A Obama no le será tan fácil cerrar Guantánamo

El plazo de cuatro meses de suspensión de esos controvertidos tribunales especiales vence el próximo día 20, y, ante la falta de una decisión sobre lo que ocurrirá a partir de ese momento, el juez principal encargado de esas comisiones ha fijado ya para el día 27 una nueva vista. Eso no implica automáticamente que las comisiones militares vayan a ser restablecidas, pero demuestra hasta qué punto se le han complicado las cosas a Obama en relación con este asunto.

 El jueves mismo, la Cámara de Representantes se negó a incluir dentro de la ampliación del presupuesto para las guerras de Irak y Afganistán una partida de 80 millones de dólares que el Gobierno había solicitado para la relocalización de los presos de Guantánamo. ‘Lo haremos cuando nos presenten un plan claro’, advirtió el presidente del comité de Apropiaciones, el demócrata David Obey.

El Gobierno, efectivamente, no tiene ese plan, y los congresistas no quieren correr el riesgo de respaldar a ciegas un cierre que podría acabar con los presos de Guantánamo en cárceles de los estados donde ellos tienen que ser reelegidos el año que viene.

El desplazamiento de los presos a territorio estadounidense choca con el rechazo frontal de la mayoría de la población, que cree estar en peligro si cuenta en su vecindad con esos supuestos terroristas. Se da por hecho, que los siete uigures chinos que Washington se niega a devolver a su país por miedo a que sean maltratados allí, irán pronto a una prisión de Virginia. Pero no se conocen destinos para otros presos.

El traslado a territorio estadounidense tampoco resolvería, en todo caso, el problema de qué tratamiento judicial otorgarles a quienes hasta ahora son legalmente ‘combatientes enemigos’. El Gobierno no se atreve a presentarlos ante tribunales ordinarios porque teme perder los juicios por falta de pruebas. La mayoría de las evidencias recolectadas contra los detenidos en Guantánamo fueron obtenidas por servicios secretos, que no comparecen como testigos en una vista pública civil, o conseguidas mediante métodos de interrogatorio que el propio Gobierno de Obama ha definido como torturas.

Se trata de una verdadera encrucijada judicial. Aunque algunos de los presos han confesado su participación en los atentados terroristas del 11-S, podrían quedar en libertad si los jueces decidiesen anular la causa contra ellos por el uso de torturas. Obviamente, el Gobierno no puede permitirse políticamente poner en la calle a detenidos de la relevancia de Khalid Sheikh Mohammed, autor intelectual de aquellos atentados, pero tampoco tiene garantías de ganar un proceso contra un acusado del que se ha reconocido oficialmente que fue sometido a la técnica del ahogamiento fingido.

Como ejemplo, la semana pasada, los fiscales aceptaron un arreglo con un sospechoso de pertenecer a una célula durmiente de Al Qaeda en Illinois mediante el cual éste aceptaba su culpabilidad a cambio de una condena de 15 años, que le supondrá menos de diez años de prisión. La fiscalía prefirió eso a ver rechazados los cargos por el juez.

Si el Gobierno se resiste a acudir a la justicia ordinaria, la mejor solución sería su traslado al extranjero. Pero tampoco esa vía está despejada en estos momentos. El acuerdo de expatriación que más factible se veía hasta ahora, el traslado de cerca de un centenar de yemeníes a un centro de rehabilitación en Arabia Saudí, ha chocado en los últimos días con obstáculos diplomáticos lo suficientemente importantes como para recomendar que el propio secretario de Defensa, Robert Gates, se encargase del asunto esta semana en una visita a Riad.

Las negociaciones con otros posibles receptores de presos avanzan muy lentamente. Francia se comprometió el jueves oficialmente a recibir a uno de origen argelino. La semana pasada, Alemania parecía cerca de acoger a diez. España, Portugal y algunos países de Europa del Este tienen todavía que fijar las cifras que están dispuestos a aceptar.

Aún si todas esas gestiones tienen éxito, la Administración estadounidense se va a encontrar con un centenar de presos con los que no sabe qué hacer. En su comparecencia la semana pasada ante el Congreso, Gates mencionó la posibilidad de construir una prisión especial en territorio norteamericano al que trasladarlos mientras avanzan los procedimientos judiciales.

Eso permitiría, al menos, el cierre físico de Guantánamo, aunque no se resolviera la situación de los detenidos. Pero ni siquiera eso es sencillo porque ningún Estado quiere ser la sede de esa prisión.

Para acelerar el procedimiento judicial, el instrumento que el Gobierno tiene más a mano es el restablecimiento de las comisiones militares, aunque eso expondría a Obama al riesgo de fuertes críticas de los grupos de derechos humanos. Se ha pensado también en la creación de un nuevo sistema judicial, extraordinario pero diferente a las comisiones militares. Pero de esa forma sería imposible cumplir con el plazo de un año fijado por Obama para el cierre de la prisión, sita en territorio cubano.

Este asunto puede convertirse en la primera victoria de los republicanos desde que están en la oposición. ‘Las comisiones militares siguen siendo el lugar apropiado para procesar a estos individuos’, ha manifestado John McCain. Una de las principales aliadas de Obama en el Capitolio, la senadora Claire McCaskill, ha advertido que ‘Guantánamo es un enorme problema político que nos va a acabar quemando a todos’.