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El abogado Andrés Guzmán Caballero conoció a Nayib Bukele después de ir a El Salvador a dar una conferencia sobre el manejo de la información y de los derechos que tienen las personas de ser los propietarios de la suya. Alguien del Gobierno lo escuchó y captó su atención. Una conversación evolucionó a otra y a otra, y así pasó de ser defensor delegado para los derechos en entornos virtuales y libertad de expresión en la Defensoría del Pueblo de Colombia a ser parte del gabinete del salvadoreño. Guzmán lo admira, dice que Bukele es “intensamente apasionado por su país y por su trabajo”, que la percepción de él es la que él muestra en sus redes sociales, y que en su rol como comisionado de los Derechos Humanos y de la Libertad de Expresión poco o nada lo afectan los desencuentros que han tenido el mandatario y su homólogo Gustavo Petro en X, antes Twitter.
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Sobre el caso de los colombianos detenidos, afirma que no ve ningún caso en específico, ni de ellos ni de ninguna otra nacionalidad, y que no sabe algo distinto a lo que ha salido en los medios de comunicación: “Los están acusando de asociaciones ilícitas, que es una pertenencia de las pandillas, porque lo que tengo entendido es que, al cobrar un interés mayor, con violencia contra las personas o con amenazas para el pago, eso hacían antes los pandilleros”. Finalmente, y hablando de la libertad de expresión, el otro tema que le compete, confiesa que le preocupa, pero “no en el contexto de que exista, sino de cómo las agresiones no son denunciadas por los medios regulares. Me explico: decir que hay 200 periodistas amenazados en El Salvador es muy fácil; yo necesito hablar con todos ellos para saber quién los amenazó, cómo, cuándo y dónde, para así poderles dar la ayuda y el acompañamiento que requieran. No he recibido una sola denuncia personalmente”. Sin embargo, hay quienes, desconfiados por la pérdida de la institucionalidad que denuncian, recurren a las organizaciones sociales para reportar torturas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, entre otros casos.
¿Cuál es su principal desafío como comisionado de los Derechos Humanos y de la Libertad de Expresión en El Salvador?
Sin duda, es tratar de respetar los derechos humanos de todas las personas que han sido víctimas de las pandillas durante todos estos años. Se trata de estar con ellas, de ayudarlas, de ver cómo desde el Estado podemos darles la mano para que se puedan crear procesos de incorporación de una paz verdadera y duradera. A veces unos no se dan cuenta que han sido víctimas de las pandillas porque, por ejemplo, durante años, mes a mes, pagaron una extorsión y se volvió normal tener miedo a contestar el teléfono; hay quienes no se dan cuenta de esas actitudes. También están los casos de mujeres que fueron obligadas a tener matrimonios serviles desde los 13 años o que tuvieron hijos con pandilleros sin ni siquiera quererlo. Esto es un tema dramático.
Se estima que en El Salvador hay más de 70.000 detenidos, en el marco del régimen de excepción que está vigente desde marzo de 2022. Se dice que unos 5.000 ya han sido liberados. Desde su oficina, ¿cómo abordó estos casos?
En realidad, no es mi oficina la que ha hecho la labor de hacer que salgan de prisión. Ellos, cerca de 5.000, no son pandilleros, son personas que pudieron haber sido detenidas durante el régimen de excepción, pero, a pesar de que fueron acusadas de pertenecer a las pandillas, de alguna u otra forma, lograron probar que no es así. Lo que estamos haciendo con ellas es tratar de generar procesos de manejo psicológico y, además, hacer que las autoridades, en particular la Procuraduría General de la República, que es la que ejerce la defensa de las personas, los jueces y los fiscales, les den celeridad a estos casos: que los que no tengan nada que ver con las pandillas, que fueron arrestados por algo de eso, sean liberados lo más pronto posible.
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Hablando del régimen de excepción, algunas organizaciones sociales han documentado violaciones a los derechos humanos. Ellas hablan de, por ejemplo, torturas y detenciones arbitrarias. ¿Qué sabe de esto?
En mi despacho no han hecho ninguna denuncia al respecto. He visto algunos informes y documentos, donde hay varios análisis. Sin embargo, en el caso de las torturas, no hemos encontrado un solo caso, no hay denuncias ante las autoridades competentes, como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General o la Fiscalía, donde se deben radicar en caso de que exista algún tipo de tortura o de violación directa a los derechos humanos. Ahora, ahí hay unos temas que me parecen irresponsables, como decir que hay 15.000 personas que no tienen atención médica. Esos son señalamientos graves que deberían tener una base técnica, unos nombres, una investigación, además de las denuncias ante las autoridades pertinentes dentro de El Salvador y dentro de la institucionalidad, para poder darles seguimiento y ver cada caso particular. Le puedo asegurar que en ninguna cárcel de El Salvador existe algún tipo de tortura.
¿Y sobre el debido proceso? Algunos dicen que no tienen claros los motivos por los cuales sus familiares han sido detenidos. Por ejemplo, les preocupan los juicios colectivos y la figura de los jueces sin rostro, pues creen que lo que está en juego es el derecho a una defensa justa. ¿Cómo ha visto este tema?
Lo que entiendo es que eso está en un trámite Legislativo, dentro de la Asamblea de Diputados, y serán ellos los que definan el rumbo de esa norma. Aquí hay una Sala de lo Constitucional, dentro de la Corte Suprema, que analiza la constitucionalidad de cualquier norma. Sobre los jueces sin rostro, existe una norma, pero, en la práctica, todas las personas que están detenidas en El Salvador no solo tienen un abogado, ya sea del Estado o uno de confianza, sino que hay un fiscal que revisa los casos y un juez de la República que los analiza. Pese a que hay una norma que instituye los jueces sin rostro, le puedo asegurar que la mayoría de ellos, o todos, les dan la cara a los reos, administran justicia, firmando y colocando sus nombres. Entiendo que esa medida fue instaurada por el miedo que generaban las pandillas, pero las garantías procesales a las personas inocentes están dadas.
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