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Dicen que si uno entra a Estados Unidos y ve a un agente en uniforme azul, llegó por el camino correcto. Si ve a uno de uniforme verde, llegó por el incorrecto. Gloria Chávez tiene el segundo. Es la jefa de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande (Texas), la mujer que ocupa el más alto cargo en esa institución y que suena para llegar a dirigirla en el nivel federal algún día.
Las detenciones de personas que han cruzado irregularmente hacia Estados Unidos por esta jurisdicción ya superan las 100.000 en lo corrido del año fiscal (que se cuenta entre octubre del año pasado y septiembre de este), apenas el 5 % de todas las que ha habido en este periodo en toda la frontera con México. “Muchas organizaciones criminales o carteles utilizan la frontera y deciden a dónde enviar el flujo migratorio. Este año estamos experimentando un alto flujo migratorio en el estado de Arizona y California. Aquí en Texas se ha normalizado un poco”, explica.
“Motivamos a la gente a que, si va a cruzar, que lo haga por la garita, especialmente si tiene un caso de asilo que presentar”, dijo Chávez a comienzos de mayo, cuando la administración de Joe Biden todavía no anunciaba la polémica medida de restringir las garantías de solicitar asilo cuando los cruces irregulares superen los 2.500 casos al día (la cifra reciente, según datos citados por The New York Times, sobrepasaba los 3.500).
Tras el fin del Título 42, la medida puesta en marcha por el gobierno de Donald Trump para expulsar de forma exprés a los migrantes bajo argumentos sanitarios, las solicitudes de asilo se dispararon. Muchas personas y grupos familiares que llegan a Estados Unidos, huyendo de sus países por distintas razones, buscan entregarse a las autoridades para poder iniciar uno de esos procesos de protección, que puede tardar años en resolverse, tiempo durante el cual pueden permanecer en el país.
Sin embargo, bajo el Título 8 (el que volvió a regir) los intentos repetidos de cruce irregular se castigan de forma más severa en comparación con el Título 42.
📌 Lea aquí la primera entrega de este especial: Nombrar y reunificar: el compromiso de los forenses con los migrantes fallecidos
📌 Lea aquí la segunda entrega de este especial: Cruzar la frontera a Estados Unidos: hay que hablar de los “coyotes”
📌 Lea aquí la tercera entrega de este especial: La lucha para que migrar a Estados Unidos no cueste la vida
El gobierno sostiene que la reciente orden ejecutiva que restringe el acceso al asilo se ha impartido porque, pese a que en general los cruces han venido disminuyendo levemente en los últimos dos meses, la capacidad del país continúa desbordada, mientras el Congreso sigue sin ponerse de acuerdo para legislar sobre este asunto, que se sigue rigiendo por leyes obsoletas.
Carlos Rodríguez viste uniforme azul. Es el director del puerto de entrada de Hidalgo, en Texas, cuyo puente homónimo, vehicular y peatonal, funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Solo en este puerto (de ocho que hay en toda la frontera), este año, han procesado un promedio de 200 casos diarios de personas que vienen buscando asilo.
“Cuando llegan a un puente internacional solamente es para empezar el proceso. Luego, un juez de migración es el que da el permiso de asilo”, aclara Rodríguez. Es decir, en el puerto se comprueba la identidad de las personas, se hace un cuestionario y se abre un expediente, tras lo cual la persona o el grupo pueden seguir su viaje dentro de Estados Unidos, pues por lo general se dirigen a otra ciudad u otro estado. En ese destino final los debería estar esperando el patrocinador, es decir, la persona que asumirá los gastos del solicitante de asilo mientras avanza el proceso ante el juez.
Según el oficial, todas las personas que lleguen buscando protección son admitidas, tengan o no tengan cita. Sin embargo, el gobierno y las fuerzas del orden promueven el uso de la aplicación móvil CBP One, desde la que se puede programar una cita con las autoridades para presentar el caso, ya sea individual o de una familia entera. Una vez las personas son admitidas en el puerto el día de su cita, tienen dos años de plazo para que su caso se resuelva.
