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Desde su independencia, hace 224 años, Haití no ha podido encontrar un periodo de estabilidad política. Aún apoyado por más de una decena de misiones aprobadas por las Naciones Unidas (ONU) para llevar la paz, fortalecer las instituciones democráticas, contribuir a profesionalizar el ejército y crear un cuerpo policial independiente, ninguno de los casos ha sido concluyente. Pero recordando el compromiso de mantener la paz y la seguridad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó que se intente, una vez más, acompañar al país caribeño.
De acuerdo con el último informe presentado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), el diagnóstico a junio de 2024 es el siguiente: “Las bandas delictivas siguen atacando a las instituciones del Estado y perpetrando actos de violencia que son muy perjudiciales para la gobernanza, todos los aspectos de la vida cotidiana de los haitianos y las operaciones de las Naciones Unidas”. Los ataques de estas pandillas, que controlan más del 80 % de Puerto Príncipe, según la jefa de la misión, María Isabel Salvador, “han debilitado aún más las instituciones estatales y profundizado los desafíos ya críticos para el restablecimiento del Estado de derecho”.
Desde marzo, el país caribeño ha sufrido una explosión de violencia cuando poderosas bandas lanzaron ataques contra comisarías, prisiones, sedes oficiales y el aeropuerto de Puerto Príncipe, en un pulso contra el controvertido ex primer ministro, Ariel Henry. Además, han saqueado, incendiado y destruido instituciones médicas y farmacias, educativas y lugares religiosos en la capital. De acuerdo con el informe, entre enero y mayo de 2024 hubo 3.252 homicidios dolosos, más de 970 secuestros, el desplazamiento forzado de casi 580.000 personas en todo el país y la inminente hambruna para cerca de 1,4 millones de haitianos.
Ante la crítica situación, la Oficina tomó dos acciones principales: acompañar al Consejo Presidencial de Transición, liderado por el que fuera máximo representante del Senado haitiano entre 1995 y 2000, Edgard Leblanc, para designar al ex primer ministro Garry Conille (2011-2012) como nuevo jefe de Gobierno de transición y autorizar el despliegue de un contingente de agentes de la policía keniana, financiado por Estados Unidos, para apoyar a la Policía Nacional de Haití.
En junio, el nuevo primer ministro y su gobierno tomaron posesión de sus cargos en Puerto Príncipe. “Mis queridos compatriotas, Haití se enfrenta a grandes desafíos. La violencia y la inseguridad paralizan nuestra vida cotidiana. La crisis humanitaria agrava el sufrimiento de nuestros compatriotas más vulnerables, y la inestabilidad política está socavando los cimientos mismos de nuestra sociedad”, declaró Conille durante su investidura. “Mi gobierno trabajará sin descanso para mejorar las condiciones de vida de cada haitiano. Sin seguridad no se podrá realizar ningún progreso duradero”.
Según explicó Aymeric Durez, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, “la prioridad al establecer un mínimo de seguridad en el país con el objetivo de organizar elecciones en un futuro”. El Gobierno de transición de Conille tiene la intención de ser una etapa que debería concluir con la celebración de elecciones en 2026, diez años después de los últimos comicios.
Antes de llegar a ese punto, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el envío de una misión de apoyo a la Policía Nacional de Haití compuesto, en un principio, por 400 policías kenianos para fortalecer a las autoridades haitianas. Según un informe de Naciones Unidas, la institución apenas cuenta con medios pare hacerles frente a las bandas criminales, y muchos agentes han abandonado el cuerpo en el último año. Actualmente en Haití hay 1,3 policías por cada 1.000 habitantes, mientras que el estándar internacional es de 2,2.
Mientras que las autoridades kenianas calculan que el costo de la misión ascenderá a US$600 millones, un fondo de la ONU para financiarla solo ha recaudado US$21 millones. Estados Unidos ha prometido más de US$300 millones. De acuerdo con Durez, “Estados Unidos tiene un rol fundamental en la operación, aunque no quiera intervenir directamente enviando tropas propias. Para ellos es muy importante reestablecer el orden en Haití por la preocupación que les genera la inmigración”. Además, “es por la cercanía entre Estados Unidos y Kenia que se logró esta operación”, explicó.
Los expertos afirman que el presidente de Kenia, William Ruto, quien ganó unas reñidas elecciones en 2022, está utilizando el despliegue para ampliar su perfil en la escena mundial. Otros aseguran que es más bien una estrategia del gobierno de Estados Unidos para estrechar lazos con los principales líderes africanos y competir con la influencia China en ese continente.
A finales de mayo, Kenia fue declarado aliado principal fuera de la OTAN, según Joe Biden, por colaborar en la lucha antiterrorista contra el Estado Islámico (EI) y Al Shabab, así como su apoyo a Ucrania y el plan de despliegue de la misión de seguridad en Haití. Ese estatus especial conlleva privilegios económicos y militares, como la posible entrega de artículos de defensa y la organización de entrenamientos conjuntos.
En menos de un mes, la alianza de las fuerzas de seguridad dio su primer resultado. El Hospital Universitario de Haití, el más grande de Puerto Príncipe, fue recuperado por las autoridades. Situado frente al palacio presidencial, uno de los principales objetivos de las pandillas, con la escalada de la violencia el hospital, que atendía cerca de 1.500 pacientes al día, pronto se vio obligado a cerrar sus puertas y evacuar a sus pacientes. “Se acabó el tiempo de recreo”, dijo Conille al confirmar la operación. “Recuperaremos nuestros espacios” y le daré a la policía “todo lo que necesite”, agregó.
“A pesar de la dificultad de la situación actual”, durante la sesión del Consejo de Seguridad para discutir el mandato sobre Haití, la ONU renovó “el compromiso de la BINUH junto a las autoridades haitianas y la sociedad civil en favor de la estabilidad y la paz”. Sin embargo, como advirtió la encargada Salvador, librar al país caribeño de la inseguridad de las pandillas será “insuficiente” si antes no se resuelven los problemas sociales de fondo.
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Por Juliana Castellanos Guevara
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