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Este fin de semana se cumple un año de la llegada de Daniel Noboa a la presidencia de Ecuador, marcando una ruptura con la tradicional dinámica de la democracia en el país en los últimos años. Antes de esto, una fuerza con tendencias de izquierda, liderada por Rafael Correa (presidente entre 2007 y 2017), se enfrentó a la oposición, que llegó a estar encabezada por Lenín Moreno, exvicepresidente de Correa, en el Palacio de Carondelet.
Sin embargo, ninguno de estos gobiernos fue capaz de frenar un crecimiento exacerbado del crimen organizado que sumió al país en una crisis de orden público que, a su vez, erosionó el periodo presidencial del empresario y banquero Guillermo Lasso y se manifestó en episodios como el magnicidio de uno de los candidatos presidenciales favoritos a sustituirlo, Fernando Villavicencio. Entonces, apareció la figura del outsider que pretendía sacar a Ecuador del caos: Daniel Noboa.
Con 36 años y, a diferencia de Lasso, Moreno y si se quiere el mismo Correa, Noboa no contaba con experiencia en el campo y pretendía marcar la diferencia de una clase política que para entonces había fracasado. Lo que ha dejado ver su forma de actuar ha sido contundente: es un mandatario que está dispuesto a lograr sus cometidos sin importar si por el camino debe saltarse ciertas normas, o impedimentos.
En abril, bajo sus órdenes, militares ecuatorianos entraron en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, otrora zar del correísmo en temas energéticos y hoy preso mientras se desarrolla una investigación por corrupción en su contra. Esto desató una crisis diplomática sin precedentes que terminó con México cortando relaciones y con ambos países enfrentados en la Corte Internacional de Justicia.
De la misma tendencia de mano dura vino la decisión de militarizar el país y las cárceles, buscando hacerle frente al amplio dominio de las pandillas. Sin embargo, para Will Freeman, investigador de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, no es solo el crimen nacional el que afronta Ecuador.
“No sería fácil para ningún presidente o presidenta manejar una crisis de seguridad tan profunda. Sin embargo, veo muchas deficiencias en la política de Noboa, sobre todo su enfoque en la militarización en lugar de la investigación de redes empresariales-criminales y un control eficaz de los puertos (la infraestructura física que hace a Ecuador rentable para los carteles)”, analiza.
Noboa no tiene mucho tiempo. Su mandato termina en 2025, pues las elecciones pasadas fueron convocadas con la lógica de completar el periodo que debía terminar Lasso. Es un periodo corto, por lo que estos meses han sido cruciales para solventar frentes urgentes.
El pragmatismo político de Noboa también se vio reflejado en el último mes con el cese del cargo de Verónica Abad, su vicepresidenta, luego de meses de una pésima relación. Está suspendida por más de 100 días por abandono del cargo, según el Ministerio de Trabajo, por demorarse en su traslado de Israel (en donde también era embajadora) a Turquía. Sin embargo, para Freeman, el hecho de que el Ministerio de Trabajo la haya suspendido muestra una alineación con los intereses del gobierno: “Aunque no se puede decir que Noboa ha logrado un control total del Estado, sí hay varios entes que se han alineado con el presidente”.
Freeman no puede afirmar que las tendencias del presidente sean autoritarias, aunque resalta que las dinámicas de Abad y Noboa son preocupantes. Por otro lado, para Laura Lizarazo, analista de riesgo global de Control Risks, sí marcan precedentes arbitrarios.
“Esta decisión del presidente Noboa contraviene instrumentos internacionales y disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las normativas que regulan o protegen a las autoridades elegidas por voto popular. Genera dudas sobre la solidez y la probidad de quienes toman este tipo de decisiones y están al mando de las entidades públicas en Ecuador. Esto es, sin duda, motivo de preocupación en un país donde la inestabilidad política suele ser crónica, y donde el malestar social y los episodios de inmovilización son recurrentes”, analiza Lizarazo.