“En dos años, si acaso la cita no les ha llegado, la obligación es del migrante de ir a las oficinas de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) para que le den una extensión”, añade. Sin embargo, “cuando llegan sin permiso de CBP One, porque también por ley a la persona que llega sin el CBP One la podemos tomar, el permiso es por un año”.
“Esperen, que les va a salir. La gente se desespera, pero lo más recomendable es que esperen y que no hagan esa atravesía caminando, ni en cualquier vehículo, porque las personas por lo más rápido creen que un vehículo los va a ayudar, pero es peor”. Eso respondió un ciudadano venezolano, oriundo de Cabimas, que ese viernes estaba en la fila esperando ser atendido, a la pregunta de Rodríguez sobre cuál sería su mensaje para las personas que estén usando CBP One. Las preguntas las hizo el director, pues los periodistas no teníamos permitido interactuar con los solicitantes de asilo que ese día habían llegado con cita. Los oficiales, lista en mano, ya los estaban esperando. En ella había un colombiano, pero no se presentó.
Lo que señala el ciudadano venezolano no es fortuito, pues la disponibilidad de citas y los tiempos de espera son precisamente uno de los cuellos de botella que ha tenido la implementación de CBP One.
“Conocí a una persona que estaba en un albergue en Sonoyta (México) que ya llevaba ocho meses pidiendo su cita”, cuenta Belén Ramírez, coordinadora de proyecto de Médicos Sin Fronteras en Arizona, que recientemente visitó la zona para hacer un diagnóstico humanitario. La misma persona le explicó que no podía regresar a su hogar por razones de seguridad, pero que, en México, un país extraño en el que tienen que permanecer durante meses, los migrantes también se exponen a muchos riesgos, como la extorsión y el secuestro.
Los que finalmente deciden cruzar de forma irregular y entregarse a las autoridades terminan detenidos. Cada caso puede ser distinto, pero si finalmente se abre un expediente de asilo, los solicitantes pueden ser enviados a albergues, esta vez del lado estadounidense, como Casa Alitas, en Tucson (Arizona), el sector por donde más se han incrementado las detenciones de migrantes irregulares este año, a diferencia de Texas.
Iris Hyde, coordinadora de sede de Casa Alitas, nos explicó que este tipo de lugares están diseñados para hacer una valoración de salud, dar un techo temporal, comida, acceso a un baño y, básicamente, orientación. Explica que prácticamente todas las personas que llegan ya tienen un plan, una ciudad a la que se dirigen, por lo que los ayudan a comprar los tiquetes de bus o de avión. Nadie pasa aquí más de dos o tres noches, salvo que, por ejemplo, el patrocinador que se supone que los iba a recibir deje de contestar.
“Es muy común ahora que el apoyador, ya estando aquí, les dice ‘No te puedo recibir, no tengo espacio en mi casa’, entonces estas familias se quedan en la calle”, explica Dora Rodríguez, directora de Salvavisión, una organización humanitaria en Arizona. En esos casos, Salvavisión los ayuda temporalmente con un techo, lo que resuelve apenas el primero de muchos problemas que se pueden presentar.
Menciona, por ejemplo, que los solicitantes de asilo no pueden trabajar legalmente de inmediato en el país. Deben solicitar un permiso de trabajo que puede tardar meses en expedirse. Pero, además, tiene un costo de alrededor de US$500. “Desde este momento ellos ya están aportando a este gobierno; son miles de personas pagando esos dólares (…), pero antes de llegar a ese permiso no pueden trabajar: ¿cómo consiguen entonces los US$520? Es una contrariedad, es algo muy difícil”. Sin olvidar que, durante el proceso ante la corte, se necesitará de un abogado, y quienes trabajan probono suelen estar colapsados.
Rodríguez explica que muchos solicitantes de asilo terminan trabajando “‘bajo la mesa’, en trabajos en los que los explotan”.
