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“Lo que está sucediendo en Ecuador es un hito. Es un hecho histórico que viene a confirmar la necesidad de avanzar las leyes y normas que regulan un servicio de salud esencial en nuestros países”, afirmó Carmen Martínez, directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, a El Espectador.
Se refiere a lo sucedido el pasado 19 de marzo: ocho organizaciones ecuatorianas, a través del Movimiento Nacional Justa Libertad, interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional para eliminar el delito de aborto del Código Orgánico Penal Integral. Esta vez el turno de la “marea verde” es para el país andino, que, tras otros Estados, como Colombia y México, podría marcar un precedente para la despenalización del aborto en el continente.
Cada día, 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas por causas relacionadas con abortos en Ecuador, según cifras para 2022 del Ministerio de Salud de ese país. Son las mujeres de bajos ingresos quienes muestran más probabilidades de ser procesadas por abortar, incluso en casos de aborto espontáneo o en necesidad de atención postaborto, dijo Human Rights Watch en 2021. Mediante esta demanda, el movimiento busca evidenciar “el carácter anticuado, inconstitucional e inconvencional de la penalización del aborto, que afecta los derechos de las mujeres, niñas y personas gestantes protegidos por la Constitución”.
Justa Libertad es impulsado por las organizaciones Surkuna, Las Comadres, Alianza de DDHH, Amazon Frontlines, Bolena, CEPAM Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas, que también han estado detrás momentos históricos en la despenalización del aborto en Ecuador.
En la actualidad, en el país latinoamericano solo se puede realizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bajo las tres causales: cuando el embarazo implique un riesgo grave para la salud de la mujer; cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina; y cuando sea producto de una violación. Pero “estas causales no son suficientes porque seguimos viendo al aborto como un delito y no como un servicio de salud esencial para las niñas, adolescentes y mujeres con capacidad de gestar (…) entonces es sumamente importante entender que la única forma de garantizar la vida de todas ellas es dejando de ver el aborto como un delito”, aseguró Valeska Chiriboga, vocera del Movimiento Nacional Justa Libertad e integrante de la organización CEPAM Guayaquil.
En los últimos años se han visto cambios y avances significativos en la despenalización legal del aborto en la región, sin embargo, uno de los retos más grandes es la despenalización social de este, afirman las organizaciones expertas. Según una encuesta realizada en 2023 por Statista en seis países latinoamericanos, con un 28 % de favorabilidad, Argentina es el país donde la opinión pública más avala el aborto en cualquier circunstancia. Por el contrario, en Perú solo un 8 % se mostró a favor de este siempre que la mujer lo solicite.
Tanto Carmen Martínez como Valeska Chiriboga coinciden en que el verdadero éxito está en que la sociedad pueda entender que no solo se trata de un tema de organizaciones feministas, sino de derechos humanos, por lo que compete a todos. “Uno de nuestros principales objetivos es despenalizar socialmente el aborto, desmentir todos esos estigmas y estereotipos que hay alrededor de las mujeres que abortan”, agregó Chririboga.
En referencia al impulso antiaborto que, bajo el argumento de la “defensa de la vida”, se ha visto en Argentina tras la llegada de Javier Milei al gobierno, Martínez asegura que no hay marcha atrás frente a la ley que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Para ella, si algo ha quedado claro con los intentos por derogar o hacer retroceder la ley que ya está consolidada en Argentina es la fuerza de los movimientos sociales.
La “marea verde”, como se les conoce a estos movimientos de mujeres que han impulsado reformas y avances inéditos para la salud reproductiva y los derechos de las mujeres en América Latina, dijo Martínez “es la responsable de todo lo que se tiene hoy en día”. Un corto recorrido por la región se ve así.
En Colombia se permite realizar un aborto hasta la semana 24 de gestación, luego de la decisión del 21 de febrero de 2022 adoptada por la Corte Constitucional. Después de las 24 semanas, el aborto sigue estando permitido, pero en las tres causales específicas.
En el caso de México, los servicios públicos federales de salud deben ofrecer abortos gratuitos sin temor a penalización puesto que, el 6 de septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de México, por decisión unánime, declaró inconstitucional la penalización del aborto a nivel nacional. Actualmente, 20 de los 32 estados del país mantienen la penalización del aborto en sus códigos penales, pero están en la obligación de actualizarlos.
Argentina aprobó el 30 de diciembre de 2020 la ley que permite el aborto hasta la semana 14 de gestación, sin establecer causal alguna.
Para conocimiento de algunos, en Uruguay, el aborto está regulado desde hace más de 10 años por la Ley 18987, al decir que no será penalizado si se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación (o hasta 14 semanas en casos de violación).
El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana son los cinco países donde el aborto es prohibido bajo cualquier circunstancia, razón por la cual mujeres que incluso han sufrido abortos espontáneos han sido penalizadas. En otros diez se aplican las tres causales o la salvaguarda la vida de la madre (Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá y Ecuador).
Hoy la reglamentación o despenalización del aborto en la región es diversa. Lo cierto es que en cada caso se sienta un precedente que puede ser observado por otros movimientos o jurisdicciones alrededor del mundo.
A principios de marzo, Francia se convirtió en el primer país del mundo en blindar en su Constitución el derecho al aborto, colofón de un esfuerzo que se avivó tras otro precedente global: la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular la jurisprudencia del caso Roe vs. Wade, en 2022, que ofrecía garantías para el acceso al aborto en todo el país. En esta ocasión, Ecuador puede convertirse en otra de las latitudes con un capítulo en la historia de la despenalización del aborto.
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Por Juliana Castellanos Guevara
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