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“Vamos a seguir la lucha hasta que caiga el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y rechacen la Ley Ómnibus”, dijo en su discurso el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Dáer, ante las personas que integraban el paro que se desarrolló este miércoles en Argentina. Esta es la primera huelga general del mandato de Javier Milei, quien lleva en el poder tan solo 45 días. Aún con el reto que representan las manifestaciones, el presidente de Argentina tuvo una victoria: la controversial Ley Ómnibus obtuvo un dictamen de mayoría en el Congreso, aunque con disidencias.
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Mientras en el Congreso la llamada Ley sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos avanza, en las calles, los manifestantes aseguran que no darán “ni un paso atrás”. El paro, que inició al mediodía (hora local) y se prolongará hasta la medianoche, fue convocado por la CGT, la principal central sindical argentina, que se identifica con el peronismo.
En un comunicado, la central aseguró que el Gobierno “busca romper el contrato social mediante políticas y reformas que solo buscan avasallar los derechos y conquistas del pueblo argentino” y enfatizaron en la “profunda preocupación” que generan el DNU y la Ley Ómnibus al buscar reformar leyes y códigos. En las razones para oponerse a las dos medidas, citan el riesgo a las pequeñas y medianas industrias, así como a la soberanía territorial, económica, alimentaria y ambiental; la desfinanciación a la salud pública, la educación pública, la investigación, las estructuras científicas y las instituciones culturales; y la pretensión de arrogarse la suma del poder para el presidente, entre otras.
“Construyen un aparato represivo y reformas del código penal, que no están al servicio de la seguridad de los ciudadanos, ni para combatir el delito y el narcotráfico, sino sólo al servicio de reprimir las protestas sociales y las manifestaciones gremiales y políticas”, se lee en el texto difundido.
A la CGT se sumaron en las calles organizaciones de derechos humanos, como las Abuelas de Plaza de Mayo, e incluso sindicales de otros países: el PIT-CNT, la única central sindical uruguaya, se manifestó frente a la embajada argentina en Montevideo en rechazo a las “medidas antipopulares” que “amenazan la vida, los derechos y la libertad de los trabajadores y el pueblo argentino”.
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“El paro general se da al inicio del Gobierno y puede parecer una reacción exagerada, pero en realidad resulta exagerado y apresurado el plan del Gobierno para limitar los derechos de los trabajadores”, asegura Guido Agostinelli, economista argentino.
Diego Raus, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, afirma que, ante el proyecto de la Ley Ómnibus, “no le queda más remedio al sindicalismo” que reaccionar. El proyecto, que incluye artículos sobre “la reforma económica, la apertura de los mercados, la privatización de empresas estatales, al control del empleo público, donde ya se han producido despidos, y una reforma laboral”, llega justo a las preocupaciones de las centrales sindicales.
“Como es una reacción que convoca a los sectores opositores al Gobierno, por decirlo así, al 44 % que no lo votó, es una movilización fuerte, en pleno verano vacacional argentino. Creo que tiene más simbolismo que cualquier otra cosa, no va a tener ningún peso específico en el tratamiento de la ley ni en los proyectos del Gobierno”, indica el profesor.
Por su parte, Agostinelli apunta que la actitud del presidente frente al paro, “muy posiblemente marque su gestión para los próximos años”. En caso de que “ignore un hecho político semejante, puede aislarlo y empezar a perder aceptación”. Esta semana, el jefe de Estado dijo que la huelga mostraría que existen “dos Argentinas”, una de las cuales “se quiere quedar en el atraso, en el pasado, en la decadencia”, haciendo referencia al kirchenrismo.
Por el momento, Milei mantiene la aprobación entre los argentinos, incluso con voces en las calles que critican su mandato, una devaluación del peso del 50 % y la liberación del precio de los combustibles, que minó el poder adquisitivo de trabajadores y pensionados. Varios sondeos arrojan que la imagen positiva del mandatario está entre el 47 % y 55 %.
“En general, la población sigue apoyando al Gobierno. Quizás no en términos de cuando fue la elección, con un 56 % de los votos, pero en términos generales, todavía tiene un fuerte apoyo. Está la cuestión de que gran parte del apoyo al gobierno viene más de una oposición muy fuerte al kirchnerismo”, explica Raus. “Eso es lo que le da un empujón al Gobierno para seguir adelante, más allá de algunas cosas que propone. Gran parte de la población apoya a este gobierno por oposición al kirchnerismo y todavía no le entra muy en fino a las reformas que el Gobierno está proponiendo”.
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Con ese panorama, Milei obtuvo una pequeña victoria este miércoles: la Ley sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos obtuvo un dictamen de mayoría en el Congreso, aunque con disidencias. La noticia llega después de una fuerte negociación de casi tres semanas, pues el Gobierno tuvo que pasar de 664 artículos a 525 para lograr suficientes apoyos en la Cámara Baja, en la que La Libertad Avanza, el partido de Milei, es minoría. Además del oficialismo, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y de algunos integrantes del bloque Hacemos Coalición firmaron el dictamen, lo que constituyó un total de 55 firmas, aunque 34 fueron en disidencia.
¿Cómo fue posible que, con una minoría en el Congreso, Milei tuviera un dictamen favorecedor? Agostinelli indica que los gobiernos suelen contar con “cierto aval político, dado que, en las Cámaras del Parlamento, distintos legisladores no quieren posicionarse como fervientes opositores”. Así, esos apoyos condicionales se convierten en un impulso para las medidas del Gobierno. Raus menciona una atomización en los partidos presentes en el Congreso, con lo que se han formado nuevas agrupaciones. En el caso de la Ley Ómnibus, algunos congresistas de la oposición conformaron el sector “dialoguista”, en el que Milei se apoyó para lograr el resultado. Por supuesto, no sin que antes tuvieran que eliminar o modificar algunos artículos controversiales.
Agostinelli menciona cuatro cambios claves en la reforma. Primero, “se le acortan los plazos al poder ejecutivo para la emergencia económica. Por ende, no se le asigna más allá de un año la posibilidad de cumplir ciertas funciones legislativas”. Segundo, se ajustarán las jubilaciones y pensiones por el índice de inflación y no de forma discrecional, como se había planteado inicialmente. Tercero, se retira a la petrolera YPF del plan de privatización de empresas públicas y tres empresas, entre las que está el Banco Nación de la Argentina, “sufrirían una privatización parcial”. Por último, “se retiraron las ideas de afectar a economías regionales con impuestos adicionales, así como a sectores vinculados a la cultura y medio ambiente”.
En las calles, los manifestantes no planean rendirse hasta que la Ley Ómnibus y el DNU caigan. De igual forma, Milei tampoco está dispuesto a dejar atrás las ambiciosas y polémicas reformas con las que ascendió a la presidencia, algunas de las cuales todavía no han sido aplicadas. El Congreso, que se proyectaba como su único obstáculo, parece estar dispuesto a llegar a acuerdos, mientras que, a las afueras del recinto, organizaciones de derechos humanos y centrales sindicales gritan “¡la Patria es de todos y no se vende!”.
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Por María José Barrios Figueroa
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