Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Los seis colombianos que estaban presos como presuntos autores materiales del magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fueron asesinados el viernes en una cárcel de Guayaquil. Horas después, el sábado, a más de 400 kilómetros de distancia, el cuerpo de un séptimo vinculado con el crimen, de nacionalidad ecuatoriana, fue encontrado muerto en la cárcel El Inca, de Quito. Según información obtenida por medios y expertos en seguridad, los reos fueron hallados ahorcados con sábanas.
Tras estos hechos, el gobierno de Guillermo Lasso anunció una denuncia penal contra el director subrogante de la Penitenciaría del Litoral (oficialmente Guayas 1), José Antonio M. V., a quien el domingo un juez le dictó prisión preventiva por los hechos ocurridos el 6 de octubre.
Además, Lasso, tras un consejo de seguridad que llevó a cabo luego de volver de Nueva York (en donde estaba por asuntos personales y desde donde partiría a una gira por Corea del Sur, que se vio obligado a cancelar), ordenó un remezón en la cúpula policial a raíz de los hechos. Salieron el comandante de la Policía, el jefe de investigaciones de la misma institución y el jefe de la autoridad carcelaria. Además, se ordenó el traslado de los seis detenidos vinculados con el magnicidio de Villavicencio que quedan “para resguardar su seguridad”, según un comunicado de la Presidencia.
Sugerimos: Estos son los colombianos asesinados en Ecuador vinculados a muerte de Villavicencio
Para Fredy Rivera, analista de seguridad internacional e inteligencia estratégica, la respuesta gubernamental ha sido una serie de “lavadas de cara, movidas demagógicas”, pero no porque al presidente le interese la oposición ni aumentar su popularidad en este punto, cuando está a pocas semanas de entregar el poder, sino como “cortinas de humo para que no se abran más preguntas y pueda irse en noviembre”.
Por su parte, Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, comenta que ha sido “recurrente la falta de controles y garantías del Gobierno para comprender el alcance del crimen organizado en la política, y eso es lo preocupante”. Considera que la remoción del comandante general de la Policía, general Fausto Salinas, fue tardía, mientras que el gabinete ministerial sigue intacto.
Para Fredy Rivera, además, en este episodio hay una “clarísima omisión estatal”. Agregó, sin entrar en detalles, que “a una parte de la cúpula le conviene que estas personas estén muertas”, y explica que Fernando Villavicencio se destacó por sus denuncias sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones de Ecuador.
Las sombras sobre el caso Villavicencio
Los asesinatos de los siete implicados en el magnicidio de Fernando Villavicencio, acribillado el pasado 9 de agosto a la salida de un mitin político en Quito, 11 días antes de la primera vuelta presidencial, se registran poco tiempo después de que Estados Unidos anunciara una recompensa de US$5 millones por información que ayudara a dar con el paradero de los autores intelectuales del crimen.
Según Fredy Rivera, llama la atención que la investigación del “cuerpo de agentes del FBI que vino a ‘apoyar’ no ha tenido ningún resultado; hay un gran silencio”. Añadió que el simple hecho de que se hubiera ofrecido una recompensa “es mala señal”. Explica que las recompensas por lo general tienen el objetivo de “quebrar a las organizaciones criminales para que se delaten entre ellas”, pero sostiene que también denota, en este caso, la desconfianza en las autoridades ecuatorianas.
Los votantes están a una semana de escoger al remplazo de Guillermo Lasso, que en mayo pasado decretó la “muerte cruzada”, una movida para disolver el Legislativo (que estaba tramitando un juicio político contra el presidente) con la condición de que la cabeza del Ejecutivo también salga de su cargo.
Ecuador atraviesa por la peor crisis de seguridad de su historia como consecuencia del papel de “bisagra” en el negocio del narcotráfico que los carteles han impuesto sobre el país. Esto se ha manifestado en buena parte en la crisis carcelaria, con choques entre bandas del crimen organizado que se disputan el poder dentro de los penales, pero también el negocio de la droga en las calles. Las masacres carcelarias han dejado más de 400 muertos desde 2021.
Le puede interesar: Colombia condena el asesinato de los seis imputados por magnicidio en Ecuador
La violencia política es otra de las caras de esta crisis: al menos siete funcionarios, incluidos un alcalde, dos concejales, un candidato a asambleísta y un líder local, han sido asesinados en el último año.
El próximo 15 de octubre el empresario Daniel Noboa y la correísta Luisa González se enfrentarán en un balotaje para elegir a la persona que terminará el mandato actual, que va hasta 2025. Mientras Noboa pidió que se investigue la muerte de los reclusos, González aseguró que existe una “estrategia de terror que intentan imponer a la ciudadanía”.
Fredy Rivera asegura que el reciente episodio ha servido para revivir las versiones que apuntan a Rafael Correa (que respalda a González) por supuestamente tener intereses en la desaparición de Villavicencio, quien denunció un entramado de corrupción que señalaba a Correa, mientras que este llegó a calificar al periodista de “prófugo de la justicia” luego de que recibiera una condena por injuria.
De forma similar, Renato Rivera señala que la más afectada por los sucesos del fin de semana puede ser la correísta, quien había salido fortalecida del más reciente debate presidencial, según las encuestas. En varios sondeos, Noboa sigue punteando, pero su tendencia, en comparación con mediciones anteriores, parece ir a la baja.
Lo que parece más claro es que la muerte de los siete implicados ha silenciado para siempre una parte de la verdad en el caso Villavicencio, concluyó Renato Rivera.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más