Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Los defensores de la libertad de información, así como los voceros de Wikileaks y organizaciones en pro de la libertad de prensa, han mostrado su preocupación por el veredicto contra el soldado Bradley Manning, quien fue declarado culpable por delitos de espionaje y podría enfrentar una sentencia de más de 100 años en prisión. Las voces coinciden en que el caso no sólo supone una agresiva advertencia dirigida a potenciales informantes, sino que representa todo un desafío para el periodismo de investigación.
Edward Snowden, Julian Assange y Bradley Manning se encuentran en situaciones distintas, pero con un común denominador: los tres accedieron a información clasificada de EE.UU.
Snowden, el extécnico de la CIA que reveló los programas masivos de espionaje de Washington, ya lleva más de cinco semanas en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, esperando a que Rusia le dé asilo o que se le otorgue un permiso para volar a algún país que esté dispuesto a acogerlo. Assange, fundador de la mayor plataforma web de revelaciones de información secreta de los gobiernos del mundo, Wikileaks, lleva más de 13 meses encerrado en la embajada de Ecuador en Londres para no ser deportado a Suecia, porque desde allí, según dice, sería extraditado a EE.UU.
Manning, después de estar preso tres años, fue absuelto de la acusación más grave, la de ayudar al enemigo al divulgar documentación que habría utilizado Al Qaeda, y así evitó una condena a cadena perpetua. En cambio fue hallado culpable de otros 20 cargos, entre ellos el de violar la ley de espionaje, lo que lo expone a una pena máxima de 136 años.
Aunque para cualquier terrícola es lo mismo una cadena perpetua a un siglo tras las rejas, ese sutil cambio tiene implicaciones que van más allá del juicio al soldado estadounidense.
Los efectos más obvios tienen que ver con Snowden. Uno de los argumentos que utilizó el joven para solicitar asilo en Rusia era que en su país podría ser sometido a torturas o condenado a la pena de muerte. Ya cuando se aproximaba el momento en que las autoridades de Moscú le iban a dar el permiso para salir de la zona de tránsito del aeropuerto, el secretario de Justicia estadounidense envió una misiva a su homólogo ruso en la que garantiza que, si Snowden regresa a su país, no será torturado ni condenado a pena de muerte, “aun cuando se le imputen cargos que lleven a esa condena”, y que en cambio será juzgado ante un tribunal civil en un debido proceso.
Que la jueza Denise Lind desestimara el cargo más grave en contra de Bradley Manning podría llevar a algunos a pensar que se garantizó el “debido proceso” al soldado. Con ese argumento Washington trataría de convencer a los rusos de que permitan el regreso de Snowden a su país.
En todo caso, el intento que hizo Washington por mostrar el juicio a Manning como imparcial y equilibrado es insuficiente a los ojos de los asesores legales de Assange y Snowden, así como de múltiples organizaciones que defienden la libertad de información y los derechos humanos. El dictarle una sentencia por la cual moriría en la cárcel, y no la cadena perpetua, no cambia mucho la situación.
Snowden tampoco ha recibido la grave acusación de ayudar al enemigo, pero sí varios cargos dentro de la Ley de Espionaje de 1917, por los cuales, en caso de ser llevado a suelo estadounidense, también podría pasar tras las rejas el resto de su vida.
Después de la condena a Manning, y viendo el incierto futuro que espera a los otros dos personajes, es lógico preguntarse si a cualquiera que filtre información secreta del gobierno de Washington, sea periodista o hacker, lo espera una situación similar.
Las organizaciones que defienden la libertad de información y los derechos humanos se pronunciaron. La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró que el veredicto es una advertencia para todos los informantes, “contra quienes el gobierno de Obama ha emprendido una cacería de una magnitud inédita, sin considerar de interés público sus revelaciones”, y agrega que la decisión pone en peligro el futuro del periodismo de investigación, sobre todo cuando es relativo a la seguridad nacional, y muestra el deterioro de la libertad de información en la primera potencia mundial.
A partir de la información filtrada por Manning —alrededor de 700.000 documentos secretos— se supo, entre otras, del bombardeo del Ejército estadounidense del que fue “víctima colateral” un equipo de la agencia de noticias Reuters en Bagdad en 2007. Una imagen que puso a pensar sobre el verdadero rol de EE.UU. en los conflictos internacionales.
Según dijo Assange desde la embajada ecuatoriana, lo que hizo Manning fue “sacar a la luz crímenes de guerra”, lo cual desencadenó revoluciones y suscitó reformas democráticas. RSF deja interrogantes abiertos: “Esta verdad, ¿debía ocultarse al público estadounidense y a la opinión internacional? ¿Es más grave dar a conocer públicamente tales actos o cometerlos?”.
La directora de derecho internacional y política de Amnistía Internacional, Widney Brown, también manifestó que las prioridades del gobierno de EE.UU. “están al revés”, porque se ha negado a investigar acusaciones verosímiles de tortura y otros crímenes previstos en el derecho internacional, y en cambio decidió juzgar a Manning, quien trataba de hacer algo que, al menos desde la óptica del periodismo y las leyes, parecía ser lo correcto: revelar pruebas creíbles de la conducta ilegítima del gobierno de EE.UU. “A quienes se debe investigar y juzgar es a aquellos que destruyen la credibilidad del Gobierno cometiendo actos como la tortura, prohibida en la Constitución de EE.UU. y en el derecho internacional”.
Conoce más