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Hace poco más de un año, Pedro Castillo daba la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Pasó de ser un semidesconocido a conseguir un porcentaje que le permitió llegar a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, rival de casi todos los balotajes peruanos desde el restablecimiento de la democracia, a comienzos de siglo. Castillo, profesor activo en el medio sindical, se convirtió en el candidato con la mejor oportunidad de ganar la presidencia, en un período no mayor a dos meses. Todo por cuenta de una tendencia difícilmente alterable en el Perú de los últimos años: el voto contra el fujimorismo.
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Castillo representaba una izquierda defensora del nacionalismo económico y conservadora en materia de derechos. Se trata de una corriente ideológica distanciada del progresismo presente en otros Estados latinoamericanos por su ortodoxia. Con justa causa, se creía que una izquierda así de tradicional tenía pocas posibilidades de ganar la presidencia, si acaso dispondría de márgenes como para ubicar algunos legisladores. Aun así, Castillo consiguió llegar por la mezcla de al menos tres factores. La fragmentación de la política peruana, observable no solo en los 18 candidatos para primera vuelta, sino en el hecho de que Castillo llegó en primer lugar con menos del 20 % de los votos. Eso demuestra hasta qué punto los partidos se han derrumbado, no solo los tradicionales Acción Popular y la Alianza Nacional Popular Americana (APRA), sino nuevas plataformas que, en otros países de América Latina, aun con la crisis de representatividad, parecen haber surgido con algo de trascendencia. En segundo lugar, Perú es uno de los modelos emblemáticos de apertura económica y comercial desde los años 90. Su proyección exitosa hacia el Pacífico y su modelo amigable con la inversión extranjera le han valido ser uno de los países más estables económicamente.
No obstante, el neoliberalismo, exitoso en inserción global comercial, nunca pudo traducirse en una reducción sustantiva de la pobreza. Durante la pandemia el fenómeno alcanzó a casi un tercio de la población; de allí el eslogan de Castillo: “No más pobres en un país rico”. El hasta hace poco presidente llegó como producto de las contradicciones socioeconómicas del modelo. Y, en tercer lugar, al igual que buena parte de quienes han pasado por Miraflores (sede de gobierno), Castillo capitalizó el antifujimorismo. El balotaje se terminó saldando para varios votantes por el mal menor. En la elección de 2011 entre Ollanta y Keiko, Mario Vargas Llosa hizo célebre la frase de que era como elegir “entre el sida y el cáncer”. Para muchos, fórmula reveladora sobre la manera en que se decantan las elecciones peruanas.
El descenso a los infiernos
Desde su posesión, en julio del año pasado, Castillo no dejó de trastabillar. Terminó posesionándose sin ministro de Economía ni de Justicia, síntoma de lo que vendría. Con una mayoría débil en el Congreso, tuvo que buscar el apoyo del centro y de un sector del progresismo en cabeza de Verónika Mendoza. Este pacto obligó a Castillo a la moderación en temas que eran imposibles de llevar a la práctica.
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En un acalorado discurso como candidato, anunció que expulsaría a los migrantes en situación irregular (clara mención a los venezolanos), sugirió la salida de empresas extranjeras y la nacionalización del gas, esto sin contar su férrea oposición al matrimonio igualitario y aborto. Pintaba mal desde el comienzo, no solo por la fragilidad de la coalición de gobierno, sino por los antecedentes de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes, como Castillo, se enfrentaron al Congreso y terminaron despedidos.
Con esta debilidad, la oposición peruana intentó desde el comienzo precipitar la vacancia (destitución) a raíz de escándalos sobre malos manejos en licitaciones y en el tráfico de influencias para ascensos en las Fuerzas Militares. Luego, en marzo de este año, se intentó por segunda vez, por la insinuación por parte de Castillo de someter a consulta popular un proyecto que le concedería una franja de mar a Bolivia. En 1992, Alberto Fujimori había firmado con Jaime Paz Zamora un acuerdo que les permite a los bolivianos usar una franja costera con propósitos exclusivamente turísticos y comerciales, pero sin compromiso de soberanía. Ambas tentativas de vacancia se cayeron por falta de apoyo.
Seguramente aconsejado por Vladimir Cerrón, la figura mas influyente del partido Perú Libre, Castillo volvió a insistir en una constituyente. Ante un inminente tercer proceso de vacancia, propuso la disolución del Congreso prevista por la Constitución (sin cumplir con las condiciones, pues se requieren mociones de censura contra dos de sus ministros) y la convocatoria de elecciones para una constituyente. Mientras tanto, gobernaría por decreto. La vicepresidenta Dina Boluarte calificó la medida como un golpe perpetrado por Castillo y, por una abrumadora mayoría, el Legislativo aprobó su destitución.
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La vicepresidenta gobierna en medio de un clima de tensión y ha hecho un llamado para sumar acciones y componer un gobierno de unidad nacional, figura de difícil concreción en un Perú polarizado coyunturalmente y fragmentado históricamente. Tres escenarios parecen posibles. Un gobierno de Boluarte hasta 2026 en medio de crisis constantes, pero sin su destitución o demisión para evitar un vacío de poder y pánico en los mercados; una recuperación de la mano de la actual vicepresidenta, renovando un pacto con el centro y el progresismo, o su salida abrupta, que ahondaría aún más la crisis.
* Profesor Universidad del Rosario.
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