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Con un 61 % de intención de voto en las encuestas, el sociólogo Bernardo Arévalo de León se perfila como el casi seguro ganador de la segunda vuelta electoral de este domingo y futuro presidente de Guatemala a partir del 14 de enero de 2024.
Hijo de Juan José Arévalo, presidente de Guatemala entre 1945 y 1951, durante la década denominada como “la primavera democrática” en un país que vivió casi todo el siglo XXI liderado por cruentas dictaduras militares, Arévalo de León nació durante el exilio de sus padres en Uruguay en 1958. Desde el año 2020 es diputado por el Movimiento Semilla (agrupación política que surgió en 2015 con el furor de la movilización popular que obligó a la renuncia y posterior encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina), y el 25 de junio pasado obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta presidencial, en una contienda en la que ganó el voto nulo con 17,4 %, seguido por la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la ex primera dama Sandra Torres.
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La llegada de Arévalo al balotaje renovó el entusiasmo de los guatemaltecos frente al proceso electoral, empañado por la anulación de catorce candidaturas, incluida la de la líder indígena Thelma Cabrera y su fórmula vicepresidencial, el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, hoy en el exilio.
Bernardo Arévalo y su candidata a la vicepresidencia, la bióloga Karin Herrera, aparecían muy por debajo en las encuestas, pero la tendencia se ha revertido y este miércoles la dupla llenó la Plaza de la Constitución durante el acto de cierre de campaña del Movimiento Semilla. Guatemala parece ensayar la rebeldía silenciosa del pueblo que describe José Saramago en Ensayo sobre la lucidez, tras asistir durante los últimos tres años a un grave retroceso democrático durante el gobierno del conservador Alejandro Giammattei: más de 20 estados de excepción durante la pandemia, judicialización de periodistas, líderes de la oposición, fiscales y jueces, e incluso del actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).
Desde el paso de Semilla a segunda vuelta, el Ministerio Público guatemalteco (Fiscalía) ha revivido un proceso por una denuncia que los fundadores del partido presentaron por las irregularidades verificadas en cinco mil firmas durante su inscripción como partido político. Ahora, el MP, con Rafael Curruchiche, jefe de
la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), le ha quitado el caso a la Fiscalía de Delitos Electorales, y este jueves anunció que en los próximos días emitirá órdenes de captura contra los líderes del movimiento, del cual Arévalo es la cabeza visible.
Consciente del desafío que implica la posibilidad de gobernar un país en el que la derecha obtuvo la mayoría de las alcaldías y en el Congreso de los Diputados, y con una fiscal general y varios de sus funcionarios incluidos en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos (lista Engels), a quienes Estados Unidos les ha retirado la visa, Bernardo Arévalo de León habló con El Espectador sobre el que sería su gobierno en caso de resultar elegido este domingo.
¿Cómo ve usted el proceso electoral de cara a este domingo, hoy que aparecen punteando en todas las encuestas, pese a que para la primera vuelta aparecían muy por debajo de los candidatos más opcionados?
Lo dijimos en la primera vuelta cuando vimos las primeras encuestas: nosotros no venimos a ganar encuestas, venimos a ganar las elecciones, y con esa lógica seguimos.
Esta recta final ha estado tristemente marcada por dos fenómenos que realmente enturbian los procesos electorales democráticos. Por un lado, la persecución política desatada desde el gobierno utilizando al fiscal Curruchiche y al juez Orellana con una serie de acciones totalmente ilegales y que intentan descarriar o declarar nulo el proceso electoral. Esto genera una situación en la que además de la tarea de convencer a la gente de que nuestro programa es el mejor, tenemos que estar cuidándonos las espaldas porque hay 50 dagas en el camino que están siendo utilizadas sin ningún tipo de reparo y que son producto de la desesperación de un sistema que siente que está a punto de perder el control que había logrado construir en 25-30 años y que está a punto de írseles de las manos.
Por el otro, una campaña oscura hecha a partir de desinformación y mentiras en la cual la tarea ha sido introducir cualquier tipo de patrañas con el objetivo de asustar a la población. Están intentando hacer un voto del miedo, que porque comemos niños o porque les vamos a quitar las casas. Una campaña que sorprende por el nivel de inversión: esta semana amaneció la ciudad tapizada de pendones con propaganda absolutamente falsa que llevaban el logo del Movimiento Semilla.
Hemos tenido una campaña muy difícil por esos dos factores, pero lo positivo es que hemos encontrado gente que de repente empieza a recuperar el sentido de esperanza, que siente que puede votar con la conciencia tranquila.
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En los últimos años, Guatemala ha sido incluida en el capítulo cuarto de los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy hay decenas de presos políticos, fiscales, jueces y periodistas perseguidos y exiliados, esta semana asesinaron a dos periodistas en Retalhuleu. ¿Cómo piensa usted materializar esa esperanza que ha resurgido con su candidatura en lo que respecta a cambios en materia de derechos humanos?