El 2025 llega con más crisis y elecciones
A pesar de que Noboa ya inscribió hace casi dos meses su candidatura para febrero, acompañado de María José Pinto, quien figura en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición, también hay versiones que apuntan a que no está satisfecho con la experiencia en la presidencia. Sin embargo, muestras como la protesta de esta semana en Quito, que dejaron heridos y enfrentamientos con la policía, son una muestra de lo golpeada que puede llegar la popularidad de Noboa a estos comicios, quien culpó a la oposición de su gobierno de querer desestabilizar al país con las manifestaciones.
La imagen fuerte con la militarización puede verse mermada con una crisis energética que viven, con apagones de hasta 12 y 14 horas. “Lo que está haciendo el presidente Noboa es simplemente, una vez más, como también ocurrió con el gobierno del presidente Lasso, adoptar medidas reactivas, medidas de contención para sortear lo más inmediato de estas deficiencias. Por un lado, los cortes de electricidad son sumamente costosos en términos sociales, de productividad y de competitividad, lo que ralentizará aún más el aparato productivo ecuatoriano, que ya enfrentaba dificultades. Justamente, para alcanzar los niveles de producción previos a la pandemia”, cuenta Lizarazo.
Noboa, en un principio, culpó a Gustavo Petro de no querer venderle energía a Ecuador. Sin embargo, luego moderó su tono, reuniéndose con él a finales de octubre y enviando a su alfil y exministro de gobierno, Arturo Wong, a gestionar la compra de energía. Sin embargo, el costo político puede que ya sea evidente. Según Bloomberg Línea, Noboa pasó de un 32 % de intención de voto a un 27 %, solamente un punto por encima de Luisa González, la discípula de Rafael Correa que buscará revancha en 2025.
Ahora, si Noboa sigue adelante y lucha por la reelección, muy seguramente, según los analistas consultados, buscará darle continuidad a su estrategia de luchar contra las bandas criminales e incentivar el crecimiento económico. Sin embargo, gane quien gane y con las intenciones que tenga, el panorama es el mismo. “Sea que gane Noboa o sea que gane González, Ecuador seguramente seguirá enfrentándose a episodios periódicos de inestabilidad institucional, con choques entre las ramas del poder público, como la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. También veremos episodios ocasionales o recurrentes de protestas sociales”, avizora Laura Lizarazo.
¿Y la cooperación con Colombia?
Colombia es en parte responsable de la compleja situación de seguridad en Ecuador. No se pueden entender los problemas en el país vecino sin analizar toda la red de narcotráfico internacional, que involucra desde productores hasta consumidores. Como el mayor productor de cocaína en el mundo, Colombia juega un papel importante en esta red.
Ecuador mantiene una “interdependencia criminal” con Colombia, la cual ha sido histórica desde el crecimiento de la producción de cocaína y la expansión de los grupos criminales colombianos, afirma Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. “Todos los efectos de las políticas de control que se dan antinarcóticos en Colombia han tenido un impacto significativo en el crecimiento de la criminalidad en Ecuador”, explicó el experto. Así, por ejemplo, el control del tráfico de cocaína en el Caribe desvió el transporte de cocaína hacia el Pacífico, lo que convirtió a Ecuador en un pivote de la producción colombiana hacia mercados internacionales o mercados de consumo de cocaína. Este fenómeno ha creado vínculos entre grupos criminales ecuatorianos y colombianos, quienes han aprendido y colaborado en actividades ilícitas, ampliando la influencia de la criminalidad transnacional en la región.
Debido a esta estrecha interconexión de los problemas de ambos países, para enfrentar de manera efectiva el narcotráfico y la criminalidad, la colaboración entre estos dos Estados vecinos, con diferencias ideológicas en sus administraciones, es esencial.
Tras la elección de Daniel Noboa, el presidente Gustavo Petro escribió en su mensaje de felicitación en su cuenta de X: “Trabajemos en detener la violencia que el narcotráfico ha expandido en el Ecuador”.
