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Argentina y Venezuela decidieron hace varios años comenzar a bailar juntas. Unas veces, al son del joropo, y otras, siguiendo la cadencia de un tango; desde que los Kirchner y Hugo Chávez gobiernan sus respectivos países, ambas naciones bailan pegadas. Una amistad que, además, comparte también escándalos de corrupción, desde que en marzo de 2007 un empresario venezolano fuera capturado en Buenos Aires con un maletín en el que llevaba US$800.000, los cuales estarían destinados a financiar la campaña de Cristina Fernández a la presidencia.
El hecho descubrió una red de funcionarios de ambos países que entregaban y recibían altas sumas de dinero, sin ningún tipo de registro fiscal. El caso, conocido como el ‘valijagate’, está siendo investigado por las autoridades judiciales de ambos países, y no es el único que implica a la supuesta red de tráfico de influencias que existe entre los dos países.
Hace pocas semanas, mientras Chávez y Cristina Fernández firmaban acuerdos de cooperación en Venezuela, el ex embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, declaraba que a comienzos del gobierno de Kirchner los empresarios que querían hacer negocios con Venezuela debían pagar entre un 15% y un 20% de soborno a funcionarios del Ministerio de Planificación. En su declaratoria, Sadous sostuvo que miembros del gobierno se habrían beneficiado con testaferros en esos negocios de exportación, según acusaciones formuladas por el agregado comercial argentino en Caracas, Alberto Álvarez Tufillo, y por algunos empresarios damnificados.
El nombre que más mencionó el diplomático en su declaración fue el de un viejo conocido para los argentinos: Claudio Uberti, ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales, quien actualmente también es investigado por el escándalo del ‘valijagate’. Sadous renunció a la embajada en 2005, tras denunciar en un cable diplomático la desaparición de US$90 millones de un fideicomiso constituido para hacer negocios con Venezuela. El dinero reapareció, pero, según las pesquisas, se habría usado para comprar dólares en el mercado negro venezolano.
De acuerdo con la investigación encabezada por el juez Julián Ercolini, existen evidencias de una reunión de industriales, citada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentino y la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, en marzo de 2006. Allí habría empezado todo, con la promesa de un acuerdo para vender en cinco años US$500 millones en equipos a Venezuela. Aquí aparecieron en escena Roberto Wellisch y Francisco Carrasquero, representantes de la empresa Palmat International.
Ellos habrían sido los encargados de explicar a los industriales presentes los pormenores de la operación: los “gastos de gestión” de las exportaciones costarían un 15% del valor de facturación. Y aclararon: “para eso no hay papeles”. La comisión, sabían los empresarios, era excesiva; regularmente ninguno pagaba para exportar al exterior gastos superiores al 3%.
La firma estadounidense Palmat International, con sede en Miami, habría sido la primera intermediaria de las operaciones hasta 2007, año en que la empresa argentina Madero Trading S. A. habría comenzado a cumplir esa función. Ambas empresas habían sido investigadas años atrás por el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien aseguró que más de 20 empresas argentinas le confirmaron que pagaron una comisión a estas intermediarias para poder realizar sus transacciones.
Las operaciones entre Argentina y Venezuela, señala una fuente del juzgado, se habrían realizado a través de un fideicomiso, por el cual Caracas le vendía a Buenos Aires gasolina a cambio de productos agrícolas argentinos. Una operación llena de vacíos. Varios ex secretarios de Energía de Argentina han denunciado la compra del combustible venezolano, no sólo por el alto precio que se pagó, sino por la inutilidad del convenio. “La demanda interna está plenamente satisfecha e incluso existe en el país petróleo suficiente para exportar”, confirmó Enrique Devoto, especialista en el tema. Por su parte, el juez Ercolini pidió información al banco en Nueva York, donde funciona el fideicomiso, para conocer los detalles de las operaciones registradas.
En la investigación también se acusa al secretario legal y técnico del gobierno, Carlos Zannini, uno de los hombres más cercanos a la pareja presidencial. Así mismo, dos funcionarios que llegaron a ser muy influyentes, pero que debieron dejar sus cargos en medio de anteriores acusaciones de corrupción, también han sido señalados como parte de la supuesta colusión. Se trata del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el ya mencionado Claudio Uberti.
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