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La crisis con Perú se sigue profundizando. Esta vez la presidenta Dina Boluarte ordenó el retorno indefinido de su embajador en Bogotá, que había sido convocado a consultas, como protesta contra lo que Lima considera “injerencias indebidas” por parte del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan grave es para Colombia? ¿Es posible remediar la situación en el corto plazo?
Desde que Pedro Castillo fue destituido, Petro ha sido el presidente de América Latina que más ha insistido en que se trata de un golpe de Estado. A entender del mandatario, la destitución fue ilegítima tal como ocurrió en el pasado con los golpes desde el Legislativo contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012 y Dilma Rousseff en Brasil en 2016. El caso de Castillo es bien diferente de los anteriores, en especial del primero, que fue regionalmente condenado, pues a Lugo se le violaron garantías para su legítima defensa en el juicio político, y en el caso brasileño la argumentación contra la hoy expresidenta parecía débil, contradictoria y forzada. En ambos casos había una discusión con dos posiciones encontradas entre quienes defendían la potestad de los congresos para destituir y otros que advertían una extralimitación de funciones. La situación peruana es distinta. La Constitución es clara y Castillo procedió a disolver el Congreso pasando por encima de la ley precipitando su propia caída. Hablar de golpe en su contra no tiene respaldo, menos aún negar el reconocimiento de Boluarte, que, según la sucesión constitucional, debía asumir el poder. Dicho de otro modo, la tesis del Gobierno colombiano no tiene respaldo en la realidad, ni política ni constitucional. Bien habría podido Colombia exigir garantías procesales para Castillo, pero no hay fundamento para desconocer el mandato de la presidenta, quien fuera elegida en binomio con Castillo en 2021. Vale la pena deshacer el mito de que los vicepresidentes son designados por los jefes de Estado, cuando en realidad son elegidos directamente por el pueblo.
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Dejar la relación con Perú en el nivel diplomático más elemental y bajo posible, con solamente un encargado de negocios, significa un revés de consideración y obstáculo para los planes de Petro de proyectar liderazgo en América Latina a través de la multilateralidad. Perú tiene la presidencia de la Comunidad Andina y deberá recibir la de la Alianza del Pacífico, espacios claves para la Cancillería. En una histórica y acertada alocución recién comenzaba su mandato y cuando precisamente Lima recibía las riendas de la institución andina, Petro aseguró que había que trasladar allí el debate sobre las drogas (los tres productores de coca: Bolivia, Colombia y Perú son parte) y garantizar el retorno de Chile -que la abandonó en 1976 en la era pinochetista- y Venezuela -que salió en 2006 cuando Colombia y Perú firmaron tratados de libre comercio con EE. UU.-. Incluso el mandatario colombiano propuso que Argentina, andina en términos geográficos, mas no políticos, se uniera aprovechando la sintonía de intereses con Alberto Fernández.
Si bien el retorno a Perú del embajador y la ausencia de un representante colombiano de ese nivel en Lima no afectan la relación comercial ni las inversiones, cancela cualquier posibilidad de cooperación política en temas fronterizos, de defensa, migratorios o de lucha contra las drogas. Sin relaciones políticas con Perú será difícil ventilar en espacios multilaterales regionales la ambiciosa iniciativa de la defensa de la selva amazónica y completarla con una estrategia contra el narcotráfico compatible con la defensa del medio ambiente y que tome en consideración las vulnerabilidades del campesinado andino, víctima por excelencia de los planes de erradicación forzada. Colombia pierde un aliado valioso en esta vocación latinoamericanista al considerar equivocadamente que existe un dilema entre hacer un llamado al diálogo nacional en Perú, como lo han hecho otros Estados, y mantener el contacto con un establecimiento que según la Constitución peruana debe gobernar. Claro está, es evidente la responsabilidad de Boluarte en las decenas de muertos que dejaron las protestas, pero tal como sucedió en el pasado con Alberto Fujimori, corresponde a los peruanos defender el Estado de derecho para que quienes son autoridad hoy sean juzgados el día de mañana por estos crímenes.
La situación difícilmente se puede corregir, a menos de que haya un cambio de gobierno por medio de elecciones en Perú, algo que no parece posible antes de mediados de 2024. La otra opción, poco probable por el grado de personificación de nuestra política exterior, es que los congresos avancen en un acercamiento pragmático y se reviva el Grupo Parlamentario de Amistad, que en el pasado reciente se creó y que, como ha ocurrido en el ultimo tiempo en otras partes del mundo, los legislativos empiecen a desempeñar un papel más activo en la política exterior. Allí se podrían contemplar escenarios de acercamiento para superar el impasse y reactivar el protagonismo de las cancillerías, hasta ahora testigos pasivos del enfrentamiento Petro-Boluarte.
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Para el Gobierno queda el reto de aclarar cuál es el criterio para señalar las violaciones a los derechos humanos en determinados Estados y omitir otras. La proyección de Petro como líder regional no puede hacerse a expensas de la diplomacia colombiana y de los intereses de Estado, menos aún cuando están en juego temas vitales como las migraciones, la lucha contra las drogas y la seguridad fronteriza, entre otros. El Gobierno optó en los casos de El Salvador, Nicaragua y Perú por denunciar la situación de derechos humanos, lo cual revive el debate del criterio para enfatizar en estos y omitir otros autoritarismos entre los que salta a la vista Venezuela.
Cuanto antes, la Cancillería debería tener un rol más activo para contrarrestar los efectos de la diplomacia por Twitter por la que ha optado el presidente. Los nombramientos polémicos en el servicio diplomático de personas sin formación en temas internacionales y los enfrentamientos con vecinos, incluida Nicaragua, le hacen daño a la propuesta latinoamericanista que por excelencia la izquierda ha reivindicado para Colombia.
* Profesor Universidad del Rosario.
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