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El mapa general de lo que ocurriría en las elecciones generales de Venezuela, en las que fueron elegidos los candidatos que ocuparán los 277 escaños que tendrá la Cámara desde el 5 de enero de 2021, se conocía desde hace semanas. El país vive una polarización tan fuerte que, con sus altos índices de abstención, deja en evidencia el terrible estado de la democracia del país. Mientras la oposición denuncia unos comicios fraudulentos, oscuros y sin alma, al oficialismo se le hace agua la boca por saber que contará con un poder institucional que, si ya era enorme, será total cuando se conozcan los resultados.
Nicolás Maduro salió a votar ayer al mediodía, muy tranquilo, pues sabía que la Asamblea Nacional (AN), el último refugio de la oposición, sería suya a partir del próximo 5 de enero, cuando termine el mandato a cargo de Juan Guaidó, líder y presidente autoproclamado que fue reconocido en 2019 por más de cincuenta países, que se desinfló estrepitosamente con el pasar de los meses. Otro era su panorama, pues su campaña para estos comicios se centró en motivar la abstención por considerar fraudulento el proceso. “Lo de este 2020 es un fraude que se evidencia en las calles y contrasta con la lucha por elegir como lo hicimos en 2015”, tuiteaba ayer en la tarde Guaidó.
En efecto, el Observatorio contra el Fraude de la Asamblea Nacional y voceros de la Unidad Democrática fueron contundentes al señalar que había más gente haciendo cola para abastecerse de gasolina que para votar. Hasta la tarde de ayer había votado el 19,1 % de la población inscrita. Un duro reflejo de la realidad que se vive en Venezuela. La vocera del organismo, la diputada Nora Bracho, afirmó: “El 70,2 % de los centros de votación monitoreados cuentan con la presencia de puntos rojos del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) cercanos, contraviniendo la ley electoral. De esta cifra, se detectó 2,4 % de propaganda dentro de los centros de votación y 51,1 % a menos de 200 metros e incluso al frente”.
El Consejo Nacional Electoral, sin embargo, no solo afirmó que había buena concurrencia, sino que atrasó la hora del cierre de las horas hasta una hora para que todos alcanzaran a votar. “En razón de que tenemos el reporte de que, para esta hora, se mantiene la concurrencia de electores en los centros de votación, hemos decidido en reunión de la directiva del CNE que estos centros podrán permanecer abiertos hasta las 7 de la noche o hasta que haya electores en la cola”, dijo el vicepresidente de esa entidad, Leonardo Morales.
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Wilfredo Brito, obrero de 43 años residente en el minero estado de Bolívar, fronterizo con Brasil, llevaba horas esperando en una gasolinera de San Félix, en las afueras de la capital, Puerto Ordaz. «No ejercí mi derecho al voto, porque no tengo combustible para trasladarme hasta el centro de votación, el cual queda en Puerto Ordaz. La gente tiene más interés de echar gasolina que en la situación que vive el país en estos momentos”.La pregunta es si realmente la abstención fue por el llamado de Guaidó o no. Según afirmaba momentos antes el portal Efecto Cocuyo, “las encuestas nos dicen que la abstención será aplastante, pero no por el llamado de la oposición, sino porque la mayoría de los venezolanos no creemos en ninguna de las facciones políticas: ni en el oficialismo, ni en la oposición”.
En efecto, Gonzalo Moros, uno de los venezolanos con los que habló El Espectador, lo confirmó. “De las personas de mi círculo, de mi entorno familiar y amigos, no tengo conocidos que vayan a votar. Mis trabajadores tampoco tienen la intención de hacerlo. Creo que la oposición ya venía en decadencia, obviamente cuando salió Juan Guaidó la oposición agarró cierto oxígeno. La gente se entusiasmó, se vislumbraba una salida, una solución política, pero hasta el sol de hoy nos damos cuenta de que ya se termina el mandato y no hubo más allá que un reconocimiento, sanciones que nos afectaron a nosotros, de tal manera que la opinión pública y en la mía la actuación de Guaidó fue nula”, dijo el comerciante de Puerto Ordaz.
Asamblea Nacional, piedra angular
El 2015 fue un año dulce para la oposición al madurismo, que en ese entonces todavía gozaba de cierta unidad. Ganaron la Asamblea Nacional y pudieron hacer oposición de una manera legítima, a pesar de los constantes atropellos del gobierno para ponerles freno. El más grande posiblemente fue en 2016, cuando la maquinaria de Maduro impidió que se llevara a cabo el referendo revocatorio. Hoy por hoy la oposición está más que dividida, con una facción cercana al diálogo, entre los que está Enrique Capriles; otra representada por Leopoldo López y Guaidó, y una mucho más radical y distante de Maduro.
La falta de unidad llevó a la quiebra cualquier proyecto político sólido, incluso con el impulso que les dieron Estados Unidos y parte de la comunidad internacional el año pasado. Perder la Asamblea Nacional parece ser la estocada final a dicho proceso que culmina con la salida de Guaidó. Lo que estima El Nacional, de Venezuela es que con este nuevo poder legislativo el gobierno podrá “profundizar en su apertura económica en busca de ingresos que amainen la severa crisis económica”.
De hecho, Maduro ya dijo que va a “proponer decretar cuatro parroquias del corredor central como Zona Económica Especial, para que se vengan a instalar empresas aduaneras, de manufactura, de industria”. Esto para que sea “más fácil tener aranceles preferenciales en algunos productos”.
En diálogo con Infobae, la diputada Delsa Solórzano afirmó que hasta que haya un proceso transparente y legítimo en Venezuela “la Asamblea Nacional debe continuar en el ejercicio del cargo hasta que pueda haber un proceso legítimo. Nosotros tendremos que seguir siendo parlamentarios, hasta que se elija una nueva Asamblea. La única manera de sustituir a una autoridad electa es a través de un referendo revocatorio o de una nueva elección. Acá no hay una elección. Entonces la Asamblea no puede cesar sus funciones, porque no puedes dejar al país sin ente legislativo”.
Diferente es el concepto de Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en Estados Unidos, quien le dijo al mismo medio: “La Asamblea Nacional, al no tener un poder legislativo a quien entregarle el mandato popular, tiene que preservar su poder hasta que tengamos un poder Legislativo al que podamos transferir ese poder. De manera que esa Asamblea electa en 2015, conserva su poder hasta que pueda transferirlo a un órgano legislativo que refleje la expresión de la voluntad popular”.
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