproducción indiscriminada, muchas veces sin condiciones mínimas de bienestar, y desplaza alternativas como la adopción responsable.
También se cuestiona el mensaje que se transmite socialmente al permitir que se compren seres vivos, pues se corre el riesgo de trivializar su cuidado o convertirlos en objetos de moda. Para muchos, el enfoque debería estar en fortalecer la cultura de la adopción, garantizar esterilizaciones masivas y sancionar la explotación con fines comerciales.
Por eso, actualmente hay varias voces animalistas que piden al Congreso avanzar para generar la prohibición de este tipo de negocios en el país. Uno de los nombres más visibles es el de la senadora Andrea Padilla, quien ha impulsado varios proyectos legislativos para ponerle fin a esta actividad que califica como un “comercio cruel”.
“Nada justifica que los animales sean explotados como máquinas de reproducción y vendidos como mercancías. La adopción debería ser la política distrital. Es un contrasentido que por un lado se promueva la esterilización y el rescate, y por el otro se permitan estos negocios”, asegura Padilla, quien también es autora del Acuerdo 801 que en el 2020 prohibió la venta de animales vivos en las plazas de mercado de Bogotá.
La senadora admite que las propuestas de prohibición total enfrentan resistencia dentro del Congreso. “No contamos con los votos para acabar con la reproducción y venta de animales de compañía. La mayoría de congresistas aún la ven como una fuente de empleo y recursos. Por eso, mientras tanto, proponemos una reglamentación estricta: criaderos certificados, animales entregados esterilizados y con más de cuatro meses de edad. Queremos desincentivar, proteger y, eventualmente, transformar”, explica.
La iniciativa también contempla estrategias de transición para quienes dependen económicamente de esta actividad. “No se trata de arrasar con nadie, sino de construir un nuevo modelo”.
Desde la otra orilla, los comerciantes de la Avenida Caracas apelan a una narrativa de tradición y esfuerzo. Alegan que sus negocios han sido una fuente de sustento familiar por generaciones y que no todos incumplen la ley. “Mi familia lleva 30 años en esto. No solo vendemos animales, también comida, juguetes, medicamentos. Y ahora quieren desaparecer todo sin ofrecernos una alternativa”, dice una de las entrevistadas.
También aseguran sentirse estigmatizadas y víctimas de amenazas. “Nos han dicho que van a quemar los locales, que merecemos la muerte. Ya da miedo venir a trabajar. No todos somos iguales. Amamos a los animales, vivimos de ellos. Estamos cansados de que nos traten como delincuentes por algo que es legal”, concluye otra comerciante.
Por el momento, el director del IDPYBA anunció la instalación de una mesa de diálogo entre el Instituto y representantes del gremio de vendedores de la Avenida Caracas, con el objetivo de establecer compromisos claros y no negociables. “Nosotros encontramos que hay una organización que los agremia. Con ellos empezamos un diálogo fructífero y tranquilo, orientado a instalar una mesa de trabajo con el Instituto para ayudarles a que lo que hagan, aunque sea legal, se haga con todo el cuidado frente al bienestar y la protección animal”, explicó.
Hernández fue enfático al señalar que no se trata de perseguir a quienes cumplen la ley, sino de elevar los estándares para que el negocio no siga operando al filo de lo permisible. “Habrá compromisos que deben cumplir y que no serán negociables. Quien no los cumpla estará sujeto a operativos y sanciones. Porque por encima del negocio está la vida y el bienestar de los animales”.
Mientras tanto, la venta de animales en la Avenida Caracas seguirá siendo el reflejo de una tensión más profunda: una actividad legal que se enfrenta a una creciente sensibilidad social que cuestiona la comercialización de seres sintientes. Para algunos, exhibir animales en vitrinas resulta incompatible con los avances en materia de bienestar y derechos; para otros, representa una fuente legítima de sustento y una tradición comercial que no debe ser estigmatizada.
¿De dónde vienen los animales que se venden?
Uno de los puntos más controversiales gira en torno al origen de los animales que se comercializan en este punto de la ciudad. Frente a esto, las propietarias entrevistadas insisten en que no compran a criaderos ni promueven la cría masiva.
“Yo no trabajo con criaderos, eso no me gusta. Me manejo más con gente conocida. Si una señora tiene una parejita de perros y nacen cachorros, me los ofrece”, explica una de las vendedoras. La otra coincide: “Aquí llega mucha gente a ofrecer perritos, vecinos del conjunto, personas del barrio. Aquí no hay cría en los locales, como dicen. La mayoría no tenemos perritas pariendo en jaulas. Los animales vienen de hogares”.
Esta informalidad, que para ellas representa una forma más responsable y cercana de conseguir animales, también ha sido cuestionada por la falta de trazabilidad y por ser una posible puerta de entrada para actividades ilegales.
En los últimos meses se han conocido denuncias sobre robos de perros en diferentes zonas de Bogotá, que posteriormente aparecen a la venta en establecimientos de la Avenida Caracas. La ausencia de mecanismos claros de trazabilidad sobre el origen de las mascotas dificulta verificar si provienen realmente de hogares particulares o si hacen parte de una cadena de comercialización ilegal. Esta situación ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes advierten sobre la necesidad de controles más estrictos para evitar que la compraventa sirva como fachada para el tráfico de animales robados.
¿Qué sucede si un animal comprado en la Avenida Caracas se enferma o muere poco después de la venta?
Según comerciantes del sector, la mayoría de locales ofrece una garantía de entre 8 y 10 días, durante los cuales el cachorro puede ser evaluado por un veterinario vinculado al sitio. Si el animal presenta una enfermedad viral o fallece, los vendedores aseguran que pueden responder con otro ejemplar, un tratamiento médico o incluso la devolución del dinero. Sin embargo, también aclaran que muchos problemas de salud pueden deberse a factores externos, como una manipulación inadecuada del cachorro o el incumplimiento de recomendaciones por parte del comprador.
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