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Sólo faltan quince días para que la nueva Asamblea Nacional venezolana se posesione y, consciente de ello, el presidente Hugo Chávez volvió a encender la aplanadora legislativa que lidera. Así pues, al “paquetazo navideño” que ha venido aprobando el Legislativo venezolano desde la semana pasada, gracias a varias sesiones extra, este martes se sumó la polémica reforma a la ley de Telecomunicaciones.
Esta nueva norma tiene varios puntos que han desatado una polémica en el seno de la política del país vecino. El más importante es que, de ahora en más, el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y producción nacional audiovisual “se declaran servicio e interés público”.
En ese sentido, según el diputado del PSUV Manuel Villalba, el objetivo de esta medida es obligar al Estado a desarrollar las telecomunicaciones entendiendo que son un derecho público y que por tanto el Estado debe garantizarlas. “Gracias a esta medida el Estado garantizará la telefonía básica y fija a todos los sectores, incluso lo más remotos. Además, mantiene la participación del sector público en lo que tiene que ver con el desarrollo y la comercialización de este sector”, aseguró.
No obstante, la oposición no comparte esa mirada. Para el diputado Juan José Molina, del partido Podemos, la verdadera intención de Chávez es facilitar el camino a su administración a la hora de cancelar el permiso legal para operar una radio o una televisión que incurra en algún “error” o se “vea involucrado en una denuncia”.
Otro punto que desató fuertes críticas del sector de las comunicaciones es la disminución de la duración de las concesiones, que pasó de ser por 25 a 15 años. Además, la ley estipula que éstas “no podrán cederse o enajenarse, ni adquirir o transmitirse por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción".
Hay otra norma que ha desatado polémica. La ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, también ha sido muy criticada por la oposición ya que según dicen opositores lo que busca es controlar el acceso a internet, en especial las opiniones en Twitter y Facebook. Sin embargo, el diputado Villalba asegura que la intención es establecer responsabilidades sociales para aquellos que, de manera violatoria, utilicen los medios de comunicación para incitar a la violencia, al terrorismo, al narcotráfico, entre otros.
La pelea entre los dos sectores es cada vez más intensa. Mientras los oficialistas aceleran el trámite legislativo del “paquetazo navideño”, la oposición se manifiesta en las calles. Anoche la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebró un cacerolazo y ya tienen planeada una marcha para el próximo 23 de enero.
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