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Si el presidente Joe Biden sigue adelante con un plan para impedir que las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos soliciten asilo, es probable que se enfrente a un rápido desafío legal, de la misma manera en que una iniciativa de su predecesor en 2018 fue bloqueada por los tribunales.
Desde el punto de vista político, este revés podría no importar.
Para Biden, la simple emisión de una acción ejecutiva justo antes de su discurso sobre el estado de la Unión el 7 de marzo podría reforzar su campaña de reelección al demostrar que está tratando unilateralmente de asegurar la frontera pese a la oposición republicana.
Los asesores del presidente aprovecharon la decisión de los legisladores republicanos el mes pasado de acabar con una medida fronteriza bipartidista, en un momento en que las encuestas muestran que a los estadounidenses les preocupa bastante el número de personas que cruzan desde México huyendo de las pandillas, la tortura y las dificultades económicas en América Central y del Sur.
“Amigos, no hacer nada, no es opción”, dijo Biden a los gobernadores de la nación el viernes durante una reunión en la Casa Blanca, en la que les sugirió presionar a los legisladores para revivir el proyecto de ley fronterizo en los días subsecuentes.
Pero si no lo hacen, Biden apuesta por atraer a los votantes preocupados por la inmigración, invocando su autoridad ejecutiva para demostrar que está dispuesto, en sus propias palabras, a “cerrar la frontera” en medio de un aumento de la inmigración.
El plan que se está considerando reflejaría el proyecto de ley bipartidista que los republicanos del Congreso frustraron. Pero incluso la Casa Blanca reconoce que la acción ejecutiva —incluso si sobreviviera a los desafíos jurídicos— no podría proporcionar el tipo de dinero y recursos para controlar la frontera que Biden quería que aprobara el Congreso.
A pesar de ello, la estrategia representa un revés drástico en la política estadounidense. El expresidente Donald Trump y los republicanos pasaron la última década avivando las llamas del miedo y la inseguridad sobre la frontera, mientras los demócratas se posicionaban como los defensores de las personas perseguidas que merecían una oportunidad para alcanzar el sueño americano.
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En los últimos años, esa dinámica cambió, pues Biden tuvo problemas para contener a la cantidad histórica de personas que trataba de entrar a Estados Unidos provenientes de Venezuela, Haití, Honduras y países de África y Asia.
A medida que muchos de esos inmigrantes llegaban a ciudades lideradas por los demócratas como Nueva York, Denver y Chicago —muchos enviados por el gobernador republicano en Texas— los demócratas comenzaron a exigir controles más estrictos en la frontera. Muchos demócratas en el Congreso, incluso algunos que durante mucho tiempo defendieron la inmigración, apoyan ahora esas peticiones.
La Casa Blanca criticó a los republicanos por frenar las mismas restricciones que llevan años exigiendo. Los asesores de Biden han calificado la medida de política cobarde y de regalo para Trump, cuyo ataque durante años al sistema de asilo ha sido una pieza central de su identidad política y de su presidencia.
Tras el fracaso del proyecto bipartidista de ley migratoria, que habría permitido imponer severas restricciones en la frontera y aportado miles de millones de dólares para agentes y trámites de asilo, el equipo de Biden ha estado debatiendo si puede utilizar la autoridad ejecutiva para lograr algo similar.
Incluso si tal estrategia resulta atractiva para muchos en su partido, el presidente todavía tiene que lidiar con los demócratas progresistas y un grupo de activistas de inmigración que están furiosos de que esté dispuesto a adoptar algunos de los mismos tipos de políticas restrictivas que Trump y sus aliados impulsaron durante cuatro años cuando era presidente.
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Argumentan que la voluntad de Biden de acabar con el asilo cuando tantas personas están tratando de llegar a Estados Unidos es una violación fundamental del compromiso de hace décadas del país de ser un refugio para aquellos que buscan seguridad y una vida mejor.
La acción ejecutiva en consideración podría debilitar los intentos de la campaña de Biden de atraer a una parte de su base liberal, además de que ignora los esfuerzos para aumentar la inmigración legal, que ha sido una meta de los políticos demócratas.
Hasta ahora, Biden parece dispuesto a desafiar esas preocupaciones en aras de tomar medidas contundentes en la frontera.
Al mismo tiempo, no queda claro que la acción ejecutiva que está considerando convenza a los votantes de que su postura en la frontera será más inflexible que la de Trump.
Los asesores de Trump no creen que Biden pueda superar en ese rubro al expresidente, quien ayudó a hundir la medida bipartidista el mes pasado al decir que no era suficientemente estricta. Argumentan que los votantes que creen en rechazar a los inmigrantes votarán por Trump, no por lo que los asesores consideran una versión deslavada de las políticas de Trump.
De hecho, los aliados del expresidente en el Capitolio han iniciado una campaña política destinada a utilizar la situación fronteriza en su beneficio político.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuya oposición al proyecto de ley bipartidista en materia migratoria ayudó a acabar con él, acusó a Biden esta semana de no tomarse en serio la resolución de un problema del que, según los republicanos, él fue responsable.
“Los estadounidenses perdieron la fe en este presidente y no se dejarán engañar por trucos electorales que en realidad no aseguran la frontera”, declaró Johnson en un comunicado. “Tampoco olvidarán que el presidente creó esta catástrofe y, hasta ahora, se ha negado a usar su poder ejecutivo para arreglarla”.
Esta semana, los funcionarios de la Casa Blanca declararon que todavía no se tomaba ninguna decisión sobre si el presidente emitiría la acción ejecutiva. Pero si el anuncio se produce pronto, sería una señal de que Biden y su equipo reconocen lo central que es el tema de la migración para la campaña.
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