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Para muchos la democracia en El Salvador se desvaneció el sábado. “Todos los poderes dependen de una persona, que es Nayib Bukele. No hay nadie en la Corte Suprema, en la Asamblea Legislativa, en el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el Ejército, o en la Policía que le diga que no al presidente. En otras palabras, a este país solo le queda la calle como oposición”, dijo el periodista de El Faro Nelson Rauda a El Espectador.
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El sábado 1° de mayo la nueva Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, destituyeron en cuestión de minutos a cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la más importante de ese tribunal, y al fiscal general de la República. Estos magistrados frenaron medidas presidenciales, la mayoría sobre regímenes de excepción, que vulneraban los derechos fundamentales de los salvadoreños.
“Hay un procedimiento establecido en la Constitución vigente del país para destituir a los magistrados y al fiscal. Y no solo eso, también hay un procedimiento para nombrar a los reemplazos, y todo lo hicieron en seis horas. Lo que pasó es ilegal y ellos lo saben”, dijo Rauda, quien además explicó que altos funcionarios, entre algunos magistrados de la Corte Constitucional y el fiscal general, renunciaron a sus cargos porque temen por la seguridad de sus familias.
Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que la destitución de los magistrados “socava gravemente la democracia y el Estado de derecho”, una advertencia que lanzaron decenas de organizaciones internacionales. Ante las críticas, Bukele se declaró dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero les pidió mantenerse al margen. “Estamos limpiando nuestra casa, y eso no es de su incumbencia”, aseguró.
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¿Por qué se dan las destituciones? El diputado Numan Salgado, quien sustentó el pedido de destitución del fiscal, dijo que “quedó en entredicho su independencia e imparcialidad” necesarias para ejercer el cargo, al haber sido vinculado con el opositor partido Arena. En cuanto a los magistrados, la legisladora Suecy Callejas, del gobernante Nuevas Ideas, dijo a la AFP que “los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita a funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin la vida no existen demás derechos constitucionales”.
Los antecedentes
En noviembre de 2020 arrancó la investigación contra el gobierno Bukele por los contratos irregulares de la pandemia. Un grupo de fiscales allanó el Ministerio de Salud y de Hacienda. “Al parecer, funcionarios del gobierno dieron contratos a sus familiares para proporcionar mascarillas, botas de hule y guantes. La Fiscalía estaba investigando el gasto de US$20 millones (…). En ese momento hubo resistencia por parte de la Policía, que no quería dejar entrar a los fiscales a las oficinas. Ahí ya había sospecha de que la policía era controlada por el gobierno de Bukele”, sostuvo Gabriela Cáceres, periodista de nacionales de El Faro. Lo curioso, explica Cáceres, es que el diputado que propuso destituir al ahora exfiscal fue una de las personas que intentaron bloquear el allanamiento en noviembre.
“¿Cómo se llegó hasta este punto en el país? El mismo Bukele lo avisó, y no solo con lo que pasó el 9 de febrero del año pasado; desmanteló los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, que fue la entidad que reveló muchas de las tramas de corrupción en administraciones anteriores, y utilizó al Ministerio de Hacienda como un ente de persecución política contra El Faro”, dijo Rauda.
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El domingo 9 de febrero de 2020, el presidente llegó a la Asamblea Legislativa con miembros de la Brigada Especial de Seguridad Militar que portaban armas automáticas. Bukele estaba presionando al órgano legislativo para aprobar un préstamo de US$109 millones para la compra de equipo de seguridad con el que pretendía “combatir al crimen” en el país. “Este ha sido el despliegue más evidente de fuerza bruta desde el fin de la guerra civil de El Salvador en 1992”, escribió José Miguel Vivanco en una columna de The New York Times. A las malas, Bukele citó el artículo 167 para convocar esa sesión extraordinaria, un recurso que solo se puede utilizar en caso de emergencia nacional. El presidente exigió a la asamblea que se reuniera para aprobar el préstamo. Pero algunos legisladores tenían sus dudas sobre cómo se iban a manejar estos recursos.
Justamente fueron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, hoy destituidos, los que admitieron una demanda de inconstitucionalidad por lo que pasó el 9 de febrero. La Sala admitió medidas cautelares como “ordenar al presidente a que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”. Desde entonces, Bukele tenía entre ojos a los magistrados y la tensión fue aumentando.
“El presidente declaró en abril del año pasado el Estado Excepción, y se cometieron muchas detenciones arbitrarias. Los magistrados empezaron a admitir hábeas corpus a favor de estas personas para que un juez revisara las medidas. ¿El resultado? Tuvieron que hacerle caso a la Sala”, sostuvo Gabriela Cáceres, quien explica que probablemente por este tipo de decisiones, Bukele detuvo el pago a los funcionarios de la Corte y de la entonces Asamblea Legislativa.
Pero para limpiar la casa Bukele no solo empezó a despejar el camino en los altos tribunales. La libertad de expresión también se vio afectada. Nelson Rauda menciona que los ataques a la libertad de prensa, según ha registrado la Asociación de Periodistas de El Salvador, se triplicaron entre el último gobierno de la administración anterior del FML y el primer año de Bukele en el poder.
“Si vienes a El Salvador y preguntas por El Faro te van a decir que somos evasores de impuestos, que somos criminales y lavadores de dinero. Todo esto lo ha dicho el propio Bukele en su propaganda. Mientras que nosotros publicamos temas que son claves para el país: el nuevo presidente de la Corte Suprema, que supuestamente va a combatir la corrupción, negociaba favores judiciales con un fiscal general que ahora esta preso, eso lo publicamos”.
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Hostigamientos que, según Cáceres, también se perciben en el día a día: “se ha dado seguimiento a mis compañeros, se pasean por las oficinas de El Faro, y ya tienen identificados sus vehículos y sus casas. Se supone que también hay intervenciones de llamadas telefónicas”, sostuvo. Las agresiones también llegan por redes sociales.
“Los comentarios y las ofensas han aumentado vía Twitter (…) las personas me han insultado, y me han dicho que me van a matar. Esto dejó de suceder por un tiempo, pero volvió a ocurrir desde hace unos días”, agregó. ”Antes del sábado yo me sentía un poco más segura reporteando en la calle, pero con estos cambios, estoy preocupada porque Bukele tiene todo bajo control; probablemente si hay una investigación que no le parezca, podría ser muy riesgoso para nosotros”, comentó la periodista.
El problema, para muchos, es que la oposición en las calles puede no ser lo suficientemente contundente. “El sábado, cubriendo una manifestación tras la destitución de los magistrados, se me acercó una persona para decirme que las cosas iban a estar mucho mejor con Bukele. La gente no entiende la gravedad de que el Ejecutivo tenga bajo su control la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, y la Asamblea”, dice Cáceres. Algunos advierten que las cosas pueden empeorar.
“Ojalá y no sea cierto el rumor de que en la plenaria se propondrá la creación de una Asamblea Constituyente. La reforma a la Constitución tiene reglas que deben cumplirse. La creación de una Asamblea Contituyente implicará más quebramiento del orden constitucional”, escribió en sus redes sociales Germán Rivera, abogado especializado en procesos de amparo, inconstitucionalidad y hábeas corpus. ¿Hasta dónde irá Bukele? El límite es difuso, pues el mismo mandatario aseguró: “El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”.
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