En Guatemala tenemos un Estado que ha asumido la política activa de violar los derechos humanos con tal de mantener y promover sus propios intereses. Un Estado que ha decidido criminalizar a quienes representan un obstáculo para este sistema de corrupción que existe. Por eso tenemos jueces, abogados, fiscales y periodistas en exilio; por eso tenemos a José Rubén Zamora en la cárcel; a la fiscal Virginia Laparra en la cárcel, con sentencias que tienen un doble propósito: castigarlos y, además, hacer de ellos un ejemplo para que los demás sepan a qué se atienen si siguen insistiendo en querer contar las verdades o en no prestarse a los juegos de ese sistema.
Entonces lo primero es comprometernos con llegar a ser un Estado que se compromete a no violar los derechos humanos para promover sus intereses. Nosotros creemos profundamente en la dignidad humana, y no utilizaremos las instituciones ni pediremos a la inteligencia civil que le ponga micrófonos al partido enemigo, ni a la policía a hacerle seguimiento a un par de periodistas porque están muy bocones, etc. Ese es nuestro compromiso: cesar las prácticas de persecución y criminalización.
En segundo lugar, nos comprometeremos en la protección de las garantías constitucionales y vamos a promover una política para garantizar que los defensores de la naturaleza, los periodistas, las personas defensoras, puedan hacer su labor sin represalias de ningún tipo.
¿Cómo va a lograr ese propósito, si el periodo de Consuelo Porras, la jefa del Ministerio Público, llega hasta 2026, y con una Corte de Constitucionalidad que ha avalado sus acciones en diferentes oportunidades?
Nosotros no ejerceremos presión sobre el Ministerio Público para que actúe en persecución de los grupos sociales y políticos. Eso tiene que cambiar, esas serán nuestras instrucciones. No iremos más allá de las competencias legales que tenemos establecidas, yo he dicho públicamente que lo primero que haremos es pedirle la renuncia a la fiscal general, y si no lo hace entonces veremos cuáles son las posibilidades y actuaremos dentro del marco de la ley para llegar, en todo caso, al momento en que nos toque cambiar a la fiscal, y en su lugar buscaremos un fiscal general que esté comprometido con los objetivos de respeto al Estado de Derecho.
Dejaremos de hacer presión sobre el aparato judicial. El problema es que ha habido un sistema de corrupción que, mediante la colonización de los partidos políticos, el Congreso y del Ejecutivo han facilitado la cooptación del sistema de justicia.
Hablemos de las reformas institucionales, incluida la judicial, que usted se ha propuesto. ¿Cómo avanzar en las reformas si Semilla no se ha aliado a ningún partido, hoy son minoría en el Congreso y la oposición ha ganado casi todas las alcaldías?
Efectivamente nosotros somos un partido minoritario. La mayoría del Congreso está conformada por esos partidos que siempre lograron meterse en el sistema de corrupción de Guatemala, en el flujo de recursos que principalmente se mueve a través de obras civiles. Ese chorro lo tenemos nosotros y ese chorro lo vamos a cerrar. Cuando se cierre ese chorro, los incentivos con los que ha funcionado el sistema de corrupción van a empezar a cambiar porque no van a tener el aceite que lubrica los engranajes de la corrupción. Nosotros no vamos a pagar por leyes, no vamos a comprar leyes, y esperamos que eso haga que el Congreso se mueva de forma diferente, aunque por supuesto siempre habrá gente en el “núcleo negro”, que no nos seguirá.
Pero también tenemos un plan B, y es que tendremos recursos con los cuales podremos trabajar en el marco de las políticas públicas ya existentes. Trabajaremos con todos los alcaldes, sin importar si hoy están negociando con Sandra Torres. De no lograrse la aprobación de las reformas habrá limitaciones, sí, pero también bastantes posibilidades de ejecución. Nosotros podemos traer a la cooperación internacional, podemos ayudar a movilizar recursos, y los alcaldes entenderán que las obras beneficiarán a la población y querrán entrar en la gestión de nuestro programa de gobierno.
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¿Cómo ve su gobernabilidad a futuro?
Estamos viendo la necesidad de ampliar la fórmula de gobernabilidad hacia la participación de los sectores ciudadanos que en los últimos meses claramente se han posicionado alrededor nuestro. Ahora parte de la tarea va a ser componer, arreglar, convocar a estos sectores de la sociedad a generar un acuerdo sobre bases fundamentales que nos permitan empezar a sacar adelante el país. Abriremos nuestras propuestas legislativas a discusión y cuando tengamos un consenso con la sociedad, las llevaremos al Congreso. Eso cambia la forma en que se ha manejado el país. Es un riesgo que queremos correr.
Coordinaremos acciones con los pueblos indígenas, haremos cumplir el Convenio 169; forjaremos políticas de participación de los migrantes guatemaltecos con la idea de una ciudadanía sin fronteras, pues hoy el 20 % de la población vive fuera de Guatemala y crearemos un distrito 25 para que los guatemaltecos en el exterior tengan derecho a escoger sus representantes en el Congreso de la República.
Guatemala ha perdido gran parte de sus aliados en el escenario internacional. ¿Cómo se plantea revertir esa realidad?
Lo primero es dejar de ser un Estado granuja, un Estado que sencillamente es una tapadera para un sistema de corrupción que se aprovecha de la
institucionalidad. En materia de relaciones internacionales, vamos a recuperar el sentido de una política exterior que sirva a los objetivos de desarrollo, de crecimiento, bienestar y democracia que nos hemos trazado.
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