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El golpe del martillo sobre el estrado del tribunal está próximo a escucharse. Tras nueve años de investigaciones, denuncias y condenas al Estado mexicano por haber cometido terrorismo en contra de sus ciudadanos, el caso Ayotzinapa tendrá un nuevo capítulo en su historia de abusos y torturas de parte del Estado.
En 2014, más de 40 personas, la mayoría de ellas menores de 30 años, desaparecieron en el estado de Guerrero, en el sur de México. Lo que pareció en un primer instante un acta más de las bandas de narcotráfico, tan abundantes en esas regiones, terminó convirtiéndose en todo un ecosistema que involucra a miembros de la Fuerza Pública, funcionarios estatales y el silencio de quienes teóricamente debían denunciar los abusos.
Cuando 43 estudiantes abordaron buses para viajar de un estado a otro, la Policía Municipal disparó contra el bus y detuvieron a todos los viajeros de esos vehículos que, horas después, terminó en uno de los escándalos criminales más importantes de la historia reciente de México.
Tras detener a los estudiantes, miembros de la Policía agredieron y torturaron a los jóvenes que, de acuerdo con denuncias sin fundamentos, transportaban drogas dentro de los autobuses. La agresión de parte de la Policía se convirtió en un conjunto de abusos de poder de parte de varias entidades estatales, entre ellas la Marina de México y la Fiscalía, que tal como demostró Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), entidad que llevó a cabo la investigación,
Por estos hechos, que terminaron con la desaparición e indicios que los jóvenes fueron incinerados en un basurero, la justicia mexicana está adelantando su última jugada contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República que fue acusado de tortura, desaparición forzada por haber orquestado todo el escenario de violaciones esa noche de septiembre de 2014.
La Fiscalía General de México busca que Murillo Karam sea hallado culpable por haber engañado adrede a la justicia mexicana cuando se intentó conocer el paradero de los estudiantes. Murillo, que ocupaba uno de los cargos de poder más importantes del país, es señalado de haber brindado testimonios falsos para desviar las pesquisas y negar recursos a las autoridades competentes para que así no se conociera realmente qué sucedió la noche de la desaparición de los jóvenes.
Por esta razón la Fiscalía quiere que Murillo reciba una segunda condena, pues en 2022 fue hallado culpable y sentenciado a más de 15 años de cárcel. Según explica el diario El País, “los fiscales piden 60 años por desaparición forzada, 12 años por tortura y 10 por delitos contra la administración de justicia”.
Vale la pena mencionar que en caso de que Murillo reciba una segunda condena, pasaría el resto de su vida en prisión, pues el antiguo funcionario tiene actualmente 75 años.
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Complicidad del Estado
Pero la Procuraduría no fue la única institución relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes. Por ejemplo, el GIEI denunció que las fuerzas armadas de México ocultan deliberadamente información sobre la desaparición.
“Hemos visto documentos, tenido acceso a documentos, de una decisión interna de no proporcionar más información, de dar una respuesta de que no hay información”, dijo en rueda de prensa Carlos Beristain, integrante del
“Eso para nosotros no es aceptable”, añadió el especialista del grupo, que ya había denunciado en septiembre pasado la negativa del Ejército a brindar información sobre el crimen, ocurrido en el sureño estado de Guerrero, y que involucra a oficiales y soldados.
Beristain detalló que un documento del Estado Mayor de la secretaría de Defensa mexicana, al que accedieron los investigadores, revela que la instrucción es “dar una respuesta acordada entre diferentes sectores de la institución”.
“Estamos pidiendo (…) una respuesta de cuál es la verdad sobre las cosas, no cuál es una ‘respuesta acordada’ sobre lo que se va a decir”, afirmó.
Agregó que cuentan con testigos de que documentos de inteligencia fueron trasladados a otros lugares con el fin de ocultarlos, una situación que han informado al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario “ha solicitado de manera directa [que] se informe a este respecto”, señaló, por su parte, la abogada colombiana Ángela Buitrago.
El GIEI fue creado por un acuerdo entre México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Capturas pendientes
Buitrago adelantó que las fuerzas armadas ya respondieron a la solicitud de López Obrador, quien recibirá a los comisionados la próxima semana para evaluar dicha posición.
También informó que el GIEI ha “reconducido” elementos para que la fiscalía mexicana pueda “reactivar” órdenes de captura contra una veintena de militares implicados en el crimen, las cuales fueron canceladas en septiembre pasado.
La abogada advirtió, no obstante, que del pedido de detención original, lanzado en agosto contra 83 sospechosos -incluyendo funcionarios y jueces-, varios siguen pendientes, en particular los de servidores públicos en funciones.
Autoridades mexicanas anunciaron la semana pasada el arresto de nueve policías de Guerrero sospechosos de participar en la desaparición, mientras Estados Unidos deportó en enero a un expolicía igualmente involucrado.
Tomás Zerón, un exjefe policial buscado también por la desaparición, se halla oculto en Israel, por lo que la persona de más alto perfil aprehendida hasta ahora es el exfiscal Jesús Murillo Karam, responsable de la narrativa original que excluyó la responsabilidad de militares.
Los jóvenes fueron detenidos por policías coludidos con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival, según la versión oficial de la época.
Pero una comisión del actual gobierno que investigó el caso sostiene que los delincuentes -en complicidad con policías y militares- buscaban recuperar droga escondida en un autobús tomado por los alumnos, sin que éstos supieran de su existencia.
Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas.
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Por Tomás Tarazona Ramírez
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