En un reportaje de The New Yorker, publicado en junio de este año, Noboa, sin embargo, no dio una imagen positiva de la cooperación. Aunque reconoce a Petro como una persona inteligente, afirmó que no ha tenido logros en su gobierno y lo describió como alguien con quien es difícil sostener una conversación. Noboa calificó a Petro como un “esnob de izquierda” y aseguró que el mandatario colombiano tiene la costumbre de dar conferencias en lugar de mantener conversaciones, debido a su hábito de extenderse en sus deliberaciones.
Manteniendo el statu quo
Sin embargo, según Rivera, el marco de cooperación existente ha continuado sin verse afectado por los cambios en el liderazgo ecuatoriano.
La herramienta principal de esta cooperación entre los dos países son los gabinetes binacionales. Son reuniones de alto nivel entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, que involucran a los presidentes y sus respectivos equipos ministeriales. Estos encuentros se realizan desde 2012 una vez por año y tienen como objetivo principal fortalecer las relaciones bilaterales, fomentar la confianza mutua y coordinar acciones conjuntas en áreas estratégicas, como seguridad, desarrollo fronterizo, economía, infraestructura y medio ambiente.
“Lo que surge con la implementación de los gabinetes binacionales desde el 2012 es un restablecimiento de la confianza a nivel político, la cual había sido completamente destruida tras la crisis de Angostura, que logró una profundización también a nivel operacional y táctico”, explicó Rivera.
Actualmente, existen diversos mecanismos diseñados para promover la confianza mutua, los cuales sirven como herramientas de diálogo entre las fuerzas militares de ambos países para coordinar operaciones conjuntas. Además, se han establecido otras herramientas de cooperación, como el intercambio de información y de buenas prácticas entre las policías, cada una aportando sus propios recursos y experiencias.
Un caso concreto de esta colaboración es el operativo del 8 de agosto de 2023, en el que la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional del Ecuador, junto con sus contrapartes colombianas, identificaron y destruyeron siete laboratorios de drogas en la frontera entre Esmeraldas (Ecuador) y Nariño (Colombia). Este esfuerzo permitió desmantelar una red que utilizaba químicos provenientes de Ecuador y materia prima (hoja de coca) de Colombia para fabricar drogas ilícitas. Además, el operativo resultó en la detención de siete personas y la incautación de armas, municiones, drogas, dinero y precursores químicos no fiscalizados
“Los cambios de gobierno no han generado cambios sustanciales en las temáticas de la cooperación entre ambos países”, aclaró el experto. Esta estabilidad en la colaboración indica que, aunque ambos países mantienen fuertes lazos diplomáticos y operativos, las medidas de cooperación se han mantenido bastante estándar, enfocándose principalmente en interdicciones y en la realización de operaciones conjuntas entre militares y policías.
Por otro lado, el analista también señala que, aunque el gobierno de Noboa no ha interrumpido la cooperación existente, tampoco ha introducido nuevas estrategias o políticas que aborden la evolución del crimen organizado en Ecuador. “Y ese es precisamente un punto de crítica hacia el nuevo gobierno. Ecuador no atraviesa el mismo problema de crimen organizado ni los mismos niveles de violencia de hace años. Se esperó que el gobierno realice acciones disruptivas o proponga nuevas estrategias a Colombia, y eso es lo que lamentablemente no se ha visto en este nuevo gobierno”, dijo Rivera.
Asimismo, hace hincapié en la necesidad de revisar las estrategias actuales, que “siguen buscando respuestas a partir de experiencias que les ha [tenido] éxito hace 10 o 15 años”, para enfrentar mejor los nuevos retos que presentan las organizaciones criminales. En términos de cooperación futura, el analista recomienda expandir los mecanismos de colaboración para incluir “diálogos entre instituciones que no juegan un rol principal” en las operaciones antinarcóticos. Sugiere específicamente vincular la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador, explicando que esto ayudaría a ambos países a realizar investigaciones financieras relacionadas con el crimen organizado de manera más
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