Pero, además, en su experiencia, apenas un 10 % de las solicitudes de asilo, al cabo de los años, prosperan, pues el caso ante el juez tiene que ser sólido, con pruebas de que la vida de la persona corre riesgo en su país de origen. Así, la mayoría son negados y las personas deben abandonar el país.
En el primer trimestre de 2024, más de 153.000 solicitudes de asilo fueron radicadas en Estados Unidos, según las cifras de la Executive Office for Immigration Review (EOIR). La inmensa mayoría (149.000) son de carácter “defensivo”, es decir, aquellas que se inician en medio de un proceso de deportación. Sin embargo, en el mismo periodo, apenas se emitieron 8.000 decisiones a favor del asilo (en procesos que probablemente venían de años atrás). Con corte al mismo primer trimestre, la cifra total de solicitudes pendientes supera el millón.
Sobre la nueva orden administrativa, que ha sido criticada por quienes señalan que las medidas restrictivas como esta no detienen la migración, sino que solo obligan a las personas a tomar caminos más peligrosos, el panorama parece todavía confuso. The New York Times reportó a finales de la semana pasada que personas que habían llegado con cita de CBP One pudieron entrar; personas que no tenían cita no lo lograron.
“Algunas personas seguían entrando en Estados Unidos el miércoles por la mañana, lo que refleja las limitadas excepciones a las nuevas restricciones, incluidos los menores que cruzan la frontera solos, las víctimas de la trata de personas y quienes utilizan la aplicación CBP One”, informaron Rocío Gallegos, Simon Romero y Emiliano Rodríguez Mega.
Entretanto, trabajadores humanitarios le dijeron al mismo medio no haber visto grandes diferencias en la dinámica fronteriza, salvo por la relativa disminución de la afluencia de migrantes. Otros señalan que es demasiado pronto para hablar de un efecto.
Oficiales estadounidenses citados por ABC News señalaron que la orden del gobierno solo afecta a las aprehensiones “no programadas”.
Movilidad Segura desde Colombia
El año pasado, tras un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, se pusieron en marcha las Oficinas de Movilidad Segura, desde las que ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, que hayan llegado a Colombia y permanecido con un estatus regular antes del 11 de junio del año pasado (por ejemplo, con el Permiso por Protección Temporal para ciudadanos venezolanos), pueden empezar un proceso de migración o refugio hacia Estados Unidos. La misma estrategia ha sido puesta en marcha en Ecuador, Costa Rica y Guatemala.
El proceso se inicia en la página web Movilidadsegura.org. “Ahí pueden identificarse como alguien que necesita protección, llenar el formulario, ya sea para protección u otras vías legales”, explicó Molly Amador, coordinadora de Programas de Asistencia Humanitaria Financiados por Estados Unidos en Colombia. Según la funcionaria, con quien hablamos a finales de mayo, la página web está habilitada para la asignación de citas.
En el país, hay tres oficinas para atender estos procesos, ubicadas en Bogotá, Medellín y Cali, gestionadas por Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Su ubicación no se revela para evitar aglomeraciones de personas interesadas. Todo debe tramitarse por la página, dice Amador.
“En Colombia, aproximadamente 123.000 personas han solicitado acogerse a la iniciativa Movilidad Segura. Más de 17.300 personas han sido remitidas al Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos (USRAP en inglés) para su posible reasentamiento en Estados Unidos, y casi 6.200 han sido examinadas en relación con otras vías legales de acceso a Estados Unidos”, informó la Embajada de Estados Unidos a este diario.
Según Amador, la meta con los socios de Acnur y OIM es procesar 3.000 solicitudes por mes, con el objetivo de que a final de año unas 15.000 personas hayan sido reasentadas. Asimismo, el programa está garantizado hasta finales de 2024. La vocera afirmó que se iniciarán las conversaciones con el gobierno colombiano para poder extenderlo hasta 2025.
* Este especial fue el resultado de un viaje de una semana a la frontera entre Estados Unidos y México, posible por invitación de InquireFirst, una organización periodística sin fines de lucro en San Diego, California.
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